La pelea por las leyes secretas de Chile

Desde el miércoles 17, en las oficinas del Ministerio del Interior, de Defensa y en la Secretaría General de la Presidencia hay un oficio firmado por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, que solicita la entrega de los decretos promulgatorios que hicieron posible la vigencia de leyes secretas en Chile durante más de cien años. "Nosotros queremos convocar a las autoridades, sobre todo las que van a asumir el 11 de marzo, a un trabajo para estudiar estas leyes y tomar decisiones de publicidad ya con el conocimiento de ellas", dice Drago

En un plazo de 10 días hábiles el gobierno deberá responder a la solicitud del Consejo. La idea es -a través de estos decretos de promulgación- verificar las razones que tuvieron los legisladores para reservar el contenido de cada dictamen y apelar para que los mismos sean declarados inconstitucionales.

Si el trámite es aprobado, el texto completo de varias de las leyes secretas podría ser revelado, dando un paso clave en la lucha que han mantenido parlamentarios e instituciones para conocer las leyes que se han mantenido en reserva.

El origen del secreto

Según los datos recopilados por el Consejo para la Transparencia -a los que Reportajes tuvo acceso-, actualmente existen 199 leyes secretas en Chile. La primera fue firmada en el año 1900 y no fue publicada en el Diario Oficial, por lo que se desconoce su naturaleza. Lo mismo se repite en otros 58 textos secretos, los que fueron fallados a principios del siglo XX.

Del resto de las leyes, que fueron aprobadas durante el régimen militar, se conoce parcialmente su contenido. La mayoría de ellas tiene que ver con temas relativos al financiamiento, cambios estructurales y adquisición de equipamiento para las distintas instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

Entre los documentos secretos del gobierno del general (R) Augusto Pinochet hay varios decretos que llaman la atención por sus altas cifras. Por ejemplo, en 1976 se aprobó un decreto ley que autorizaba "el traspaso de US$ 1.017.000 de sobresueldos a gastos generales en la Armada".

Dos años más tarde, se firmó un documento que aseguraba la "adquisición de elementos clasificados como material de guerra a los actos financiables con la suma de US$ 6.000.000, que anualmente de debe consultar el Presupuesto de la Nación".

Por medio de otra ley secreta, en 1980 se autorizó al entonces Presidente de la República "para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de 1.259.640.000 schillings austríacos o dólares estadounidenses".

En el listado que maneja el Consejo para la Transparencia hay al menos seis leyes que significaron aportes monetarios a distintas instituciones del gobierno. Por su carácter secreto se desconoce quiénes aprobaron estas cifras y bajo qué justificación lo hicieron.

Uno de los pocos documentos que han sido desclasificados -de manera extraoficial- es la Ley de Movilización Nacional, que fue aprobada en 1974 y que dictaba que "aquellos que, decretada la movilización parcial o imparcial, propalaren noticias o divulgaren secretos de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento reservado al control y el uso exclusivo del Estado, serán penados con presidio mayor en cualquiera de sus grados, a muerte".

Sin embargo, el contenido de la mayoría de estos decretos se mantiene en reserva. Entre ellos, por ejemplo, también se encuentran la creación de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina).

En total, el 71% de las leyes secretas en Chile fue aprobado durante el gobierno del general (R) Pinochet. Por otra parte, en democracia hubo otros tres textos reservados. El primero fue aprobado en 1996 para modificar la Subsecretaría de la Marina. Dos años más tarde se firmó un decreto para hacer reformas en el Ministerio de Defensa Nacional y revisar las plantas de oficiales y empleados civiles en las Fuerzas Armadas.

La disputa por las leyes

El 22 de diciembre de 2016, el Diario Oficial exigió la publicación de la Ley Reservada del Cobre, aprobada durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y que fue modificada durante el gobierno militar para destinar un porcentaje de los ingresos generados por el cobre para la adquisición de armas y materiales que irían a parar a las Fuerzas Armadas. El documento se encontraba dentro de una caja fuerte en dependencias del Ministerio de Defensa.

La liberación de esta normativa fue un hito. Los diputados Jaime Pilowsky (DC), Ricardo Rincón (DC), Yasna Provoste (DC), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Ceroni (PPD) y René Saffirio (ind.) presentaron una moción para terminar con la reserva. El proceso duró un año. Tras eso se empezó a discutir con fuerza sobre los decretos reservados.

"Limitar a los ciudadanos el conocimiento de la ley resulta absurdo en un sistema democrático. Publicar una ley es coherente con el principio constitucional de publicidad y transparencia y con la esencia del derecho a acceder a la información pública", dice Pilowsky.

La discusión sobre las leyes secretas empezó tras la modificación del artículo 8° de la Constitución -conocida como la Ley de Transparencia- que reguló la publicidad de las normativas aprobadas en Chile el año 2005.

Según Pilowsky, en el mismo año, la Cámara de Diputados votó positivamente una iniciativa legal para terminar con las leyes secretas. Sin embargo, el proyecto habría quedado paralizado en el Senado. "Otro proyecto, presentado en 2015, no ha iniciado su discusión en la Comisión de Constitución. En definitiva, ha faltado voluntad política y capacidad para generar el cambio", comenta el parlamentario.

Entre algunos diputados y senadores, la liberación de los documentos archivados sería un esfuerzo inútil por los años que han pasado bajo llave.

"En democracia las leyes reservadas son de excepción absoluta, y de acuerdo a la Constitución, la gran mayoría no debería ser secretas", afirma el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.

El Consejo para la Transparencia también ha sumado esfuerzos a este propósito y ha monitoreado la situación de las leyes reservadas. Por primera vez hicieron un catastro de las leyes secretas, sistematizando toda su información. En la institución aseguran que el único argumento que normaliza el secreto de una ley es que su divulgación afecte la seguridad o el interés nacional. Sin embargo, esto no pasaría con la mayoría de los 199 documentos que siguen en reserva. Su ubicación estaría en carpetas archivadas en los ministerios del Interior y de Defensa.

"Nosotros esperamos tener acceso a los decretos promulgatorios. Y en la medida en que podamos detectar que exista una infracción constitucional, tenemos que empezar un diálogo para ver la publicidad de estas leyes", añade Drago.

El pasado 7 de junio, el Consejo para la Transparencia presentó al presidente de la Cámara de Diputados y a la Secretaría General de Gobierno un proyecto de acuerdo para conformar un grupo de trabajo, con integrantes del Congreso, el Poder Ejecutivo y la misma institución, para analizar la situación de las leyes secretas y avanzar en un proyecto que las desclasifique. Esto aún no se materializa.

"Creemos que tiene que haber un trabajo en conjunto con áreas del Poder Ejecutivo, que ven las materias legislativa. La Segpres, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con el Consejo para la Transparencia y con parlamentarios, para que exista una revisión bien detallada ley por ley", dice Drago.

La idea de la institución no es liberar la totalidad de los 199 documentos reservados, sino que estudiar caso a caso cada ley. Para esto, la mesa de trabajo sería una herramienta importante. Sin embargo, la iniciativa aún no ve la luz.

Pese a las idas y venidas, en el Consejo para la Transparencia son positivos. Si el gobierno acoge el oficio para revisar los decretos promulgatorios, se podría avanzar significativamente en el fin de las leyes secretas.