Los costos del bienestar

Aunque la cátedra recomienda no debatir en períodos electorales temas de largo plazo y gran complejidad técnica, está claro que la reforma al sistema de pensiones será parte de la actual campaña electoral. El gobierno anunció su proyecto esta semana, Sebastián Piñera ya había anticipado las orientaciones del suyo y es probable que otros candidatos también quieran clavar sus propias banderas en el tema.

Básicamente, la propuesta gubernativa considera, una vez en régimen, un incremento de 5% de la cotización de los trabajadores con cargo a las empresas. De ese porcentaje, que sería administrado por una nueva entidad estatal, un 3% iría a cuentas individuales para mejorar la pensión futura de cada trabajador, y el 2% restante, a un fondo solidario, para mejorar desde ya las pensiones más bajas.

El planteamiento de Sebastián Piñera es distinto. Contempla una cotización adicional, también de cargo de los empleadores, pero solo de entre el 3% y el 4%, que iría directamente a las cuentas individuales administradas por las AFP. Su propuesta para elevar de inmediato las pensiones más bajas va asociada, en lo fundamental, a un fuerte incremento del aporte estatal al sistema solidario de pensiones, desde el actual 0,7% del PIB a una cifra que supere el 1%, en un plazo gradual, de forma de aumentar en un 30%-40% la pensión básica solidaria, que es la que reciben quienes nunca cotizaron, y el aporte previsional solidario, que complementa las pensiones bajas de quienes algún ahorro acumularon.

Obviamente, son muchas las implicaciones envueltas en estas iniciativas. Están en juego, entre otros factores, consideraciones de equidad, de legitimidad del sistema, de urgencia social y de viabilidad política. El proyecto del gobierno, si bien les perdona la vida a las AFP, las deja al margen de la reforma, porque estas instituciones cargarían con el peso de una mala evaluación por parte de la ciudadanía, por mucho que -como reconoció el ministro de Hacienda- hayan hecho bien su trabajo. La propuesta de Piñera, en cambio, se vale de las AFP, aunque consulta ajustes para facilitar los traspasos, estimular la participación de los trabajadores, compartir los riesgos y pérdidas del manejo de los fondos entre afiliados y administradoras y permitir inversiones en activos de mayor rentabilidad, como obras de infraestructura.

Es difícil concebir una red de proyección social robusta si no se proveen nuevos recursos y si este esfuerzo, dado que no hay margen para otra cosa, no proviene de las personas.

Va a ser interesante la manera en que la campaña entre a estos temas. Porque de lo que se estará discutiendo es cuánta seguridad social efectiva, cuánto Estado de bienestar puro y duro quiere el país. Ya se sabe que los estados de bienestar no son gratis. Hay que financiarlos, y es un simplismo creer que los impuestos a las empresas o a los más ricos se pueden subir indefinidamente. Entre otros factores, ese error fue el que terminó pulverizando en los últimos tres años el dinamismo que tenía la economía chilena y está claro que no hay espacio para seguir en esa dirección.

En ese sentido, la propuesta gubernativa no deja de ser interesante viniendo de un gobierno de izquierda. Al concebir sobre la base del 2% de cotización adicional un fondo solidario para elevar las actuales pensiones, el proyecto compromete a todos los trabajadores con el bienestar de los pensionados que están peor. Se trata en realidad de un impuesto a la solidaridad. El problema es que la fórmula no es muy justa, porque hace recaer el costo sobre los trabajadores dependientes, eximiendo del esfuerzo a los sectores rentistas o gente de ingresos altos que tal vez nunca entró al sistema de pensiones. Ahí hay una distorsión que posiblemente dividirá las aguas en la discusión parlamentaria.

Pero el principio que inspira la fórmula gubernativa podría ser sano. Si queremos un país más solidario, sería lógico que todos nos metiéramos la mano al bolsillo. Nunca tendremos una red muy robusta de protección si no se proveen nuevos recursos y si ese esfuerzo, dado que no hay mucho margen para otra cosa, no proviene de las personas. Es lo que, bien o mal, hace este proyecto, indirectamente quizás, de manera segregada y un tanto oblicua, porque lo que les quita a los cotizantes proviene, en principio al menos, del aporte del empleador. Pero en esa dirección progresa. El director del CEP, Harald Beyer, desde hace tiempo que viene recordando que la recaudación del impuesto a las personas en Chile llega apenas al 1,4% del PIB. El promedio en los países de la Ocde -ha dicho- es un 8% y la distancia tiene una explicación muy simple: en Chile, el impuesto a la renta grava sólo a las personas que están en la parte más alta de la pirámide de ingresos y exime a todas las demás. Por supuesto que alterar esta correlación implicaría impopularidad para cualquier gobierno que la propusiera. Pero es con este tipo de dilemas -no con discursos mesiánicos ni con palabrería igualitarista- que se debe hacer la política.