Ley Ricarte Soto financiará diagnósticos y pacientes podrán proponer tratamientos

Acogiendo la solicitud de los parlamentarios, el Ejecutivo se abrió ayer a incluir la cobertura de los exámenes de diagnóstico en el proyecto de  ley conocido como Ricarte Soto y que financiará los medicamentos, alimentos y dispositivos que requieren las enfermedades de alto costo

Así lo explicó ayer el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta, confirmando que  se diseñará una enmienda para incluir las pruebas clínicas y que resultan muy costosas para las familias. "El tema es saber cómo se cubrirá", dijo la autoridad.

Burrows añadió que para realizar estas prestaciones "se deben ver los recursos de los que se disponen para satisfacer esa demanda". Hasta ahora, los fondos de esta ley contemplan $ 30 mil millones el primer año; $ 50 mil en el segundo año y $ 100 mil millones en pleno régimen, montos que los senadores también piden incrementar.

Otro punto que se trabajará como indicación es el relacionado con la participación de la sociedad civil en los procesos: ahora los usuarios que necesiten que una nueva patología sea incorporada en el plan, podrán pedirlo al Ministerio de Salud. Además, en el comité de vigilancia del funcionamiento del sistema habrá cuatro representantes de la comunidad.

Según está previsto, las indicaciones serían enviadas hoy a la comisión, para que la iniciativa, que tiene suma urgencia, pueda ser votada  en la sesión especial convocada para esta tarde.

La senadora Carolina Goic (DC) dijo que hay "avance en el proyecto" y valoró que "se financie el diagnóstico, porque esto permite actuar a tiempo para evitar daños mayores".

Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de Pacientes, expresó que "va bien la discusión", debido a que "no se trata de un remedio solamente, sino que conocer qué enfermedad posee una persona, para lo que muchas veces debe enviar sus pruebas fuera de Chile o bien pagar por consultas con especialistas de alto valor".

Umbral

Los senadores habían solicitado definir el denominado "umbral" o monto por el que se entiende que una enfermedad es de alto costo para una familia. El gobierno sostuvo que este ámbito debe ser incluido como referencia general en el proyecto y que  un algoritmo o mecanismo para el cálculo será incorporado en el reglamento de la norma. Dijo que el punto de discusión -con la cartera de Desarrollo Social- es el referido a la definición de los montos percibidos y si se trabajará sobre el concepto de ingresos "medios" (promedio $ 720 mil por familia) o si usará una "mediana" ($ 400.000 como grupo).

Guido Girardi, senador PPD, aseveró que "los recursos necesarios son clave e implican un ahorro para las personas y para el país".

La diputada Karla Rubilar (Amplitud), quien expuso en el Senado como invitada, sostuvo que "no debe ser una ley que salga aprobada para lucirla el 21 de mayo" en la cuenta pública. "Se ha avanzado en algunas áreas, pero no hay claridad sobre el financiamiento, que la Presidenta anunció que sería de $ 200 mil millones", dijo.

El senador Francisco Chahuán (RN) -quien presentó 25 indicaciones a la inicativa- dijo que se debe "sincerar" que en los dineros destinados a la iniciativa "ya se está contabilizando el presupuesto que ya posee Fonasa para cubrir enfermedades raras. Entonces deben ser recursos aparte".

Manuel José Ossandón, senador RN, agregó que "esta ley no se debe votar apurada. Es una irresponsabilidad porque acá se debe financiar a la mayor cantidad de personas posibles y a través de una buena elección".