Ley de indulto: Ministerio de Justicia prepara traslado de internos extranjeros

El operativo -que contará con altos nivel de seguridad- comenzará en Arica con 195 peruanos, que abandonará el país por el paso fronterizo de Chacalluta. 




Como el traslado de condenados más importante de la historia carcelaria chilena, calificó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera el inminente extrañamiento de los internos extranjeros que cumplieron los requisitos y se acogieron a la ley de indulto general conmutativo y que permitirá una completa restructuración en la gestión de las unidades penales del país.
 
Junto al director nacional del servicio de prisiones, Luis Masferrer, presentaron a la prensa un completo balance del operativo de seguridad que aplicará la institución en los próximos semanas, partiendo con el traslado de los primeros 195 condenados peruanos (de un total de 271), recluidos en la cárcel de Acha, vía el paso fronterizo de Chacalluta, al norte de Arica.
 
En dependencias de la cartera de calle Morandé, la autoridad dio cuenta del despliegue que hará la institución y que incluso viene aplicándose bajo estricto sigilo hace semanas al trasladar internos desde Chillán por el sur a las cárceles nortinas con el fin de agrupar a los internos por nacionalidad.
 
Las autoridades explicaron que las unidades de Arica, Alto Hospicio e Iquique concentrarán a los internos – hombres y mujeres- peruanos y bolivianos que deberán salir por los pasos de Chacalluta en el primer caso, y Colchane en el segundo.
 
El resto de los condenados extranjeros – como los argentinos- abandonará el país vía el paso Los Libertadores, en la V región. En el caso de internos de países no limítrofes lo harán a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en una operación que conforme a al ley podría extenderse por un total de 150 días.


COORDINACION
Para el éxito de la misión, la institución penitenciaria ha coordinado el trabajo de la totalidad de las unidades penales del país en que había un extranjero que se acogió al indulto, con el departamento de control penitenciario y el centro de despacho de traslados, división que se ha convertido en el verdadero cerebro de todas las operaciones de seguridad.


Paralelamente, y con el objetivo de informar a los países que deberán recibir a sus connacionales, el Ministerio de Justicia se ha coordinado permanentemente con la Cancillería, con el fin de aunar información relevante que ha sido enviada progresivamente en notas diplomáticas al resto de los países, sobre el número de condenados, identidades, condiciones generales de estado y certificación médica que acompañarán en su traslado.
 
Asimismo, con la Policía de Investigaciones, se han coordinado todas las acciones que cada interno deberá realizar en los servicios aduaneros, evaluándose horarios, llegada y trámites necesarios para materializar y hacer efectiva la entrega al otro lado de la frontera lo más expedito posible. Especial relevancia tendrá Interpol, puesto que si el condenado tiene causas pendientes en su país de origen, deberá comparecer ante las autoridades correspondientes.
 
Antes de salir de los penales, a los internos se les hará un completo chequeo médico y de identidad, con el fin de descartar lesiones corporales y determinar enfermedades que deben ser tratadas. Asimismo, se les permitirá un solo bolso para sus objetos personales, no irán engrillados y se les dará desayuno, almuerzo u once dependiendo la hora del traslado.
 
Por otra parte a cada condenado se les hará entrega de sus ahorros de dinero, obtenidos por el desarrollo de actividades laborales remuneradas al interior de las cárceles mientras cumplían la sentencia impuesta por los tribunales de Justicia.
 
En el caso de traslados más extensos –como por ejemplo- el de Iquique al paso de Colchane, emplazado a más de 3 mil 600 metros de altura sobre el nivel del mar, llevarán contenedores personales para sus necesidades fisiológicas, lo que evitará detenciones innecesarias en el trayecto.
 
La expulsión de los extranjeros que cumplan con los requisitos puede llevarse a cabo dentro de un plazo de 150 días, contado desde la entrada en vigencia de la ley.

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