Presidente de BCE insiste en imponer sanciones políticas a países del bloque con déficit excesivo
Trichet defiende junto a Alemania que las nuevas sanciones para los países que no cumplan con los objetivos económicos incluyan penalizaciones de tipo político, como la suspensión de los derechos de voto en el Consejo de la UE.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, pidió hoy "ambición" en la reforma del sistema europeo de gobernanza económica y ha defendido la imposición de sanciones financieras y políticas a los países que no cumplan con la disciplina presupuestaria.
Trichet, sin embargo, reconoció en una comparecencia ante el Parlamento Europeo que ese tipo de penalizaciones podrían necesitar de una reforma de los Tratados.
"Idealmente, un salto espectacular en el refuerzo de la gobernanza económica en la UE y la zona euro requeriría un cambio de Tratado", ha opinado.
Por ello, considero que, antes, la UE debería también "explotar al máximo las posibilidades de legislación secundaria bajo el actual Tratado".
"Algunas sanciones pueden expandirse fácilmente con el Tratado y otras podrían ser más difíciles", ha opinado.
El BCE defiende junto a Alemania que las nuevas sanciones para los países que no cumplan con los objetivos económicos incluyan penalizaciones de tipo político, como la suspensión de los derechos de voto en el Consejo de la UE.
"Son sanciones no financieras, pero que tienen un impacto muy grande", ha destacado hoy Trichet, quien ha considerado que hay que analizar si requieren modificar las actuales normas comunitarias.
Asimismo, el presidente del BCE ha defendido una mayor atención al parámetro de la deuda pública, junto al del déficit, hasta ahora el único factor por el que se sanciona a los Estados miembros.
"Hasta ahora el criterio de la deuda ha estado muy olvidado y debemos tener en cuenta los dos juntos, deuda y déficit", ha insistido Trichet.
Algunos países, como Italia y Bélgica se oponen a que la deuda sea un factor vinculante a la hora de amonestar a los países.
Los Veintisiete tratarán esta semana de desbloquear la negociación sobre la gobernanza económica, atascada precisamente por el nuevo sistema de sanciones y el papel que debe atribuirse a la deuda de los países en el procedimiento de infracción.
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