La interminable lista de testigos de Julio Ponce en el caso cascadas

El principal acusado de la Superintendencia de Valores y Seguros por el caso cascadas, Julio Ponce Lerou, entregó a la entidad una larga y nutrida lista de personas que pidió citar a declarar. Aunque el empresario ha impugnado el proceso que lleva a cabo la SVS -incluso con presentaciones ante la Contraloría General de la República-, sus abogados ingresaron a la entidad, el 10 de diciembre, un escrito que sostiene que, una vez que se abra el período probatorio, pretende presentar como testigos a más de 100 personas.

La SVS formuló, el 6 de septiembre pasado, cinco cargos contra Ponce por presuntas infracciones a las leyes de Valores y Sociedades Anónimas. El fiscalizador lo acusó de idear y promover un esquema de negocios que consistió en transar para beneficio propio una serie de acciones de las sociedades cascadas, que forman parte de la estructura de control de la minera metálica SQM. La lista de Ponce individualiza a 54 personas, pero además pide al regulador entrevistar a ejecutivos de sociedades de inversión, corredoras de Bolsa, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las bolsas. En total, más de 100 personas.

Entre las personas que solicita citar se encuentra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien mantuvo participación accionaria en algunas de las sociedades cascadas hasta 2008. No es la primera vez que Ponce intenta que Piñera declare: también lo solicitó en la querella por prevaricación que interpuso contra autoridades de la SVS.

Entre los testigos, incluyó además a otro empresario cercano a Piñera, quien intentó sin éxito mediar en el conflicto que enfrenta a Ponce con, entre otros, Moneda Asset Management, administradora que ha liderado las acusaciones en su contra. Los abogados de Ponce pidieron citar a Pablo Echeverría, presidente de Moneda; a Patricio Parodi, gerente general de Consorcio Financiero, grupo que tiene una participación minoritaria en Moneda, y a Raimundo Valenzuela, socio de la gestora.

La AFP que ha sido más activa en el conflicto es Habitat, que incluso se querelló por el caso. El controlador de SQM pidió que fuesen a declarar sus máximos representantes: José Antonio Guzmán, presidente de la AFP controlada por la Cámara Chilena de la Construcción, y Cristián Rodríguez, su gerente general. Pero también solicitó que declararan gerentes de inversión de otras AFP y gerentes de operaciones, auditoría y control de la Bolsa.

Del mercado bursátil, la lista de testigos incluye al gerente general de LarrainVial, Manuel Bulnes; al CEO de BTG Pactual Chile, Alejandro Montero, y al presidente de Tanner Corredores de Bolsa, Cristián Araya, quien antes fue ejecutivo de BanChile.

Asimismo, incluyó entre sus testigos al director de SQM, Wayne Brownlee, ejecutivo de la canadiense PCS; a su abogado y asesor, Darío Calderón; al ex superintendente de Valores y Seguros Alejandro Ferreiro, y al economista y columnista César Barros.

Abogados ligados a la causa dicen que la larga lista busca prolongar y extender la causa en la SVS, en una estrategia que pretende evitar que sea Fernando Coloma, titular de la SVS hasta el 11 de marzo de 2014, quien se pronuncie finalmente por las formulaciones de cargo realizadas. Ello, porque Coloma tiene seis meses de plazo desde el 6 de septiembre para absolver o sancionar a Ponce y los otros tres acusados: Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica.

Los interrogatorios se sumarán a otras medidas que el empresario pidió a la SVS ejecutar, comentan quienes tuvieron acceso al texto. Entre ellas, que se requiera un pronunciamiento de expertos independientes sobre las operaciones cuestionadas por la SVS entre 2009 y 2011.

La defensa enumeró los puntos que, a su juicio, debe incorporar el período probatorio previo al dictamen final. Sus abogados -que han pedido que la SVS fije los autos de prueba y no ellos- quieren demostrar la inexistencia de un esquema fraudulento de negocios y pretenden presentar informes económicos sobre estructuras de control y sobre los precios de mercado, revela un jurista.

La SVS aún no se pronuncia sobre esta presentación de casi 40 páginas. Abogados consultados dicen que, en teoría, la SVS debe citar a todos los testigos que proponen las partes, pero que, en la práctica, y ya que este procedimiento administrativo no está reglado por ley, Coloma podría decidir discrecionalmente a qué testigos escuchará. Además, los plazos apremian: en casos anteriores, la SVS ha dictado períodos probatorios de 30 días hábiles, prorrogables por otros 15 días. Si así lo hiciera esta vez, estaría en condiciones de fallar recién a fines de febrero o comienzos de marzo. Poco antes del fin del plazo.