La discreta cocina laboral

Aprincipios de agosto,  una noticia deprimió los ánimos en el equipo económico del gobierno. El Índice de Actividad Económica -Imacec- registró una ínfima alza del 0,8 por ciento, según informó por esos días el Banco Central. La cifra, anotaron entonces los expertos, era la más baja desde marzo de 2010.

Con ese antecedente, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se dirigió hacia La Moneda a una audiencia con la Presidenta Bachelet. Inquieto ante las expectativas frustradas en los mercados, Arenas expuso las incertidumbres que mantenía el empresariado, resentido por la tramitación de la reforma tributaria. En este sentido, agregó una sugerencia: postergar el envío de la reforma laboral, que en principio el Ministerio del Trabajo lo tenía fijado para inicios del segundo semestre. Fuentes de gobierno que conocieron el tenor de aquella cita, señalan que la Presidenta accedió a la propuesta del jefe de las finanzas con una salvedad: aplazar el proyecto laboral a fines de este año y no -como era la intención de Hacienda- para el 2015 o, incluso, cuando la economía diera muestras de un mejor crecimiento.

El encuentro fue uno de los  hitos que marcarían una extendida elaboración de la propuesta laboral del gobierno.

Fuentes de la Nueva Mayoría indican que desde hace ocho meses se sucedieron las reuniones de coordinación del oficialismo. Todos los lunes, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se reunía con los diputados y senadores oficialistas para afinar criterios en torno al proyecto. Y fue en estas reuniones que comenzaron a perfilarse los actores que comenzarían a tender puentes con sus respectivos mundos.

Cada encuentro tuvo la tónica del sigilo. Blanco optó por moverse en silencio. Su estrategia era simple: sabía que las turbulencias de la reforma tributaria podían derribar su propia reforma si levantaba mucha polvareda. Fue así que tuvo cerca de una cincuentena de reuniones y audiencias para discutir la materia sin que se filtrara mucho del contenido.

Así, los diputados Tucapel Jiménez (PPD, presidente de la comisión de Trabajo) y Osvaldo Andrade (PS) fueron fundamentales a la hora de aunar posiciones frente a la agenda laboral. Incluso, en la dirigencia oficialista señalan a Andrade como el "asesor clave" de la ministra en la presentación de la reforma laboral, quien habría insistido en acuñar el concepto de "agenda" por sobre "reforma laboral". El presidente del PS se encargó de convencer a los más reticentes del oficialismo, que esta vez y a diferencias de las otras reformas, no estaban en los partidos de la Nueva Mayoría. Acá los matices llegaron desde el gobierno, principalmente por las advertencias de Arenas. En casi una decena de reuniones del comité político en La Moneda, Andrade repitió que la reforma debía ser presentada.

El apoyo de Andrade está cargado de simbolismo. En el primer gobierno de Bachelet como ministro de Trabajo buscó sin éxito reformular el código laboral. Tal como lo hizo hoy Arenas, el por esos días titular de Hacienda, Andrés Velasco se opuso tenazmente a las enmiendas. También con el argumento del impacto que tendría en la economía. Velasco buscó un aliado estratégico: Camilo Escalona, entonces timonel del PS, que pese a apoyar la reforma, acogió el argumento del encargado de las finanzas. Esta vez, la presidencia socialista puso más atención en Trabajo que en Hacienda.

Asimismo, la ministra Blanco se apoyó en dos subsecretarios; Francisco Díaz (PS) y el de Previsión Social, Marco Barraza (PC), quienes también sirvieron de enlaces en sus respectivos partidos y que fueron incluidos en los encuentros que afinaban el proyecto. A estas reuniones se sumaban los asesores de la ministra, Roberto Godoy y Francisco del Río.

MUNDOS DISPARES

En las citas del gobierno con los implicados, empresarios y trabajadores, también se configuraron hitos y protagonistas. Así, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, fue visto desde el oficialismo como el líder gremial con mayor tono conciliador, mientras que su par de la Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock, defendía en los medios de comunicación las posturas más duras del sector. En todo caso, ambos eran contrarios a la reforma, al menos a presentarla durante este año.

Los encuentros con la CUT tampoco fueron fáciles. Una muestra que graficaron la dureza de las exposiciones, es que los dirigentes de la multisindical se valían de un fallo de la Corte Suprema que rechazaba el reemplazo de trabajadores en huelga de la empresa Promolinks, para valer sus posturas. "Ahí tienen, el gobierno no puede ser menos", afirmaban los dirigentes sindicales.

Con todo, el 24 de diciembre la ministra del Trabajo tuvo dos citas claves en La Moneda. Primero, con la directora de la Secretaría de Comunicaciones, Paula Walker. Luego, con el comité político de Palacio -Alberto Arenas, Álvaro Elizalde y Rodrigo Peñailillo-. Ambos encuentros tenían por objeto perfeccionar el despliegue comunicacional y el diseño legislativo. Cinco días después, al filo del plazo autoimpuesto por el Ejecutivo con el 31 de diciembre como fecha límite, la Mandataria firmaba el proyecto, "cuarto eje programático" según califican en la Nueva Mayoría.