La UDI golpea las puertas de La Moneda

Una serie de recados aguardaban en el despacho del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la mañana del viernes 3, cuando regresó a Chile tras una visita a Europa, donde se interiorizó sobre los sistemas de inteligencia para el combate del terrorismo.

Entre los mensajes destacaba una solicitud de audiencia del presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien enfrentado al escándalo que vincula a parlamentarios y dirigentes gremialistas con acusaciones de financiamiento ilegal del Grupo Penta, esperó el retorno del jefe de gabinete de Michelle Bachelet para formalizar un acercamiento con La Moneda.

Ambos personeros mantienen una reciente pero fluida relación, que en la UDI esperan facilite el diálogo y permita explorar de manera conjunta eventuales vías de salida a la crisis que hoy azota al gremialismo, pero que no está descartado que se extienda a otros sectores, en la medida que escale la investigación que lidera el fiscal Carlos Gajardo.

Silva apuesta a que Peñailillo -considerado el hombre fuerte del gobierno- tome la iniciativa y asuma que las nuevas aristas del caso fraude al FUT pueden provocar un cuestionamiento generalizado al sistema de financiamiento de las campañas políticas, en particular, si el persecutor accede a las cuentas personales de candidatos y parlamentarios electos y no electos.

La urgencia de un acuerdo toma mayor velocidad -aseguran en las filas gremialistas- en la medida en que se reducen los tiempos para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presente una denuncia ante la Fiscalía que le permita a Gajardo indagar potenciales vías ilegales de financiamiento electoral.

Al cierre de esta edición, en el organismo señalaban que era inminente la presentación de la querella y en el oficialismo aseguraban que La Moneda dio luz verde a la acción judicial. En este escenario, cualquier apertura hacia un nuevo pacto que regule el financiamiento de la política se trabajaría en paralelo a la investigación de Gajardo.

El diagnóstico de Ernesto Silva sobre los probables efectos de la indagación de Fiscalía es compartido, matices más, matices menos, por la gran mayoría de los dirigentes partidarios de la Alianza y la Nueva Mayoría, además de La Moneda, según pudo constatar Reportajes. Eso sí, aún no hay consenso sobre los márgenes que debería tener una solución de carácter político y sobre hasta dónde resulta conveniente que deba avanzar la investigación de Fiscalía.

En la misma línea, los consultados coinciden en que el caso que lidera Gajardo ha configurado un escenario similar al de enero de 2003, cuando en medio del denominado caso MOP-Gate (escándalo de sobresueldos que afectó al gobierno de Ricardo Lagos), el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, pactó con el entonces mandatario un Acuerdo de Modernización del Estado que, entre otros temas, definió la actual normativa sobre financiamiento electoral.

"Chile tiene una oportunidad de dar nuevos pasos en función de la transparencia y la calidad de la política. Y de eso nadie puede restarse", afirmó Silva a Reportajes.

Los movimientos de la UDI, destinados a lograr que el oficialismo se allane a impulsar un acuerdo transversal que les permita superar la crisis, se dan en paralelo a sus intentos por contener los trascendidos de la investigación de Gajardo. Ello, porque existe molestia en la colectividad por sentirse víctimas de "filtraciones" intencionadas desde la Fiscalía.

En las filas gremialistas aseguran que en la investigación de Gajardo también han aparecido personeros vinculados al oficialismo, cuyos nombres se han mantenido en reserva.

PROCESIÓN UDI

La ofensiva UDI en la búsqueda de un acuerdo político supone de por sí una derrota para la colectividad, que ha sido una histórica detractora de que los recursos estatales financien la actividad política.

La crisis que afecta al gremialismo busca ser aprovechada por la Nueva Mayoría para dar luz verde a una legislación que autorice el financiamiento público permanente a los partidos -una vieja demanda del bloque- y establecer nuevas medidas de transparencia para las campañas.

Pese a ello, el ambiente para un acuerdo tiene altas dosis de incertidumbre, en especial, porque en la Nueva Mayoría y La Moneda no existe consenso para enfrentar la crisis que afecta al gremialismo: mientras algunos son partidarios de intentar acotar el escándalo cuanto antes, otros apuestan a que la investigación de Gajardo avance para que los eventuales involucrados paguen los mayores costos políticos posibles.

