Preparan juicio por corrupción a ex políticos y empresarios durante gobierno de Lula en 2005

La Corte Suprema de Brasil juzgará desde este jueves a los 38 sospechosos del mayor escándalo de corrupción política de dicho país, que estuvo a punto de tumbar el gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y desnudó a toda una clase dirigente que estará en el banquillo de los acusados.

En el "juicio del siglo" -como lo llama la prensa- el Supremo Tribunal  Federal juzgará a 38 ex ministros, ex diputados, empresarios y banqueros involucrados en una presunta red de compra de votos en el Congreso orquestada por el Partido de los Trabajadores (PT, en el gobierno desde hace 10 años)  entre 2002 y 2005.

Conocido como el 'mensalao' (gran mesada), el caso inmortalizó una de las  prácticas más enquistadas en la política brasileña: el pago de favores  políticos.

Los implicados -todos libres- deberán responder por un sofisticado plan  para comprar apoyos de la coalición en el Congreso bajo el primer gobierno de  Lula (2003-2007) y saldar cuentas de la campaña electoral de 2002 que lo llevó  al poder, según la fiscalía.

Fundador y líder del PT, Lula fue excluido de la causa penal y aunque el  escándalo estalló un año antes de la campaña electoral, consiguió ser reelecto  hasta 2010.

Sin embargo su partido, que conserva el poder con Dilma Rousseff, perdió  dirigentes históricos y la bandera contra la corrupción que alzó desde su  origen. Y el costo podría extenderse a las elecciones municipales de octubre.

"MENSALAO"
El "mensalao" es un juicio a "un gobierno que se inclinó por mecanismos ilegales para mantener su base aliada en el Congreso", y su resultado será  "visto como una señal de castigo o tolerancia" a los políticos corruptos, dijo a AFP Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getulio Vargas.

"Es una ventana de oportunidad para que Brasil señale de manera creíble qué  tipo de sociedad quiere tener: instituciones fuertes, independientes, capaces  de castigar a quien se desvía, o si será siempre la sociedad que acomoda  intereses", indicó Pereira, autor de varios artículos sobre el tema.

Los 38 acusados deberán responder por peculado, lavado de dinero,  corrupción y fraude, delitos por los que podrían purgar penas de hasta 45 años  de prisión. Se espera que las primeras sentencias se conozcan a mediados de setiembre.

El juicio involucra a dirigentes de larga data del PT, incluidos tres ex  ministros: José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y  Anderson Adauto (de Transportes), y casi una docena de ex congresistas de cuatro partidos que conformaron la base aliada de Lula. 

El caso estalló en 2005, cuando el entonces diputado aliado Roberto  Jefferson, molesto por una mala repartición del poder, reveló a la prensa la  existencia de un esquema de corrupción en el PT.

El esquema del "mensalao" funcionaba a través de un publicista dueño de  varias empresas, Marcos Valerio de Souza, que logró contratos para realizar  campañas del gobierno.

Los recursos no utilizados en esas campañas eran entregados a  parlamentarios o sus asesores, al tiempo que de Souza contraía préstamos con  bancos privados y públicos que iban a parar a los cofres del PT.

No existe un cálculo de cuánto dinero pudo ser desviado, pero fueron  "millones de reales", según la fiscalía.

El ex tesorero del PT y una de las piezas clave del caso, Delubio Soares,  negó el pago de mensualidades a los parlamentarios pero reconoció que pudo  incurrir en un delito electoral al no registrar todos los recursos que  ingresaban al partido. Soares -el único de los procesados que admite alguna responsabilidad, los  demás se declaran inocentes- fue expulsado del PT en 2005 y readmitido el año  pasado. Lula, por su parte, negó siempre que supiera de la existencia de dicho esquema, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas.

"No hubo compra de votos en el Congreso, tampoco hubo pago -ni mensual ni  de cualquier título- a parlamentarios para votar a favor del gobierno", dijo el  PT en un comunicado previo al juicio.

El juicio a los dirigentes del PT deja en evidencia las debilidades  inherentes al sistema político brasileño, como la financiación privada de las  campañas y el costo de las alianzas para gobernar, pues ningún partido puede  lograr por sí solo mayoría parlamentaria.

"Lula ganó las elecciones, pero para gobernar necesitó armar una coalición  con varios partidos de centro y derecha que lo que necesitaban era dinero para  pagar las deudas de la campaña. Y así se fusionaron los dos problemas", dijo  Carlos Felix de Melo, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad  Federal de Minas Gerais.