La sofisticada trama del grupo de socios que habría estafado al Fisco por $ 8 mil millones

A fines del tercer trimestre del año pasado, antes de que las boletas ideológicamente falsas fueran casi parte del diccionario popular, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estaba al tanto de una serie de irregularidades tributarias que un grupo de socios habría ideado para defraudar al Fisco por un total de $ 8.638.098.553, durante 2005 y 2011.

De esta forma, se iniciaba la investigación por uno de los mayores fraudes tributarios en el país, tanto por el monto defraudado como por la elaborada red que montaron los denunciados.

El 21 de octubre de 2014, el SII interpuso una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de cinco personas, por el delito tributario sancionado en el artículo 97  N° 4, que es la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas y/o falsas.

Según la investigación del SII, los querellados habrían "creado empresas ficticias, cuya única función es facilitar un aumento de crédito fiscal, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a otras empresas de propiedad de los querellados, permitiéndoles disminuir de esta forma su impuesto a enterar en arcas fiscales".

Los antecedes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) de la PDI.

MODUS OPERANDI

Según la investigación del SII, durante el período 2005 a 2008 se constituyó la primera red de empresas vinculadas por parte de los querellados Luis Mardones Sánchez,  junto a Fernando Nanjarí Alvarez, en su calidad de asesor legal, y Fernando Kiblisky Budnik, como financista. Ellos habrían creado seis empresas de suministro de personal: "Servicios de Personal Urbe S.A.; Servicios Integrales de Personal S.A.; Productora Nacional de Servicios S.A.; Gamma Servicios de Personal S.A.; Global Work S.A. y Delta S.A.".

El objetivo, según consta en la querella del servicio, era   "proveer facturas ideológicamente falsas a empresas Delta S.A., y finalmente Cicorp S.A., administrada por los querellados Miguel Sepúlveda Eljatib -su representante legal- (y el abogado de la firma), Mario Cartes Eljatib".

Según consta en la indagatoria del SII, de esta misma  forma, "la empresa Cicorp S.A. facilitó, a su vez, facturas falsas a las empresas Telecomunicaciones Siglo XXI S.A., Intercity Service, Ñuble Ingeniería S.A., Constructora Pérez y Gómez S.A., las cuales daban cuenta de prestaciones de supuestos servicios computacionales, de planos y maquetas tridimensionales, empresas en su mayoría administradas por los querellados Miguel Sepúlveda Eljatib y Mario Cartes Eljatib".

Durante este período, según la estimación realizada por el (SII), el presunto fraude tributario ascendió a los $ 5.675.257.345.

Entre 2009 y 2011 la fórmula se repetiría. Según estipula la querella, mantuvieron algunas de las empresas de la primera fase, pero agregaron a Bristol S.A., Agency S.A., Laborum S.A., a fin de que estas, como supuestas proveedoras de personal, facilitaran facturas a Delta S.A. y Milenium S.A. para que finalmente ambas facturaran servicios inexistentes a la sociedad Efco Servicios Generales S.A. El prejuicio fiscal en este período fue de $ 2.962.941.208.

Según concluye la querella, "todos los antecedentes previamente señalados y considerados en su conjunto ponen de manifiesto las irregularidades tributarias que involucran a todas las empresas señaladas, cuyo destino es evadir Impuestos a las Ventas y Servicios que deben soportar, facilitándose unas a otras facturas falsas que dan cuenta de operaciones comerciales que no se llevaron a cabo".

RÉPLICA

La Tercera intentó ubicar a todos los involucrados en la querella, logrando sólo contactar al abogado de Cicorp S.A., Mario Cartes.

Mediante correo electrónico, señaló  que "ratifico que no soy representante legal, ni socio ni accionista de ninguna de las sociedades mencionadas en la querella. Tampoco tengo ninguna relación con las otras personas que ahí se indican, salvo con Miguel Sepúlveda, que es un familiar, y además he sido su abogado y el de su empresa Cicorp S.A.". Agregó que "respecto de las objeciones que se hacen a proveedores de Cicorp S.A., mi cliente señala que no tiene información y que eso será materia de la investigación. Finalmente, mi cliente expresa que Cicorp S.A. ha dado una completa cooperación desde el año 2009, cuando entregó al SII todos los antecedentes contables y tributarios que solicitó, por lo que confía que una vez realizada la investigación esta situación sea debidamente aclarada". b

LOS DELITOS QUE PERSIGUE EL SERVICIO

RR Según la querella presentada en octubre por Impuestos Internos, a los querellados se les imputa el delito tributario del artículo 97, N°4, inciso segundo del Código Tributario, pues hay facturas que dan cuenta de operaciones inexistentes. El SII expone en la acción judicial que "(esto) nos permite sostener que se trató de una maniobra destinada a aumentar los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado que tenían derecho a hacer valer las empresas respectivas (ver nota central) en relación con las cantidades que debía pagar, posibilitándoles disminuir de esta forma su carga impositiva".

El estado de esta causa se encuentra en tramitación.