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, es uno de los que encabezan esta última línea, que complica los pasos de La Moneda. Su postura la notificó al gobierno a principios de semana, y al propio Silva y al ex presidente UDI Patricio Melero, con quienes ha conversado en los últimos días.

Según quienes conocen el contenido de los diálogos, Andrade advirtió a los líderes gremialistas que su partido no promoverá ni respaldará un acuerdo político si el precio de éste es poner cortapisas a la investigación de Gajardo.

Fuentes socialistas señalaron que el análisis del PS apunta a que el gremialismo aún no paga costos políticos evidentes por su vinculación al caso. En las cuentas socialistas pesa que el holding Penta -objeto de una investigación tributaria por presunto fraude al FUT, que derivó en las acusaciones de financiamiento ilegal de campañas políticas- es una empresa estrechamente ligada al gremialismo, y que los políticos cuyos nombres han trascendido como ligados a eventuales irregularidades militan en la UDI o están vinculados a ella, como los senadores Iván Moreira y Ena von Baer, y los ex candidatos Pablo Zalaquett y Laurence Golborne.

En la UDI, en todo caso, sólo reconocen emisiones de boletas a Penta en los casos de Moreira y Zalaquett. En el caso del primero, existirían dos facturas a nombre de su chofer, Rodrigo Molina, y en el caso del segundo se trataría de facturas propias.

Otro punto que genera reticencias en el PS para definir un acuerdo es que en las filas socialistas no olvidan que, antes del acuerdo suscrito entre La Moneda y Pablo Longueira en 2003 para superar el caso MOP-Gate, el partido debió resignar importantes cuotas de imagen pública, e incluso enfrentó la detención de destacados militantes, como el ex ministro Carlos Cruz, a lo que se sumó el cerco judicial que se tendió sobre el entorno del entonces mandatario Ricardo Lagos. "Tuvimos que tragar varios sapos", explicó un alto personero PS.

"Hay disposición a avanzar en un acuerdo, pero si hay responsabilidades judiciales, nadie puede quedar impune. Hay que asumir esas responsabilidades", señaló Andrade a Reportajes.

Existe otro factor que genera expectación en ese partido y que frena la posibilidad de que los socialistas respalden un acuerdo fast track: la situación que afecta al ex presidenciable y líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco.

De acuerdo a los trascendidos, el ex ministro estaría entre los involucrados que recibieron dineros de Penta (ver recuadro) y en el PS no quieren dejar pasar la posibilidad de ajustar cuentas con el ex titular de Hacienda, quien ha sido un duro crítico de las reformas promovidas por Bachelet.

En la elite socialista apuestan a que el escándalo termine por dinamitar las opciones políticas de Velasco, a quien vislumbran como un potencial candidato con miras a 2017 que puede concitar respaldo en el bloque oficialista, especialmente en la DC.

La postura del PS contrasta con la asumida por la DC, cuya directiva, liderada por Ignacio Walker, se ha manifestado partidaria de la búsqueda de un acuerdo y de no escalar la crisis.

Walker y el jefe de la bancada de diputados, Matías Walker, fueron uno por uno esta semana advirtiendo a los parlamentarios DC respecto de la necesidad de actuar con mesura frente al escándalo.

Según esta versión, los líderes de la falange señalaron que aún no había claridad respecto de los alcances de las pesquisas que podría generar la irrupción del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el caso, y que era mejor apostar por aprovechar la oportunidad y buscar un acuerdo para reformar el sistema de financiamiento a la política.

"Llegó la hora de evaluar un sistema que ha durado 10 años, que ha sido un avance desde el punto de vista de transparentar y legalizar, pero que es insuficiente. Espero que podamos tener una iniciativa transversal para transparentar, con realismo, un sistema de financiamiento de la política, no sólo de las campañas; que sea acotado, que se pueda fiscalizar y que permita introducir mayor equidad en el financiamiento de la política", señaló el timonel DC al ser consultado sobre el tema.

