Parlamento libio pide una intervención de la ONU ante la escalada de violencia
Los diputados tomaron la decisión debido al sistemático rechazo de las partes en conflicto a deponer las armas y sentarse en la mesa de negociaciones.
El nuevo Parlamento libio, surgido de las elecciones del 25 de julio, ha solicitado hoy una intervención inmediata de la ONU para proteger a los civiles ante el continuo deterioro de la seguridad en Trípoli y en Bengasi, donde milicias rivales se enfrentan desde hace semanas.
Los diputados hicieron un llamamiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que intervenga "urgentemente" en el país con el objetivo de proteger a la población y a las instituciones del Estado.
Según indicó a Efe el diputado Fatah Alah al Saiti, la petición ha contado con el apoyo de 111 de los 124 diputados presentes en la sesión, celebrada en la localidad de Tobruk (este), donde el Congreso de los Diputados libio se reúne desde su constitución.
Lejos de la violencia de la capital, los legisladores delegaron en la presidencia de la Asamblea tomar las medidas necesarias con el objetivo de facilitar dicha intervención.
Según la agencia de información libia WAL, los diputados han realizado esta petición debido al sistemático rechazo de las partes en conflicto a deponer las armas y sentarse en la mesa de negociaciones.
En unas declaraciones a Efe, el analista político Mohamed Al Rakiai consideró que el hecho de pedir una intervención de la ONU en Libia es un acto de "irresponsabilidad" que muestra la "incapacidad" de la Asamblea de resolver los conflictos internos del país.
Para Al Rakiai, una intervención extranjera puede empujar al país a una situación aun peor que la que está viviendo en la actualidad, con milicias rivales enfrentándose en las dos principales ciudades libias.
El pasado mayo, tropas leales al general sublevado Jalifa Hafter se alzaron en armas en la localidad oriental de Bengasi contra las milicias islamistas que operan en la ciudad.
Cientos de personas, entre ellas numerosos civiles, han perdido la vida en los combates, que han deteriorado gravemente la vida en la ciudad, testigo de una oleada de asesinatos desde el comienzo de la transición política en 2011.
Antes de que las autoridades lograran resolver la crisis estallada en Bengasi, el pasado 13 de julio, las milicias de la ciudad de Misrata presentes en la capital lanzaron una ofensiva bautizada como operación Al Fayer (Amanecer) para hacerse con el control del aeropuerto internacional de Trípoli.
Casi un mes después de este ataque, el aeródromo continúa en manos de milicias de Zintán, situada al suroeste de la capital, que administran el aeródromo desde 2011.
Los choques han causado cerca de 200 muertos y han forzado la huida de miles de personas que han abandonado las zonas de los combates, que se concentran en los barrios del sur y del suroeste de la capital.
El rápido deterioro de la seguridad llevó a numerosos países a repatriar a sus ciudadanos y a evacuar al personal diplomático por temor a un empeoramiento de los combates.
El nuevo Parlamento, que no es reconocido por la clase política y ante todo por su ex presidente Nuri Abu Sahmin, que lo ha calificado de inconstitucional, también ha decretado hoy la disolución de "todas las milicias ilegales" que operan en el país.
Según dijo a Efe el diputado Isa Al Aribi, las milicias tienen de plazo para deponer las armas hasta el próximo 31 de diciembre.
Al Aribi explicó que la iniciativa de los congresistas incluye la integración de todos los milicianos en el incipiente Ejército Nacional, incapaz de interponerse entre los combatientes e incluso dividido entre su lealtad al Parlamento y a las milicias sublevadas.
El anuncio del Parlamento se produce también un día después de que la Misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) condenara "con firmeza", una vez más, la continuación de los combates en Trípoli y en Bengasi, a pesar de sus repetidos llamamientos al cese "inmediato" de las hostilidades.
La misión de la ONU también mostró su rechazo al aumento del número de muertos y heridos entre los civiles y expresó su profunda preocupación por el desplazamiento de miles de familias, la disminución de suministros médicos y la destrucción de viviendas e infraestructuras.
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