ONG de derechos digitales rechazan uso de naves no tripuladas

En 2015, la Corporación Fundamental, Derechos Digitales y Fundación Datos Protegidos presentó un recurso de protección en contra de las municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes por implementar el uso de globos de vigilancia. Sin embargo, la Corte Suprema finalmente permitió que estas comunas pudieran utilizarlos, garantizando que solo grabasen en lugares públicos, que las imágenes sean borradas luego de 30 días y que todo ciudadano pueda tener acceso a los videos.

Ahora estas organizaciones analizan la propuesta de la alcaldesa Evelyn Matthei, quien anunció el uso de drones como medida disuasiva de la delincuencia. Respecto del problema de invadir la privacidad, la edil afirmó en TVN que no se harán registros en zonas residenciales y que en la actualidad las personas ya están expuestas a ser grabadas por vecinos desde sus balcones.

Una opinión distinta tienen las ONG, las que coinciden en que el uso de estos aparatos vulnera la intimidad de los vecinos y que Chile carece de una regulación adecuada para el uso de estos aparatos. "Estamos en un terreno muy desregulado y nacen dudas sobre la legalidad de la medida y de las facultades que tiene la municipalidad para ocupar estos sistemas en la prevención de los delitos", afirmó Romina Garrido, directora ejecutiva de Fundación Datos Protegidos. Garrido agregó que esta medida "es altamente intrusiva" y que la efectividad debe ser demostrada mediante estudios serios que justifiquen "por qué se está tomando esta opción, y no poner más guardias o más cabinas de seguridad".

Por su parte, Tania Busch, de Corporación Fundamental, afirma que la efectividad de los videos como medio de prueba podría terminar siendo ilegítimas debido a que "no queda claro que las grabaciones sean de lugares públicos".

En tanto, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la organización Derechos Digitales, dijo que el uso de los drones en Providencia "es más grave que el caso de los globos de Lo Barnechea y Las Condes" y que esta medida representa un "problema democrático" para el país. "Cada vez que existe un sistema de vigilancia indiscriminado que vulnera a los habitantes, las municipalidades tratan de convencernos de que espiar es una nueva normalidad, y esa idea es profundamente peligrosa no solo para los vecinos, sino también para el Estado democrático de derecho". Viollier agrega que "estamos realizando los estudios necesarios para tomar las medidas legales que se requieran para proteger a los vecinos".