Más de 1.600 colegios duplicarían gastos de arriendo si optan por comprar sus recintos

Un total de 1.607 colegios particular subvencionados  con fines de lucro, que alberga una matrícula de 480 mil alumnos, no estaría en condiciones de asumir la compra de la infraestructura  donde actualmente hacen clases,  de aprobarse  tal como está el proyecto de ley que pone fin al lucro, copago y selección. Esta fue una de las conclusiones del estudio realizado por la Fundación Acción Educar que consideró a todos los colegios agrupados como sociedades comerciales, urbanos y que declararon a la Superintendencia de Educación en 2012  incurrir en gastos por concepto de arriendo y adquisición de inmuebles y muebles.

Según el análisis, estos colegios, que representan el 58% del total de recintos con fines de lucro, destinan hoy el 11% de la subvención a arriendos y el posible retiro de utilidades (excedentes). El proyecto de ley pretende mitigar esta alternativa a través de la compra o autocompra de los recintos por medio de dos opciones: crédito bancario o la  adquisición de la propiedad con cargo a la subvención. Para esto último el gobierno ha establecido como valor de compra  el 11% del avalúo fiscal dividido por 12 cuotas y en un plazo de 25 años. Es decir, se descuenta directamente de los fondos que entrega el Estado a los recintos para la educación de los menores.

Con  esta última fórmula, según el estudio, estos 1.607 colegios derivarían al menos un 21% de los fondos estatales entregados a la compra de los establecimientos. Es decir, casi el doble de lo que hoy gastan por arriendos.

"Estos colegios se verían afectados porque van a tener que destinar más recursos desde la subvención para mantener la calidad de infraestructura que actualmente tienen, lo que significa un perjuicio porque ese dinero tendrá que retirarse de otras áreas como  son el sueldo de los profesores, por ejemplo", explica Raúl Figueroa, director de Acción Educar.

Comprar colegios

El avalúo fiscal de una propiedad corresponde a cerca del 60% del valor comercial. En esa lógica, Acción Educar -considerando un estudio del año 2012 del Mineduc- sacó cuentas de cuánto podría ser el costo de adquisición de un establecimiento. Un colegio de enseñanza básica y con 558 alumnos, por ejemplo, costaría, en promedio, más de $ 2 mil millones. El costo anual sería de  $ 133 millones, que representa al menos el 21% del total de la subvención, según Figueroa (ver infografía).

Para el experto "no se cumple el propósito del proyecto, sino que se genera una carga adicional que va en perjuicio de los proyectos educativos, ya que se esperaba que con el fin al lucro los recursos se destinarían sólo a educación, pero resulta que se destinará más dinero para mantener la infraestructura".

Una opinión que comparte el presidente de la corporación que reúne a los dueños de colegios particular subvencionados (Conacep), Hernán Herrera: "Echamos de menos estudios respecto al impacto que podrían tener estos cambios. Nos hubiera gustado ver estudio previos a la implementación, porque lo único que se está haciendo es ratificar el miedo de los sostenedores, quienes piensan que no podrán seguir proveyendo  de educación bajo las reglas del proyecto de ley".

Otro de los puntos que inquietan a los sostenedores es que el avalúo fiscal está desfasado respecto al verdadero valor comercial. "El ministro ha dicho que se reevaluarán las propiedades pero no sabemos si él miente o no sabe porque en el proyecto - que se aprobó en la Cámara - dice que se consideraran los avalúos fiscales a junio del 2014".