La caída de Aleuy: La crisis del último bacheletista de La Moneda

El martes 3, un poco antes de las 17.30 horas, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, recibió una de las últimas instrucciones directas de la Presidenta Michelle Bachelet: "Hablemos, pero no me traigas tu renuncia en las manos", le pidió.

La Mandataria confiaba en que durante la conversación que sostendría con uno de sus colaboradores más cercanos y de confianza podría convencerlo de frenar su salida del gabinete. Pero el desenlace era incierto. Bachelet estaba alertada por sus ministros y dirigentes socialistas -como el diputado Osvaldo Andrade- de que la molestia de Aleuy estaba lejos de ser pataleta y que el enojo del subsecretario y de su equipo en Interior esta vez iba en serio. La advertencia de estos consejeros, entonces, iba acompañada de una sugerencia: no dejar espacio a una renuncia.

Aleuy subió al despacho presidencial, en el segundo piso de La Moneda, por una escalera lateral, para evitar a la prensa. Iba sin chaqueta, con camisa blanca y pantalones oscuros. También llevaba las manos vacías. El acuerdo tácito entre ambos era que sólo después de esa conversación, si mantenía en pie su idea de abandonar el gobierno, podría presentar su dimisión. En el entorno de Aleuy afirman que -a esa altura- era claro que el aún subsecretario no se iría solo, ya que algunos jefes de división y asesores de Interior lo seguirían.

Lo que hablaron en los 30 minutos que estuvieron a solas Bachelet y Aleuy apenas se sabe y probablemente se mantendrá en secreto por muchos años. Ambos se conocen desde hace más de 25 años y su complicidad política es enorme, fraguada en años de militancia conjunta en la Nueva Izquierda, la facción del Partido Socialista que también integran Camilo Escalona, Ana Lya Uriarte, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez y, hasta hace poco, el ex timonel socialista Osvaldo Andrade.

De esos años, que incluyeron actividades conjuntas en la clandestinidad, le quedó a Bachelet la costumbre de llamarlo "Pancho", apodo que remite a la chapa de Francisco García, el nombre falso que Aleuy ocupó durante la dictadura, cuando este descendiente de inmigrantes libaneses optó por quedarse en Chile para armar la resistencia a Augusto Pinochet.

Desde esa época, el entonces militante de la IC destacó como un miembro orgánico y gran organizador de estructuras partidarias, lo que sumado a su afición por los números lo convirtió años después en uno de los principales expertos electorales del PS.

La complicidad política entre la Mandataria y Aleuy no ha traspasado la amistad personal. El subsecretario y Bachelet no son amigos de esos que se visitan socialmente en sus casas, de celebrar cumpleaños juntos o de que el dirigente vaya a Cerro Castillo a acompañar a la Presidenta en sus descansos. Aleuy es un tipo reservado, pero sus cercanos dicen que es un gran anfitrión, de aquellos que agasajan con la comida a sus invitados, además de ser un buen conocedor de vinos y de conversación amena. Sus grandes amigos, sin embargo, están distantes o alejados de la política activa, y entre ellos se contaban el doctor Arturo Jirón, médico de Allende y muerto hace algunos años; el doctor Alberto Daiber y el empresario Enrique Alcalde.

La cercanía política -en todo caso- quedó resquebrajada esta semana, a raíz de las diferencias de criterio al interior del gobierno respecto de la decisión de recalificar la querella por Ley Antiterrorista en un caso de violencia en el conflicto mapuche a cambio de que cuatro comuneros depusieran una huelga de hambre que ya se extendía por más de 100 días.

Dudas en La Moneda

En La Moneda aseguran que hasta el viernes 30 de septiembre no había el menor atisbo de esta fisura.

Es más, añaden fuentes de Palacio, el miércoles 27, cuando el gobierno analizó la situación de los cuatro mapuches en huelga de hambre y que se encuentran bajo detención preventiva por su presunta responsabilidad en el incendio de una iglesia evangélica en la comuna de Padre de Las Casas, ocurrido en junio de 2016, si bien se manifestaron diferencias de criterios, estas estaban lejos de abrir un conflicto interno.

Según varias fuentes de La Moneda, ese día Aleuy manifestó que los comuneros estaban estables y que no veía riesgo inminente para su salud. De todas maneras, si alguno de ellos se agravaba, señaló el subsecretario, el gobierno debería presentar un recurso de protección en tribunales para alimentarlos por la fuerza, pero, por ningún motivo, se debería negociar.

