Un preso al día muere en las abarrotadas cárceles de Brasil

El episodio supuso la segunda mayor masacre en la historia carcelaria de Brasil tras la ocurrida en 1992 en un centro de detención de Sao Paulo, conocido como Carandiru, en la que murieron 111 reclusos. Esta vez la sanguinaria cacería emprendida el 1 de enero pasado por presos del grupo criminal Familia do Norte contra miembros del Primer Comando de la Capital en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim en Manaos, se saldó con 56 muertos, la mayoría de ellos decapitados y descuartizados.

La masacre perpetrada en esta prisión de la capital del estado de Amazonas dio inicio a una espiral de violencia en otros recintos carcelarios de Brasil, que dos semanas después ya suma 106 reos muertos. Esta cifra ya equivale a cerca del 28% del total registrado en todo 2016. Según el diario Folha de Sao Paulo, el año pasado se contabilizaron al menos 372 asesinatos -un promedio de una muerte al día- en las prisiones del país.

En relación a la población carcelaria nacional, que hoy supera los 600 mil reos, la tasa de asesinatos en las penitenciarías es de 58 por cada 100 mil personas. La marca supera, por ejemplo, la de todo el estado de Sergipe, el más violento del país en homicidios (53,3 por cada 100 mil habitantes), según el último Anuario Brasileño de Seguridad.

Pero junto a la violencia de las bandas criminales que "hoy dominan dentro de muchas prisiones de Brasil", según explicó a La Tercera César Muñoz, investigador senior de Human Rights Watch Brasil (ver entrevista), las últimas masacres registradas en Manaos y Roraima también han vuelto a evidenciar las pésimas condiciones del sistema penitenciario brasileño, con graves problemas de hacinamiento y seguridad.

En entrevista con la revista Istoé, Renato de Vitto, jefe del área de fiscalización carcelaria del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), resumió así los que, a su juicio, son los mayores problemas del sistema penitenciario brasileño: "Son tres. La falta de prioridad para la política carcelaria, el déficit de cupos -que causa sobrepoblación y está en la raíz de buena parte de los problemas- y el déficit de gestión".

Con 646.000 presos, lo que supone un 63,88% más de su capacidad, según datos del CNJ, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.

Otro problema destacado por un estudio del Consejo Nacional del Ministerio Público es la falta de separación entre los presos. En 2015, sólo el 10% de las prisiones separaban a los presos primerizos de los reincidentes; 22% por peligrosidad; y apenas un tercio aisló a los grupos o facciones criminales de los demás reclusos.

También resulta preocupante la permanencia de los presos provisorios en la cárcel. De acuerdo con el CNJ, 244 mil presos, el 37,85% del total, son provisorios, es decir, personas que aún no han sido juzgadas. Al respecto, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Cármen Lúcia Antunes, pidió un "esfuerzo concentrado" a los estados para que aceleren el análisis de los procesos penales de los presos.

A juicio del presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB), Claudio Lamachia, "el sistema presidiario está en colapso", según dijo a Folha de Sao Paulo. "Es preciso invertir en la construcción de cárceles regionalizadas, menores, donde haya un mayor control", insistió. De acuerdo a un informe del CNJ al que tuvo acceso el diario O Estado de Sao Paulo, para terminar con el déficit actual de más de 251 mil cupos en el sistema penitenciario, sería necesaria una inversión de, al menos, 10.000 millones de reales (US$ 3.100 millones). Según el periódico, al año se crean 1.650 nuevos cupos. A ese ritmo, serían necesarios 151 años para revertir la sobrepoblación carcelaria.

Días después de la masacre en Manaos, el Presidente brasileño, Michel Temer, y su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, anunciaron una serie de medidas para intentar reducir la crisis, la más importante de ellas, el gasto de US$ 135 millones para construir más cárceles y mejorar la seguridad de las ya existentes.

Sin embargo, la secretaria especial de Derechos Humanos, Flávia Piovesan, quien es subordinada del ministro de Justicia, afirmó que la construcción de prisiones es apenas una medida de "corto plazo" que no resuelve la crisis en el sector.