La nueva agenda de transparencia

La "puerta giratoria"

Proyecto de ley

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia tiene el mandato de establecer un sistema, que requerirá de un cambio legal, para terminar con lo que se ha denominado como "la otra puerta giratoria" del sector público al sector privado. Es decir, autoridades o funcionarios que trabajan en un área del Estado y luego son contratados por entidades privadas de ese mismo rubro. La idea es evitar conflictos de interés entre el regulador y el regulado. A juicio del gobierno, el vacío actual es aprovechado por personas sin vocación de servicio, que empañan la administración pública.

Patrimonio e intereses

Indicación a proyecto de ley

Actualmente, está en el Senado la reforma sobre probidad en la función pública, que fortalece las declaraciones juradas de intereses y patrimonio. En estos documentos, cada autoridad hoy debe exponer sus propiedades y sus actividades privadas y profesionales. Pero la idea del gobierno es presentar una indicación (una enmienda) al proyecto, para reactivar la tramitación de esta reforma y darle "un estándar más alto" a estas declaraciones. El objetivo es evitar conflictos de interés y potenciar el rol de entidades fiscalizadoras, como la Contraloría, el Congreso, la prensa y la ciudadanía.

Fideicomiso ciego

Indicación a proyecto de ley

La misma reforma sobre probidad pública, que incluye el fortalecimiento de las declaraciones de intereses y patrimonio, tiene un acápite sobre fideicomiso ciego. Esa medida está destinada a aquellas personas que asumirán un cargo público y que poseen una fortuna o cierta participación en empresas que podría entrar en conflicto de interés con el ejercicio de ese cargo público. En su momento, el tema fue discutido por el caso de Sebastián Piñera. Para eso se propone que esa persona entregue la administración de su empresa o fortuna a un tercero. El gobierno pretende ingresar una indicación para reactivar el debate.

Implementar ley del lobby

Reglamento

La ley del lobby, que regula las presiones e influencias a las que se ve sometida una autoridad antes de tomar una decisión, fue publicada a inicios de año. Pero para ser implementada en el gobierno se requiere de un reglamento que está siendo elaborado por la Secretaría General de la Presidencia. La visión del actual gobierno es que la ley de lobby vigente es insuficiente, ya que no pone el acento en la regulación de la industria de gestión de intereses. Por esta razón, la Segpres está diseñando un plan de implementación que permita "rescatar lo mejor de esta ley", para garantizar que cualquier ciudadano tenga el mismo nivel de influencia en las autoridades públicas.