Las cinco aristas pendientes del caso SQM

LA bomba de racimo que hace justo un mes dejó caer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre el corazón de la estructura de control de SQM ya comenzó a expandirse. El 6 de septiembre, la SVS acusó a Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica de cometer varias infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, al participar en un esquema para transar acciones entre 2009 y 2011, a precios fuera de mercado y limitando la competencia de los inversionistas.

Julio Ponce no sólo es el presidente de SQM desde 1987. También es el controlador de la mayor minera no metálica del país y el mayor productor mundial de yodo, litio y fertilizantes de especialidad, valorado en Bolsa en US$ 9.300 millones. Ponce controla indirectamente poco más del 34,05% de la compañía. Roberto Guzmán es asesor y su abogado desde hace 27 años; Aldo Motta, también director de La Polar, fue o es gerente general de las sociedades cascada (Norte Grande, Pampa Calichera, Oro Blanco y Potasios); y Patricio Contesse Fica, hijo de Patricio Contesse González, gerente general de SQM desde marzo de 1990, es el máximo ejecutivo de Potasios desde hace dos años.

La bomba de racimo se extendió esta semana al divulgarse las cuatro formulaciones de cargos, que suman en total más de 1.000 páginas. La SVS describió allí una compleja e intrincada operatoria de transacciones bursátiles en las que participaron inversionistas e intermediarios y donde podría haber nuevas responsabilidades. En esencia, el modus operandi era el siguiente: las cascadas remataban paquetes de acciones provenientes de aumentos de capital no suscritos y cuatro grupos de sociedades (cascadas, vinculadas, relacionadas o instrumentales a Julio Ponce) las adquirían, aparentemente a precios bajo mercado. El círculo cerraba cuando revendían las mismas acciones, a las mismas cascadas, a precios sobre mercado.

1. LA DEFENSA

Los cuatro acusados tienen hasta este 10 de octubre para presentar sus descargos ante la SVS. El abogado de Roberto Guzmán, Gabriel Zaliasnick, ya pidió una prórroga. Raimundo Labarca, que defiende a Ponce, planteó en tribunales esta semana que el plazo para los descargos fue fijado discrecionalmente por la SVS y pidió su suspensión. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible un recurso de protección que interpuso el lunes y Labarca aún analiza los pasos a seguir.

Independientemente de los vericuetos procesales, el equipo que defiende a Ponce ya viene trabajando desde hace semanas. Labarca es el jefe del grupo y a él se suman los litigantes y penalistas Jorge Bofill y Juan Pablo Hermosilla. La defensa de Ponce está analizando las operaciones con especialistas en temas financieros y económicos para demostrar que cada transacción era justificada y que los minoritarios de las cascadas se beneficiaron del alza en el precio de las acciones durante todos estos años. Labarca ha adelantado ese aspecto de su defensa: "Mi cliente le ha agregado valor a estas compañías", dijo a La Tercera tras la acusación de septiembre.

También insistirán en otro argumento: en las compras de acciones no sólo participaron Ponce y sus relacionados; también lo hicieron las AFP y Moneda -sus grandes acusadores- y otros inversionistas institucionales avezados, "quienes muchas veces obtuvieron cuantiosas ganancias", aseguró Labarca. Entre los minoritarios se reconoce que ellos compraron muchas veces en los remates de acciones, pero resaltan que, a diferencia de Ponce y sus cercanos, no estaban concertados para vender a posteriori las mismas acciones, a las mismas sociedades, a precios más altos.

No sólo Ponce tiene abogados. Luis Saldías, representante de una de las sociedades personales de Ponce, trabaja con Carlos Balbontín, mientras Moneda, denunciante en la causa, trabaja con Pedro Pablo Gutiérrez y el penalista René García.

2. ¿NUEVOS ACUSADOS?

La SVS no ha terminado su investigación y, tal como en el caso La Polar, las formulaciones de cargos partieron en la primera línea de supuestos involucrados, pero lo más probable es que siga. En La Polar, la SVS acusó un mes después del escándalo a directores, ejecutivos y auditores, y cuatro meses más tarde hizo lo mismo con dos clasificadoras de riesgo.

Abogados que participan en el caso cascadas-SQM sostienen que la SVS no terminó su labor el 6 de septiembre y que seguirá con nuevas formulaciones de cargos en las semanas siguientes. El propio Fernando Coloma, titular de la SVS, algo ha anticipado. "En las próximas etapas podrían ampliarse a otros agentes del mercado", dijo el 11 de septiembre, en Londres.

Un indicio de lo que podría seguir lo dio la propia SVS. En las páginas 306, 307 y 308 de la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou, enumeró a todos los integrantes de los directorios de las cinco sociedades cascadas durante los últimos tres años. Aunque la SVS acusa a Julio Ponce de ser el "ideólogo y promotor" del esquema cuestionado, los acusadores creen que, al menos, hubo negligencia entre los otros directores al haber autorizado operaciones que, según calificó la autoridad, perjudicaban el interés social de las sociedades. En el caso La Polar, varios directores fueron imputados por vulnerar sus obligaciones de diligencia y cuidado.

