Los desafíos del proceso de paz en Colombia tras la entrega de armas de las FARC

El martes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) proclamaron su "adiós a las armas", terminando con uno de los capítulos más sangrientos de la historia colombiana y de la región. "Adiós a la guerra, adiós a las armas. Bienvenida la paz", fueron las palabras pronunciadas por el líder del grupo rebelde, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, desde Mesetas, donde hace más de medio siglo se instaló y consolidó el centro de operaciones de la guerrilla más antigua del continente. Acompañado del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, Timochenko proclamó lo que es considerado un hito dentro del proceso de paz que busca poner fin a un conflicto que ha dejado más de 260.000 muertos.

La misión de la ONU certificó el lunes que la guerrilla entregó 7.132 armas individuales en las 26 zonas donde en estos momentos están concentrados los ahora ex combatientes. Sin embargo, ahora se abren nuevos y complejos desafíos para la implementación total del proceso de paz.

En abril de 2016, The Economist aseguró -citando a una fuente secreta del gobierno colombiano- que los activos de las Farc podrían alcanzar los US$ 10.500 millones. No se tiene precisión sobre el poderío económico de la guerrilla, pero este tema ha sido foco de un arduo debate en Colombia. Como parte de los acuerdos, las Farc deberán entregar el 1 de agosto una lista de bienes con la que financiaban su lucha armada. Este consolidado será comparado con el que ya tiene en su poder la Fiscalía General de Colombia, obtenido tras el análisis de millones de archivos. Los bienes serán utilizados para reparar a las víctimas, financiar programas de reinserción a la vida civil y para el pago de los sueldos que recibirán los guerrilleros reincorporados durante dos años.

Pero también estará destinado al centro de pensamiento del nuevo partido político de las Farc. Este detalle ha sido el principal punto de discordia. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha sido uno de los más críticos con este punto, ya que asegura que la guerrilla podría terminar financiándose su propio partido con recursos obtenidos de manera ilegal.

Las zonas veredales de transición, donde se encuentran reunidas las Farc para comenzar su reinserción en la vida civil, tendrán vigencia hasta el 1 de agosto. Tras esa fecha, esas 26 zonas pasarán a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Será aquí donde los ex miembros de la guerrilla se preparen para volver a la vida civil a través de procesos de formación técnica.

Arsenales clandestinos

Se estima que hay 900 depósitos clandestinos (llamadas caletas) repartidos por todo el territorio de control de las Farc, con todo tipo de armamento y municiones. Esto ha supuesto todo un obstáculo para el proceso de desarme de la guerrilla.

También significa un enorme desafío para Naciones Unidas, el organismo encargado de supervisar el proceso de dejación de armas, porque significa encontrar y acceder a cada una de las caletas para extraer el armamento y destruir los explosivos. Hasta el momento, sólo 77 han logrado ser destruidas. El plazo para la destrucción de estas caletas se extendió hasta el 1 de septiembre.

El 20 de julio comienza el semestre legislativo en el Congreso y el gobierno de Santos se prepara para sellar la implementación normativa del acuerdo con las Farc. El Ejecutivo espera no repetir los tropiezos que en las últimas semanas han obstaculizado la paz. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, tendrá la labor de encabezar el diálogo con las distintas bancadas de los partidos políticos. La tarea no sea fácil. A mediados de mayo, la Corte Constitucional rechazó dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, el llamado "fast track", una iniciativa aprobada en diciembre que crea un procedimiento especial para expeditar las reformas legales y constitucionales que se derivan de los acuerdos de paz.

El "fast track" no sólo permitía acelerar el proceso, ya que reduce a la mitad los debates en el Congreso, sino que también otorgaba facultades especiales a Santos para expedir decretos relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz.

Según Santos, hasta ahora se ha cumplido con el 80% de las normas que dan la seguridad jurídica para terminar el desarme e iniciar la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Sin embargo, aún faltan temas clave, como la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la justicia a la que tendrán que acudir los guerrilleros, militares y civiles que hayan tenido algún vínculo con el conflicto. De este tema depende el avance del desarme y la reinserción de los guerrilleros. Pero la medida provoca malestar en varios sectores, como en el Centro Democrático liderado por el senador y ex Presidente Alvaro Uribe. Su sector asegura que el acuerdo de paz le da demasiadas concesiones a los guerrilleros.

El acuerdo de paz le garantiza a la guerrilla cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara Baja. El 20 de agosto las Farc realizarán un nuevo congreso, donde lanzarán su partido político.