La Moneda impulsa medidas para regular traspaso de gobierno

Detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito o regular de mejor forma lo que será el desembarco de ex autoridades al sector privado son algunas de las acciones que La Moneda apuesta a legislar en los siete meses que quedan de gobierno.

La nueva arremetida, que será incluida en la agenda de transparencia y probidad, está siendo afinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además de reimpulsar los proyectos de ley que están en el Congreso, la cartera que encabeza José Antonio Viera-Gallo alista tres nuevas iniciativas. Dos de ellas apuntan directamente a situaciones asociadas al cambio de mando.

Una de las principales reformas será establecer un mecanismo de fiscalización de las declaraciones de intereses y patrimonio que las autoridades deben realizar al asumir y dejar un cargo.

Esta tarea sería asignada a la Contraloría, que podría hacer pesquisas de manera aleatoria para velar que los antecedentes que figuran en las declaraciones sean verdaderos.

Asimismo, el equipo de Contraloría podría exigir que una ex autoridad entregue sus declaraciones, a riesgo de que se le aplique una sanción. Precisamente, uno de los vacíos detectados dice relación con funcionarios que al dejar su cargo no entregan, en algunos casos por olvido o indiferencia, estos informes. "Hoy no hay sanción si uno se va y no hace la declaración", señala Viera-Gallo.

El secretario ejecutivo de la comisión presidencial de transparencia, Felipe del Solar, explica que poder comparar el patrimonio de una persona al asumir y al dejar un puesto, "es una herramienta para establecer si existe presunción de un caso de enriquecimiento ilícito", que eventualmente puede ser investigado judicialmente.

Otra medida será hacer una reformulación profunda al proyecto de ley que ya está en el Congreso, que busca regular la llamada "puerta giratoria" de autoridades que ingresan al gobierno y salen a trabajar al sector privado.

La idea del Ejecutivo ahora es introducir sanciones a la prohibición de seis meses que actualmente fija la ley para que ex autoridades de instituciones fiscalizadoras o reguladoras trabajen en empresas que estaban bajo su supervisión.

Adicionalmente, se les obligaría en los siguientes dos años a transparentar sus relaciones comerciales, contractuales o laborales, para inhibir eventuales conflictos de interés. Una medida similar se exigiría a quienes lleguen a instituciones fiscalizadoras, para que transparenten sus lazos en los últimos dos años.

El director de la ONG Chile Transparente, Cristóbal Tello, sostuvo que si bien no conoce la nueva indicación, estima que los seis meses a priori resultan "insuficiente".

El tercer proyecto de La Moneda no está asociado directamente al cambio de gobierno, pero las idea es fijar, mediante un instructivo presidencial, que todas las reparticiones -antes de tomar una decisión o enviar una reforma legal- entreguen un documento que explique la ideas matrices de la medida, sus objetivos, el diagnóstico en el que se funda, a modo de favorecer un debate público sobre el tema.