"No hay ninguna posibilidad de retirar la querella, que en este caso cumple con todos los requisitos fácticos. Este es un caso del libro de delitos terroristas", había señalado ese mismo día el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, dejando entrever la tesis que defendía Aleuy.

En el equipo de gobierno no les llamó la atención la franqueza y el pragmatismo con que Aleuy y su entorno defendían la forma en que se estaba llevando hasta entonces el caso. Ambos atributos son propios del carácter del subsecretario, lo mismo que su forma de encarar los problemas y que sus amigos suelen describir como "operado de los nervios". También porque desde que recayó en él la responsabilidad de la seguridad pública había encarado el conflicto indígena desde una perspectiva policial y sin una mirada política global, algo de lo que se quejaría en su momento el ex intendente Francisco Huenchumilla, partidario de que el Estado estableciera un nuevo trato con el mundo indígena.

El fin de semana pasado Aleuy no respondió los llamados de La Moneda, algunos de ministros. La crisis ya estaba desatada.

Para Aleuy y su equipo en la Subsecretaría de Interior tampoco era el momento más adecuado para que el gobierno mostrara flexibilidad frente a la llamada violencia indígena. Días antes, el sábado 23, tras seis meses de trabajo de inteligencia policial, ocho dirigentes mapuches, entre ellos el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, fueron detenidos en el marco de la denominada Operación Huracán, dirigida a desactivar a los presuntos cabecillas de hechos de violencia en La Araucanía.

Pero en La Moneda no todos compartían el entusiasmo de Aleuy. Ese mismo miércoles el ministro del Interior, Mario Fernández, y Ana Lya Uriarte recibieron un informe médico del director del Hospital Base de Temuco, Óscar Morales, dando cuenta del delicado estado de salud de uno de los huelguistas, a quien se le había agravado un cuadro preexistente de sangramiento digestivo. Para entonces, los cuatro presos en huelga de hambre habían bajado más de 20 kilos y, según el informe, al menos la vida de dos de ellos corría riesgo.

Se trataba del primer reporte médico con que contaba el gobierno. Los cuatro mapuches se habían negado desde el inicio de la protesta a ser revisados por un doctor de Gendarmería, por lo que el Ministerio del Interior sólo disponía de la información que le entregaba esa institución derivada de las inspecciones visuales que realizaba. Recién la semana pasada, tras la intervención del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, los huelguistas accedieron a que miembros de la Comisión de DD.HH. del Colegio Médico controlaran su estado de salud.

El INDH, además, le hizo presente al gobierno que la idea de alimentar por la fuerza a los huelguistas, si bien era una medida extrema para salvar la vida de los comuneros en huelga de hambre, podía ser considerado un acto de tortura de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile.

Para el ministro Fernández, el informe que proporcionó el INDH era serio. El titular de Interior había sido hasta abril de 2014 consejero de ese organismo y conoce bien su forma de trabajar, por lo que no dudó en transmitírselo de inmediato a la Presidenta Bachelet.

A esto se sumaban las aprensiones del obispo de Temuco, Héctor Vargas; del sacerdote jesuita Felipe Berríos y de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam), que lidera el edil de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, cuyas gestiones buscaban que el gobierno accediera a conversar con los familiares de Alfredo Tralcal Coche y de los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol Galindo, y se llegara a un acuerdo que permitiera que los cuatro depusieran la huelga de hambre y evitar que cumplieran la amenaza de iniciar una huelga seca.

El edil cumplió un rol clave en las gestiones para llevar adelante la cita entre La Moneda y los comuneros. Lo que se desconocía es que el alcalde de Reinaco es asesorado por Flavio Candia, uno de los más estrechos colaboradores de Rodrigo Peñailillo, quien protagonizó una conflictiva relación con Aleuy durante la gestión de ambos en el Ministerio del Interior.

En Palacio admiten que todos estos antecedentes provocaron dudas en la Presidenta Bachelet, quien hasta ese momento había visado la estrategia policial que Aleuy había impuesto al conflicto indígena en La Araucanía. Para la Mandataria y su entorno más directo, la muerte de uno de los comuneros en huelga de hambre era un costo que no estaban dispuestos a asumir, menos a seis meses del cierre de su gobierno, cuando comienza a repuntar en las encuestas y todos los esfuerzos están puestos en el legado de su administración.

