Ministro de Justicia pone en duda proyecto sobre prisión preventiva

El 27 de septiembre pasado, el ministro del Interior, Mario Fernández, anunció la elaboración de un proyecto de ley que modificara y limitara los criterios para el uso de la prisión preventiva como medida cautelar. Esto, en el marco de la huelga de hambre que en ese entonces llevaban por más de 100 días cuatro comuneros imputados del caso Iglesia.

Pese que en aquella oportunidad incluso solicitó el apoyo del Congreso para "aprobar con celeridad" esta modificación, la certidumbre en torno a este cambio fue puesta en duda este martes por el ministro de Justicia, Jaime Campos.

La autoridad se reunió con el consejo del proyecto Inocentes, instancia liderada por la Defensoría Penal Pública (DPP), que tiene por objetivo revisar casos en que hubo causal de error al momento de imputar o condenar a una persona. En esta reunión fue consultado por el defensor nacional, Andrés Mahnke, sobre las posibilidades de que se presente el proyecto dado a conocer por su par de Interior.

"A esta altura no puedo asegurar nada", indicó el secretario de Estado, quien advirtió que ello depende de que "se alineen todas las partes" involucradas en el tema. Campos añadió que "el problema es convencer. Hay posiciones distintas, visiones distintas. Desgraciadamente, el mundo no es monótono, los gobiernos tampoco".

No obstante, ocurra o no la presentación del proyecto, sostuvo que se trata de una discusión que no se puede aplazar, además de considerar que se han dado "señales claras" de apoyo al respecto. "Sea en este Parlamento o en el próximo, esto no puede pasar del siguiente periodo", señaló.

En la cita, la autoridad también anunció su decisión de no materializar un posible cambio del Código Penal, al afirmar que no haría el intento de impulsar "algo que sé no prosperará", pese a las gestiones que dijo haber realizado cuando asumió el cargo.

"Los académicos no se han puesto de acuerdo. Si ellos no lo hacen, cómo pedírselo a los políticos", argumentó.

"Para este sistema es más fácil privar de libertad a una persona durante la investigación que en un juicio oral ad portas de una sentencia condenatoria", dijo tras la reunión el defensor nacional, Andrés Mahnke.

La autoridad ha sido uno de los principales impulsores del cambio a la cautelar más severa del sistema, al enfatizar que la práctica actual "altera las reglas de un sistema equilibrado, que respete el debido proceso, la presunción de inocencia y permita el ejercicio del derecho a defensa".

Según la Defensoría Penal, entre 2007 y 2017, el número de personas investigadas que son privadas de libertad aumentó del 21% al 36%. Mientras la cifra de encarcelados en etapa previa por cada 100 mil habitantes aumentó de 63,1% en 2007 a 88,8% en 2017.

En el caso de los adolescentes, la institución afirma que el 72% de los jóvenes privados de libertad en etapa de investigación no culminó con la misma sanción. En adultos, entre enero y septiembre de este año, el 51% que estuvo en prisión preventiva durante la indagatoria terminó con una pena efectiva.