La otra línea de fuego está integrada por las corredoras de Bolsa que intermediaron las operaciones. Una de ellas es LarrainVial, cuyo socio, Leonidas Vial, quedó en entredicho por la SVS. La autoridad afirma que sus empresas Inversiones Saint Thomas y La Viña participaron como sociedades instrumentales en el esquema que habría ideado Ponce. Trascendió que la firma analiza el caso con Barros Errázuriz, cuyos socios son cercanos a Vial, y con penalistas. LarrainVial respondió que el bufete los asesora desde hace 25 años. Los abogados no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

Otro de los implicados por la SVS en la formulación de cargos de Ponce es Alberto Le Blanc, ex socio de la corredora Transcorp, a quien la autoridad también le atribuye un rol instrumental. El también podría ser acusado.

Si la SVS cursa nuevas formulaciones de cargo en las próximas semanas, podría tener que resolverlas, en definitiva, el sucesor de Coloma. La SVS tiene seis meses de plazo para absolver o sancionar. En el caso de Ponce, Motta, Guzmán y Contesse, ese plazo termina el 6 de marzo, cinco días antes del cambio de gobierno. El timing para resolver sanciones, en el caso de formulaciones adicionales, vencería ya cuando haya asumido la próxima administración.

Pero meses más o meses menos, el caso de seguro tardará años en resolverse. En el caso Chispas la SVS cursó la multa en 1997 y la Corte Suprema falló en 2005.

3. LAS JUNTAS

Este viernes 11 de octubre deben realizarse las juntas de accionistas de Oro Blanco, que pretende aumentar su capital en US$ 120 millones, y Norte Grande, que busca recaudar otros US$ 92 millones. Los minoritarios piden suspender las reuniones, porque no confían en los estados financieros de ambas y porque el controlador está acusado por la SVS. Ponce las convocó para aumentar el capital, dada la nueva realidad de mercado: el fin del cartel del potasio ruso-bielorruso, a comienzos de abril, desplomó el precio de SQM, el activo subyacente de toda la cascada. En el año, las acciones de SQM-B han bajado 45%, descenso que ha complicado a las sociedades aguas arriba: muchas de ellas están endeudadas contra el precio de títulos que, además, constituyen garantía y se han depreciado. En el grupo controlador creen que las capitalizaciones son claves para reforzar las estructuras de capital. Pero personeros ligados a los minoritarios recuerdan que el primer vencimiento -las cascadas tienen deudas totales por US$ 1.175 millones- afectará a Oro Blanco recién en agosto de 2014, por unos US$ 100 millones. Y que Pampa Calichera tiene una caja disponible importante para distribuir dividendos a las sociedades de más arriba. La SVS deberá pronunciarse antes del viernes sobre el futuro de estas juntas.

4. LA ARISTA PENAL

El 11 de septiembre de 2012, un accionista minoritario de las cascadas, Roberto Lobos, presentó una querella por el delito de transacción ficticia. Aludía a una operación que narró en su formalización la SVS: una venta de acciones en la que medió Linzor y que resultó ser una transacción entre partes relacionadas destinada a generar utilidades contables. Ese juicio criminal fue transferido al fiscal José Morales, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, quien ha llevado los casos La Polar y Farmacias. Morales tuvo un entrevero con Coloma esta semana por la negativa de la SVS a entregarle los antecedentes del caso. Morales siguió el camino institucional y recurrió a la Corte de Apelaciones para acceder al mismo documento de formalización que ya tiene toda la prensa.

Para los juristas involucrados, resulta obvio que Morales ampliará la investigación por esa querella a todas las operaciones que relata la SVS en su texto. Y a las infracciones que tienen connotación penal. La SVS acusó a Ponce, Motta y Guzmán de delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel: transar o inducir a comprar o vender acciones mediante mecanismos engañosos o fraudulentos, y realizar cotizaciones o transacciones ficticias. Morales debe definir los caminos a seguir y qué diligencias ordenar. "La lista de citados a declarar será larga", cree un abogado que participa en el caso.

Por otro carril sigue la querella de Julio Ponce contra Moneda por inducir a error al mercado mediante difusión de información falsa y por, paradójicamente, inducir transacciones con medios fraudulentos: la misma figura que la SVS le imputa hoy a él.

5. LOS CAMBIOS REGULATORIOS

Tras cada gran caso en el mercado de capitales, siempre ha habido discusiones regulatorias.

Un abogado y un inversionista coinciden en que, a raíz de este caso, deberá revisarse o derogarse el artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exime cumplir los exigentes requisitos para operaciones entre partes relacionadas a las transacciones habituales de una sociedad. Este artículo, dicen, permitió a la administración de las cascadas controladas por Julio Ponce realizar las operaciones cuestionadas sin el control requerido.

"Mi impresión es que la regulación en Chile es relativamente de buen nivel y que cumple, en gran parte, con los estándares internacionales", asegura el ex superintendente Alvaro Clarke. Sin embargo, opina que sí se podría perfeccionar la regulación de ciertas transacciones bursátiles. "Deben establecerse protocolos mucho más completos, de tal manera que pueda otorgarse mayor seguridad tanto a compradores como vendedores", opina. Un inversionista, sin embargo, dice que el problema no es la norma ni el esquema de remates ni el de órdenes directas (OD). El problema, agrega, fue la presencia de infractores. En una corredora local piensan que, tras este caso, la "infraestructura regulatoria" del mercado de capitales cambiará.

Esteban Puga, abogado de Puga Ortiz, dice que en Chile y Estados Unidos ha aumentado la regulación y, pese a ello, se han destapado mayores escándalos. "Hay que ver si vale la pena empoderar más a quienes sufren los perjuicios, tener acciones más eficaces para los accionistas", sostiene.