El miércoles 27 en la noche, Fernández pidió a los tribunales cambiar la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra los cuatro huelguistas de hambre. Además, anunció el envío al Congreso de dos proyectos, uno para regular y restringir la detención preventiva y el otro para agilizar cambios a la Ley Antiterrorista.

Fuentes de gobierno señalan que cuando se discutió en La Moneda este tema, ese día Aleuy dejó en claro algo: "llego sólo hasta acá". Apoyaría la solicitud de cambio de las medidas cautelares, pero nada más, en ningún caso respaldaría el retiro o recalificación de la querella por Ley Antiterrorista.

Tras el debate en La Moneda, Aleuy confirmó su viaje a Buenos Aires. Tenía previsto reunirse el viernes siguiente en la tarde con la ministra de Seguridad Pública de Argentina, Patricia Bullrich, con quien intercambiaría información sobre los vínculos entre grupos mapuches de ambos lados de la frontera y coordinarían medidas de seguridad. Según la inteligencia policial chilena, existirían antecedentes del envío de armas desde Argentina a Chile a través de pasos no habilitados. Para el gobierno de Mauricio Macri, en tanto, la cita entre los encargados de seguridad ayudaría a aliviar la presión mediática por la desaparición de Santiago Maldonado, un joven artesano cuyo rastro se perdió en el sur argentino tras ser detenido por funcionarios de la Gendarmería transandina al término de un acto en favor de grupos mapuches.

Viernes de furia

Aleuy viajó a Buenos Aires acompañado del jefe de la División Jurídica, Luis Correa, y de su asesor de prensa, Alex Farfán.

Por razones que aún no se explican bien en Palacio, las comunicaciones entre La Moneda y el subsecretario en Buenos Aires fueron extremadamente difíciles ese día. Aleuy mantuvo su celular apagado varias horas y su asesor de prensa no logró activar el roaming. Aún así, en La Moneda responsabilizan a la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, de no haber avisado a tiempo al subsecretario de que el gobierno recibiría a los familiares de los mapuches en huelga de hambre y a los dirigentes de la Amcam. Aleuy se enteró de ese encuentro cuando la reunión había comenzado.

A Uriarte le reprochan, además, no haber calibrado adecuadamente la molestia que generó la decisión de Bachelet de sacar el acápite de delito terrorista de la querella presentada por el gobierno. En La Moneda y en el PS no entienden qué pasó.

Ana Lya Uriarte es una de las personas más cercanas a Aleuy en Palacio, no sólo se conocen desde hace muchos años, sino que ambos "juegan de oído". Prácticamente no pasa un día sin que los dos hablen de diversos temas.

Pese a su cercanía con la Presidenta, Aleuy es de esos viejos militantes que han hecho de la lealtad y la disciplina dos virtudes cardinales. Si la Mandataria le pide su opinión, Aleuy se la da. Pero él no llama directamente a la jefa de Estado y mucho menos sube al despacho presidencial. Su interlocutora, por lo general, es Uriarte.

El alcalde de Reinaco, clave en que se recibiera a las familias de los huelguistas, es asesorado por Flavio Candia, estrecho colaborador de Peñailillo, quien protagonizó una conflictiva relación con Aleuy durante la gestión de ambos en el Ministerio del Interior.

En La Moneda afirman también que la preocupación de Bachelet por la salud de los huelguistas se había ido incrementando con las horas. En su círculo más íntimo resintieron que algunos dirigentes mapuches compararan la situación de los huelguistas con la muerte del militante del IRA Boby Sand, en 1981, en una cárcel británica, tras una extensa huelga de hambre, en la que la primera ministra Margaret Thatcher se negó a intervenir.

Fue esa preocupación, en parte, lo que llevó a la Mandataria a ir personalmente al despacho del ministro del Interior a hablar con los familiares de los huelguistas y los representantes mapuches cuando ya estaba avanzado el acuerdo para recalificar la querella, luego de que los tribunales rechazaran la estrategia inicial del gobierno de modificar las medidas cautelares de prisión preventiva. Algunos presentes en la cita con la Presidenta aseguran que Bachelet se emocionó al escuchar el relato de los parientes sobre el grave estado de salud de los huelguistas y lo que han vivido durante más de un año de prisión preventiva.

Fue en esa cita que la Jefa de Estado garantizó que se cumpliría el acuerdo de recalificar la querella y que ella asumiría los costos de la medida. En privado, a sus más cercanos, la Mandataria les dijo que "Aleuy va a entender".

