Potash Corp pone en duda que SQM "colabore" con Ministerio Público

La colaboración que espera el Ministerio Público de parte de SQM en el marco de la investigación que lleva adelante por presunto financiamiento irregular de campañas políticas, fue puesta en duda ayer por Potash Corp (PCS), sociedad canadiense que posee el 32% de la minera no metálica chilena y que hasta el martes tenía tres representantes en el directorio de la empresa.

"Ha quedado claro que dada nuestra posición minoritaria y disidente en el directorio, somos incapaces de asegurar que se realice una investigación apropiada o que SQM colabore efectivamente con la fiscalía", dijo PCS en un comunicado.

Por eso, la canadiense decidió sacar de la mesa directiva a Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre, quienes renunciaron a SQM el martes por la noche.

Según PCS, sus representantes exigieron "una investigación exhaustiva, transparente e independiente a la empresa", sin embargo, el directorio de SQM no autorizó "una revisión que cumpla los estándares que esperamos, a pesar de los consistentes esfuerzos de nuestros representantes".

En esa línea, la canadiense explicó que la decisión respondió a que "las enfáticas peticiones de nuestros directores a SQM para que cooperara plena y voluntariamente con las autoridades competentes, en particular en el caso de la solicitud de entrega voluntaria de información hecha por la fiscalía, han sido rechazadas por la mayoría del directorio".

Investigación interna

SQM respondió anoche que está haciendo gestiones para esclarecer los hechos. En un comunicado detalló que el directorio de la compañía "oportunamente inició las investigaciones pertinentes y luego formó un comité ad hoc para realizar una investigación exhaustiva e independiente, al que le entregó toda la autoridad y recursos necesarios para llevar a cabo su labor".

En esa línea, agregó que dicha instancia ha estado trabajando y "ha contratado las asesorías independientes en el país y en los EE.UU. y continuará manteniendo informadas a las autoridades regulatorias".

Además, la empresa agregó que como parte de sus gestiones en el marco de la investigación, despidió a su gerente general, Patricio Contesse González y entregó voluntariamente al Servicio de Impuestos Internos (SII) la información que había sido solicitada por el Ministerio Público.

Hasta la SEC

Parte de las "enfáticas peticiones" a las que hace alusión PCS tienen que ver con un hecho que venía debatiéndose hace semanas en el directorio de SQM: informar en Estados Unidos sobre eventuales pagos irregulares a políticos o candidatos, dada la condición de emisor de ADR de la compañía chilena.

Lo anterior obliga a la empresa, dicen abogados que han seguido el caso, a someterse a la Foreign Corrupt Practices Act, que castiga los pagos irregulares de empresas que coticen valores en Estados Unidos incluso fuera de ese país. Esa Ley ha permitido castigar numerosos casos, como el de Siemens en 2011 en Argentina, por el uso de sobornos para retener un contrato gubernamental; y el Goodyear Tire & Rubber Company en 2014, por sobornos en Kenia y Angola.

En el directorio de SQM, la posición del bando liderado por Julio Ponce era que la Ley en cuestión castiga casos de soborno y cohecho; no aportes a candidatos en campañas electorales ni uso de boletas o facturas irregulares, por lo que no correspondía llevar el caso a EE.UU..

La postura de PCS, en tanto, era radicalmente distinta y sostenían que, aunque no se presentaran los antecedentes requeridos por la fiscalía en Chile, la sociedad y sus directores se exponían a graves incumplimientos si no abrían esa información en EE.UU.

De hecho, según publicó ayer El Mostrador, en la reunión de directorio del lunes pasado los representantes de Potash habrían planteado la necesidad de seguir la recomendación de la firma estadounidense Shearman & Sterling, de elaborar un informe independiente sobre el vínculo de SQM con el financiamiento de campañas políticas, para ser entregado a la Security and Exchange Comission (SEC). La negativa del resto del directorio, habría gatillado finalmente la renuncia de los representantes de PCS.