Las gestiones de los Walker no se quedaron sólo en las advertencias. Ambos personeros pidieron expresamente a los parlamentarios DC no facilitar firmas para la aprobación de una comisión investigadora del tema, que fue promovida desde el PC. Sus esfuerzos, no obstante, no rindieron frutos y el jueves 2 se oficializó la petición para la instancia con votos de diputados DC.

La prudencia de la directiva DC no es antojadiza. En privado, en el partido reconocen que existe preocupación por los trascendidos que vinculan a parlamentarios y ex candidatos de sus filas en la trama de financiamiento ilegal. Nexos que, en todo caso, son tajantemente rechazados por la mesa DC.

Menos llamativa ha sido, en tanto, la postura del PPD. El lunes 29, la directiva que lidera Jaime Quintana abordó en la comisión política del partido la posibilidad de respaldar un acuerdo transversal sobre financiamiento y transparencia en la política. La conclusión de la instancia fue que no se debe entorpecer la investigación de Gajardo.

"A partir de estos hechos graves que se han conocido, debemos avanzar en una agenda de transparencia en el financiamiento de la política 2.0. Eso significa aporte público y restringir el financiamiento privado a un modelo más acotado y transparente", explicó Quintana.

Más allá de las gestiones externas en la búsqueda de un acuerdo, en la UDI han enfocado sus esfuerzos en intentar administrar internamente la magnitud del escándalo para minimizar los daños políticos. En esa línea, Silva ha conversado personalmente con cada uno de los personeros que han sido involucrados en eventuales prácticas de financiamiento ilegal y ordenó a los parlamentarios guardar silencio sobre el tema, para radicar las vocerías en la directiva.

El líder gremialista, además, ha tomado contacto con Délano y otros ejecutivos de Penta y personeros vinculados al holding, como el ex canciller Alfredo Moreno, quien ha asumido como una suerte de coordinador del caso.

Pese a ello, en la propia UDI asumen que no pueden dimensionar con exactitud la magnitud de la crisis, debido a que, más allá de los aportes que reciben los candidatos del partido -que en el gremialismo aseguran son recursos que se manejan bajo las normativas legales-, resulta común que los propios postulantes consigan aportes para su campaña sin la supervisión de la colectividad.

ALERTA EN LA MONEDA

Si bien la UDI aparece como la más golpeada por el escándalo, la inquietud sobre las esquirlas del caso también se instaló hace algunos días en La Moneda.

Lo anterior, luego de que en los medios de comunicación se mencionara como eventual involucrado a un ex candidato a senador y actual ministro de Bachelet.

La atención del gobierno se dirigió de inmediato al titular de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC).

En el gobierno señalaron a Reportajes que el propio secretario de Estado se contactó con el presidente de la DC, Ignacio Walker, para desmentir de manera tajante toda vinculación al caso, asegurando que no tiene ningún vínculo con Penta, sus dueños o ejecutivos, ni menos incurrió en prácticas ilegales de financiamiento electoral para sustentar su fallida campaña a senador por Santiago Poniente en 2013.

En medio de esas gestiones, Undurraga fue contactado por el ministro vocero, Alvaro Elizalde, y desde el gobierno se activó una serie de diligencias destinadas a chequear las cuentas de campaña del titular del MOP. Las mismas fuentes sostienen que el lunes 29, Undurraga fue nuevamente contactado desde La Moneda para comunicarle que el chequeo no arrojó ningún tipo de problemas.

La tranquilidad del gobierno fue tal que, al día siguiente -el martes 30-, el titular del MOP acompañó a la Presidenta Bachelet en una actividad pública.

Las posibilidades de un acuerdo político -cuyas características aún no son definidas, aunque hay consenso en que se debe revisar el sistema de financiamiento electoral y abrirse a la posibilidad de entregar recursos públicos a los partidos políticos- aún son inciertas. Con todo, el regreso del ministro Peñailillo, tras un viaje de trabajo a Europa, al menos asegura un interlocutor válido para la UDI en la búsqueda de una solución a la primera crisis política que enfrenta Silva a la cabeza del gremialismo.