Así había sido hasta entonces. Cada vez que alguien le decía al subsecretario que era la figura más poderosa o influyente del gabinete, Aleuy respondía con un lacónico "mi sueldo no da para tanto" o "la Presidenta es la que manda, ella obtuvo los votos", para dejar en claro que no era más que un leal funcionario.

Pero esta vez ni siquiera esa lealtad evitó el enojo de Aleuy desatado en Argentina cuando se dio cuenta de que le habían quitado el piso. "La Presidenta es la que manda, ella tomó una decisión, yo tomaré la mía", habría dicho Aleuy cuando le informaron el acuerdo para modificar la querella por Ley Antiterrorista.

A sus más cercanos, Aleuy les reconoció que se sintió desautorizado y que quedaba en un muy mal pie frente a las policías y fiscales. En los últimos meses, el subsecretario llamaba dos veces al día a las policías y los fiscales exigiendo resultados frente a los hechos de violencia en La Araucanía, y ahora, que sentía que había avances, el gobierno retrocedía.

Pasado el mediodía del viernes 29, Aleuy llamó a Santiago y pidió a su equipo que adelantaran los pasajes de regreso desde las 18.30 horas a las 15 horas. Eso implicaba suspender la reunión con la ministra Bullrich. En el gobierno reconocen que costó convencerlo de que no lo hiciera. Aun así, según la prensa transandina, la cita con la ministra de Seguridad Pública de Macri no tuvo la profundidad ni intensidad que se esperaba.

Tras su regreso a Santiago, la noche del viernes 30 Aleuy se recluyó. Cortó los teléfonos y evitó contacto con los demás miembros del gobierno, incluso con algunos amigos.

"Pancho estaba con la mecha corta", lo justifica uno de sus amigos, lo que habría amplificado su reacción. El subsecretario llevaba varios meses con problemas de salud, dos semanas antes debió ir un médico a su oficina en La Moneda a inyectarle antibióticos, pues estaba trabajando con casi 40 grados de fiebre y la gripe no cedía.

Además, una extraña enfermedad a la médula espinal le provoca dolores de espalda e insensibilidad en una de sus piernas, por lo que a veces cojea.

Hace tres años, tras un largo tour médico, decidió operarse. Era una cirugía con muchos riesgos, pero la alternativa era terminar tetrapléjico, por lo que prefirió correrlos. El reposo debía prolongarse por cuatro meses, pero él sólo se detuvo tres semanas. Aún no se recupera del todo. El estrés y la sobrecarga de trabajo, dicen sus cercanos, le repercute en la espalda, agravando sus dolencias.

Y no ha sido poca la sobrecarga de pega, aseguran en su entorno. Además de las tareas propias de su cartera, Aleuy suele recibir llamados de otros ministerios y autoridades de gobierno que recurren a él para la solución de problemas; también ha sido parte de operaciones complejas, entre ellas la salida del gobierno del ex ministro Rodrigo Peñailillo.

El fin de semana, después de que aparecieran en prensa declaraciones del ministro del Interior diciendo que no se aplicaría más la Ley Antiterrorista y una entrevista del ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, acusando de "efectismo mediático" la Operación Huracán, varios ministros y dirigentes políticos llamaron a Aleuy. El subsecretario no respondió a ninguno. Su silencio encendió las alarmas en el equipo de gobierno sobre su situación.

El malestar de Aleuy se haría evidente el lunes 2. Llegó tarde a La Moneda y suspendió todas sus actividades. Sólo se reunió con Ana Lya Uriarte, por casi una hora, con quien tuvo una áspera conversación. Luego, se reunió con su equipo para ver algunos ítems de la Ley de Presupuesto referidos a la cartera, pero según asesores de Interior, el 80% de la reunión fue una catarsis de Aleuy por la quitada de piso que había sufrido, incluso retiró parte importante de sus pertenencias personales de su oficina. Desde su entorno se intensificaron los mensajes de que su renuncia era inminente.

Esa alarma fue la que hizo que el diputado socialista Osvaldo Andrade fuera a verlo a su despacho e intentara mediar con el gobierno para frenar la salida de Aleuy del gabinete.

Aleuy, en todo caso, tenía claro que no podía tomar ninguna decisión sin antes hablar con Bachelet. Ese mismo día pidió una audiencia con la Mandataria, pero ella estaba de gira en Aysén, por lo que el encuentro quedó programado para el día siguiente, las 17.30 horas.

Fue entonces que se produjo el cara a cara que terminó con el subsecretario anunciando vacaciones a México, las que se iniciaban este fin de semana.