Presidente Asociación Gremial Taxis Ejecutivos de Chile: "El proyecto de ley Uber tiene aspectos de inconstitucionalidad"

Un "frenazo" al proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas como Uber y Cabify quieren poner los taxis ejecutivos, pues consideran que las exigencias establecidas en la iniciativa por el Ejecutivo no son similares a las de otros actores del transporte. Por esto, estudian presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este se pronuncie sobre la legalidad de esta futura ley.

Víctor Mella, presidente de la Asociación Gremial de Transporte de Taxis Ejecutivos de Chile (Agettech), entidad que agrupa a radiotaxis y automóviles que trabajan directamente con empresas, señala que se vulneran derechos que consagra la Carta Fundamental: "No se respeta la igualdad de condiciones para todos los sectores y de propiedad", aclara. La agrupación reúne a una flota de 3.500 automóviles de pequeños y medianos empresarios, por lo que cree que el gobierno debería tomar en cuenta su visión.

¿Por qué consideran ir a la justicia para de tener el proyecto si estas son una realidad?

Este es un mal proyecto, hecho a la ligera, por lo que es inconstitucional. Hay desigualdad ante la ley: la actividad que realizamos los taxis está regulada a través del congelamiento de la flota, exigencias de seguros adicionales y una tarifa acordada con la autoridad. Funcionamos con un taxímetro, con tramos regulados y conocidos por los usuarios. En cambio, vemos que empresas como Uber tienen una tarifa "dinámica" arbitraria, que se puede aumentar hasta seis veces. Esto es fijado por ellos como privados.

Usted alude a que se vulnera el derecho a propiedad...

Esto sucede porque en 2015 participamos en una licitación con las mismas condiciones para funcionar en la Región Metropolitana en un perímetro de exclusión. Entonces somos concesionarios como taxistas y tenemos un derecho para trabajar en la capital. Pero estos automóviles ligados a las plataformas ni siquiera tienen la exigencia de postular. Tenemos un derecho adquirido como parque regulado, pero hoy también lo tienen otros. Esto genera un daño patrimonial.

Pese a los reparos de su sector, la autoridad dice que estas firmas deben ser normadas. ¿Qué piensa de eso?

Este es un proyecto hecho a la medida de ellos. En la iniciativa se consigna que el Ministerio de Transportes no tiene información sobre cuántos son los automóviles y socios conductores que laboran en esta actividad. ¿Por qué el gobierno legisla sobre un sector que no conoce? Pensamos que es por la presión de estas empresas multinacionales que tienen un alto patrimonio que incide en estas decisiones. Recordemos que esta futura ley no contempla tampoco el pago de impuestos en Chile y eso es un contrasentido. Lo primero para emparejar la cancha es que estas firmas paguen tributos por este tipo de servicios. Estamos evaluando acciones legales tanto en el TC como también ante la justicia, con el fin de que seamos reparados económicamente por esto.

La iniciativa sí aborda aspectos como que los choferes sean profesionales y que haya vehículos de alto estándar...

No se puede comparar a una persona con licencia profesional con un conductor novato que trabaja en estas plataformas. En cuanto a los automóviles de alto estándar, no está claro de qué se trata, qué año deberán tener o si tienen exigencias ambientales.

Los taxis básicos primero se opusieron al proyecto, pero hoy lo apoyan. ¿Cómo ve eso?

Ellos no querían ampliar el parque, pero esto sucederá. Entonces, no entiendo por qué están de acuerdo, si los afecta. Imagino que es por el fondo que se implementará.

El gobierno indica que estas compañías serán fiscalizadas de la misma manera que se hace con el transporte legal.

La autoridad no tiene la capacidad de fiscalizar, porque son 200 inspectores para 50 mil vehículos. ¿Cómo los controlarán? ¿Funcionará este registro de plataformas? Creemos que, en el caso que se apruebe una norma, estos vehículos deberán tener un color o distinción adecuada. De lo contrario, no pueden ser fiscalizados sin una patente especial, como lo hacen con nosotros. Vemos que en nueve años no se ha monitoreado el Transantiago, ¿cómo se abordará esto?

¿Propone que se congele el parque?

Estamos abiertos a discutirlo. Pero se debe plantear que se sumarán más vehículos en una ciudad congestionada y contaminada, lo que no es soportable. Dicen que ellos deberán pagar por kilómetro recorrido, pero eso es complejo de fiscalizar y no existe una entidad que pueda hacerlo de buena manera.