ONG en pugna con el ISP por permiso para fármaco de marihuana

Molestia existe en Fundación Daya por la decisión del Instituto de Salud Pública (ISP) de rechazar un permiso provisorio para la distribución del producto "cannabiol solución oleosa" para el tratamiento del dolor crónico, decisión que se formalizó a través de dos resoluciones que se emitieron el 21 y 24 de agosto del 2017.

Las solicitudes las realizó el laboratorio Knop que trabaja con Daya en el desarrollo de fármacos en base a cannabis y que hoy son parte de estudios clínicos que han sido aprobados por el ISP, pero que aún no concluyen.

Ana María Gazmurí, directora ejecutiva Fundación Daya, explica que la decisión de solicitar un permiso provisorio surgió debido a que los estudios clínicos toman mucho tiempo, por la demanda que crece en torno a estos medicamentos y la aparición de un mercado negro.

"Empezamos a investigar qué caminos más rápidos, mientras se hacen los estudios clínicos, podíamos tomar para dar una respuesta a los pacientes. Sabemos que un fármaco de Knop, desarrollado con buenas prácticas de manufactura es un producto infinitamente más seguro que todo lo que se encuentra en el mercado negro, que es tremendo y que sí significa un riesgo sanitario para los pacientes", advierte Gazmurí, quien agrega que en el mercado informal han detectado productos con hongos y hasta con aceite de oliva.

Daya denuncia que la decisión del ISP frena la entrega gratuita de 10.000 unidades de un fitofármaco en base a cannabis a 1.500 pacientes de 14 municipios.

Trato igualitario

Frente al reclamo, el ISP emitió ayer un comunicado en el que hizo un llamado al Knop para presentar un nuevo estudio clínico para abarcar nuevas patologías para el dolor crónico, ya que el protocolo para estudio clínico vigente contempla sólo el dolor oncológico, afirmó Alex Figueroa, director del organismo. La medida permitiría ampliar el número de personas que reciben los fármacos, pero en el marco de estudios clínicos.

"Lo importante es que la gente sepa que los estudios que se hacen en Chile son serios y que los medicamentos que se prueban deben tener una efectividad comprobada para ser registrado y posteriormente comercializados", enfatizó Figueroa.

Gazmurí dice que esperan que la ministra de Salud Carmen Castillo intervenga en esta controversia, ya que asegura que no piden nada distinto a lo solicitado por el laboratorio Tilray, que obtuvo un permiso temporal para comercializar sus fármacos.

"Es importante que los chilenos sepan que los fármacos canadienses que están en la farmacia no tienen los estudios clínicos ni tienen el registro y le dieron permiso, eso es lo que estamos cuestionando. No nos parece mal que lo hayan hecho con ellos, lo que nos parece mal es la discrecionalidad", afirma Gazmurí.

Según el ISP, Tilray, representada por Alef Biotechnology, presentó antecedentes respaldados por Health Canada (Autoridad Sanitaria de Canadá) y solo se le permitió el ingreso excepcional de una cantidad acotada de unidades.