La oposición a Maduro se reordena en el exilio

"Prepárate Maduro", advirtió el dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma el lunes desde Madrid. Al igual que otros dirigentes de la oposición, el ex alcalde metropolitano de Caracas se convirtió en el último en tomar la ruta del exilio ante los hostigamientos del Ejecutivo chavista. Ledezma huyó de Venezuela el viernes de la semana pasada -disfrazado y con la ayuda de algunos militares decepcionados del gobierno- tras estar más de dos años en arresto acusado de conspirar contra el oficialismo.

El dirigente planea ahora organizar al exilio para redoblar las presiones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, sumido en una crisis económica y social. "No venimos aquí a ser protagonistas de un exilio dorado, venimos a trabajar", aseguró Ledezma el lunes en una conferencia de prensa en la capital española. Y en una entrevista con La Tercera, señaló que "se puede hace un binomio entre los venezolanos que están resistiendo en territorio nacional y quienes nos hemos visto forzados a buscar estos vericuetos del exilio".

A mediados de agosto, otra cara incómoda para el chavismo decidió huir del país ante su inminente detención. La ex fiscal general Luisa Ortega, una chavista histórica convertida en una de las principales opositoras al gobierno, llegó a Colombia con su esposo, el diputado socialista Germán Ferrer. Desde entonces, Ortega ha encabezado las denuncias en distintos países, apoyando con pruebas a quienes quieren denunciar a Maduro frente a la Corte Penal Internacional (CPI).

Ledezma no es el único alcalde que optó por ese camino. A principios de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia -acusado de ser un aliado del gobierno- condenó a 15 meses de prisión y declaró la inhabilitación política del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky y del alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Ramón Muchacho.

Ambos fueron acusados de no seguir las órdenes que buscaban impedir las manifestaciones antigubernamentales que por ese entonces se expandían por toda Venezuela. Muchacho logró burlar la seguridad en las fronteras y se exilió en Miami. David Smolansky, uno de los hombres clave de Voluntad Popular, hizo lo mismo a mediados de septiembre y se instaló en Brasil.

A comienzos de octubre, ambos se reunieron con otros dos alcaldes opositores en el exilio: Warner Jiménez (Maturín, Monagas) y Gustavo Marcano (Lecherías, Anzoátegui) en Estados Unidos, donde acordaron visitar instancias internacionales para denunciar violaciones a los DD.HH. También la situación de los alcaldes: de 77 ediles opositores elegidos en 2013, 33 han sido víctima de algún tipo de acción gubernamental y cuatro de ellos están en prisión.

De acuerdo con la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, los dirigentes opositores fuera de Venezuela ya suman 50. Según explicó su presidente, José Antonio Colina, a La Tercera, hace algunos años el exilio estuvo liderado por ciudadanos comunes, con algunas excepciones de políticos. Pero a partir de 2014 se incrementó el exilio de líderes de partidos. "Estoy convencido de que esa cifra de políticos en el exilio va a aumentar. Todo aquel que no se sienta a dialogar con el régimen y acepte sus condiciones y represente una amenaza, o va a la cárcel o irá al exilio", explicó.

La situación es tal, que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, también está evaluando solicitar asilo en Chile. El dirigente de Voluntad Popular ingresó a principios de mes en la residencia del embajador chileno luego que se anunciara una orden de arresto en su contra.

Pero no sólo los líderes políticos están organizándose desde el extranjero. La Asamblea Nacional controlada por la oposición, designó en julio a 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia con la idea de reemplazar a los 33 jueces en ejercicio. Desde entonces el oficialismo comenzó una persecución que derivó en que cuatro de ellos se asilaran en Panamá, ocho en Colombia y seis en Chile.

El llamado "TSJ en el exilio" se organiza de forma constante para sumarse a la ola de exiliados que pide un cambio en Venezuela. Esta semana presentaron ante la fiscalía de la CPI pruebas que acusan a cerca de 60 funcionarios del gobierno de haber cometido crímenes de lesa humanidad