Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos: "El chileno promedio es racista, clasista y homofóbico, pero está cambiando"

Su anhelo de que el próximo gobierno de Sebastián Piñera no eche pie atrás al Plan Nacional de Derechos Humanos y que se aumente la educación sobre esta materia, son parte de la declaración de intenciones que realizó a la La Tercera la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries.

La autoridad hizo un análisis pormenorizado de este plan, lanzado el viernes pasado en La Moneda, que tendrá una duración de cuatro años y la ciudadanía, a través de Internet, podrá monitorear su cumplimiento. Entre los elementos que más llamó la atención está la elaboración de un estudio para analizar la factibilidad de quitar beneficios a militares (r) condenados por crímenes de lesa humanidad.

¿Qué elemento destaca del Plan Nacional de Derechos Humanos?

Lo más importante es que instala una nueva mirada, que es una mirada de Estado, porque lo que hacemos es trabajar las obligaciones y recomendaciones que se han hecho a Chile en esta materia, y traducirla en acciones. Esta iniciativa tiene una duración de cuatro años y el próximo gobierno tendrá que hacer seguimiento, cumplir el plan y formular un segundo instrumento, que seguramente incorporará otras materias o profundizará sobre las mismas. Y claro, el próximo gobierno podrá modificar algunas cosas, establecer distintas prioridades.

¿Espera que el gobierno de Sebastián Piñera siga esta línea, o existe la posibilidad de que echen pie atrás en este plan?

Creo que sería una oportunidad perdida si lo hacen. Primero, no se trata de una iniciativa de la centroizquierda o la izquierda chilena (...) Yo de verdad no creo que se pueda llegar y sepultar un instrumento que es por ley, tiene un comité interministerial, tiene un sistema de monitoreo, tiene seguimiento y la ciudadanía puede acceder a él libremente.

¿Por qué no se incluyó el tema de la cárcel Punta Peuco y un eventual cierre de ese recinto?

No hay ninguna recomendación de cerrar o abrir un penal. Lo que establece el estándar, en materia de derechos humanos, es que las personas que cometen crímenes de lesa humanidad tienen que ser investigadas, sancionadas y deben cumplir una condena proporcional al daño cometido. Esa es la obligación internacional. Es una facultad administrativa el que las personas cumplan su pena en el penal A, B o C. Por lo tanto, no podría estar en el plan, si bien yo en lo personal entiendo perfectamente la carga simbólica que tiene Punta Peuco para las organizaciones de derechos humanos.

¿Se debería cerrar el penal?

Yo ahí no me voy a pronunciar. Yo tengo mi opinión, pero estoy sujeta a lo que defina la Presidenta. No lo ha hecho, por lo tanto no hay nada que decir. Ella lo tendrá que ponderar (el cierre), como lo hace también el ministro de Justicia, que es la autoridad administrativa a cargo, si los factores que se ponderan dan para cerrar o no Punta Peuco.

¿Cuál es su postura sobre Punta Peuco?

No se la puedo decir, pero ya lo dije internamente en el gobierno por las vías correspondientes.

Otro tema del plan es la inmigración. En este sentido, un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló que el 68% de los chilenos está a favor de limitar el ingreso de extranjeros y dos tercios se siente más blanco que las personas de países vecinos. ¿Cree que el chileno promedio es racista?

El chileno promedio es racista, es clasista, es homofóbico, pero son todas cosas que están cambiando gracias a la gente más joven. Esto se encuentra generalmente en los sectores de adultos mayores y en los sectores menos educados. Por lo mismo, la educación en derechos humanos será un factor clave para que vayamos caminando de manera conjunta.

¿Qué le parece la Ley Antiterrorista chilena? ¿Cumple con los estándares internacionales?

No. Eso ya lo planteó en su primer año de gobierno la Presidenta Bachelet, y en el mensaje de la propia ley se establece que una de las razones para legislar en torno a esto es que no cumple con estándares. En ningún país las leyes antiterroristas, y eso es un consenso, incluyen delitos contra la propiedad. Y si lo constituyen, es de propiedades que tienen un valor estratégico, como el agua potable. Sí se requiere un cambio y encontrar una definición que nos deje tranquilos a todos y a todas.

¿Qué le parece la aplicación de esta ley a comuneros mapuche? El Ejecutivo se ha querellado contra personas de esa etnia invocando esta figura.

En el gobierno concurren distintas opciones y opiniones. Finalmente se decide de una manera. Yo hago mis reparos o apoyos por los canales regulares. Recuerde que en el último caso (los acusados por el ataque al templo evangélico que estuvieron en huelga de hambre) hubo un retroceso en la aplicación de la Ley Antiterrorista, por lo que también hay una evaluación caso a caso.