Japón aprueba una ley para indemnizar a los afectados por la crisis nuclear

La iniciativa establece la creación de una entidad que canalizará y abonará los fondos para los individuos y empresas que hayan sufrido producto del desastre de la planta de Fukushima.




El parlamento japonés aprobó este miércoles una ley para la creación de una entidad que canalizará y abonará los fondos de compensación a los individuos y empresas afectadas por la crisis nuclear en la planta de Fukushima, informó la agencia local Kyodo.

Se espera que dicha entidad quede constituida y empiece a realizar los pagos a los afectados, como pronto, para finales de agosto.

Este sistema de indemnización ha sido concebido por el gobierno para aliviar la carga de Tokyo Electric Power (Tepco), propietaria y operadora de la maltrecha central de Fukushima Daiichi, con respecto a las enormes sumas de compensación y evitar que quiebre.

La eléctrica ya ha abonado compensaciones provisionales de hasta 1 millón de yenes (cerca de 6 millones de pesos chilenos) a 50 mil familias
que residían en un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta, y prevé pagar nuevas indemnizaciones por un valor superior a los 48 mil millones de yenes (más de 285 mil millones de pesos chilenos).

La recién aprobada ley estipula que Tepco y el resto de las eléctricas regionales que operan centrales atómicas en Japón deberán abonar unas cuotas a la mencionada entidad encargada de encauzar y desembolsar las indemnizaciones.

Aún no se conocen los porcentajes que cada eléctrica deberá aportar, aunque se prevé que éstas suban los recibos de la luz en las respectivas regiones en las que operan para hacer frente a los pagos.

La ley fue aprobada en la cámara con el apoyo del gobernante Partido Democrático y también del principal partido en la oposición, el Partido Liberal Demócrata, junto a su aliado natural, Nuevo Komeito.

El desastre del 11 de marzo desencadenó en Fukushima una crisis nuclear que ha supuesto la evacuación de decenas de miles de personas y cuyas emisiones han afectado a los cultivos y al ganado, hasta el punto de llevar al Gobierno a prohibir la distribución de carne de vacuno de tres provincias niponas.

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