Perú inicia cambios a su legislación para garantizar libre tránsito en zona económica

Este domingo a través de una publicación en el diario oficial de Perú, se concretará una de las primeras modificaciones a la legislación de ese país con miras a la implementación del fallo de La Haya.

A través de un decreto supremo enviado por el Ejecutivo, se ajustará parte del Reglamento de Capitanías, norma que regula el trabajo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y donde se establecen, entre otros puntos, los permisos marítimos que exige Perú para acceder a su denominado "dominio marítimo".

El objetivo de este cambio, aseguran fuentes chilenas y peruanas, es garantizar la libre navegación en las 188 millas náuticas que el derecho internacional -a través de la Convención del Mar- establece como zona económica exclusiva y que en la actualidad Perú define como mar soberano, restringiendo el libre tránsito.

Así lo hizo saber la delegación peruana de manera informal a sus pares chilenos el jueves en el marco de la reunión del 2+2, encuentro que de manera extraordinaria se reunió para abordar la implementación del dictamen de la corte y que encabezaron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países Alfredo Moreno y Eda Rivas y los de Defensa Rodrigo Hinzpeter y Pedro Cateriano.

El tema fue abordado específicamente en la comisión de confianzas mutuas, una de las tres instancias en que se agruparon las delegaciones de ambos países.

La revisión de la normativa interna fue uno de los puntos más críticos del extenso cónclave desarrollado en la Cancillería en calle Teatinos.

Diplomáticos presentes en la reunión explicaron que tanto Chile como Perú llegaron al encuentro con duras posturas frente a la interpretación del párrafo 178 del dictamen. Ahí se explicita que si bien Perú no es parte de la Convención del Mar, se comprometió, a través de sus agentes, a que el término "dominio marítimo" acuñado en su legislación es compatible con el derecho internacional, el que establece 12 millas de mar territorial, donde se ejerce soberanía, y 188 millas de zona económica exclusiva en las que hay libre tránsito entre los países.

Sin embargo, en la actualidad, Perú -al no ser firmante de la Convemar- exige permisos para ingresar a dicha zona, algo que Chile también hace con embarcaciones peruanas a modo de reciprocidad.

La postura chilena, incluso previa al encuentro, apuntaba a la necesidad de que Lima reconociera los límites del derecho internacional y que para ello era necesario que modificara su normativa interna. Punto que debía ser incluido en el documento que emanara de la reunión. Por otro lado, Perú fue firme al plantear que no incluiría menciones a ese punto en la declaración conjunta, pues se trataba de asuntos internos.

Tras una serie de intercambios, se acordó incluir en el texto un párrafo en el que se establece que "cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiere ser inconsistente con el fallo" y que procederán a "adecuar dicha normativa de conformidad con dicho fallo".

Además concluyeron las fechas para la definición de las coordenadas y una cita del 2+2 a fines de marzo.

El canciller Moreno abordó ayer el tema en una intensa ronda de entrevistas que dio antes de partir junto al Presidente Piñera a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Colombia.

"El fallo no obliga a Perú a ingresar a la Convemar, lo obliga a que su normativa interna tiene que ser plenamente consistente con lo que señala la Convemar", dijo el ministro.