Punto de quiebre en la antesala de una elección

Por más de dos horas tras el almuerzo, el jueves 20, los ministros del comité político del gobierno de Michelle Bachelet hicieron una catarsis pocas veces vista en Palacio.

En las oficinas del Ministerio del Interior, Mario Fernández, Nicolás Eyzaguirre y Marcelo Díaz dieron rienda suelta a las emociones y rabias acumuladas en la semana por las duras críticas recibidas desde la Nueva Mayoría por el manejo de los problemas generados a raíz de la crisis en el padrón electoral, que podrían afectar a casi medio millón de personas durante la jornada electoral de hoy.

Apenas 24 horas antes, la Mandataria había realizado un ajuste de gabinete que, en vez de disipar la tensión, acrecentó las quejas sobre el desempeño del equipo político de La Moneda y terminó por sincerar el profundo quiebre que existe entre el gobierno y una parte significativa de la dirigencia oficialista, en plena antesala de una elección municipal cuyos resultados podrían resultar gravitantes para proyectar la Nueva Mayoría.

A puertas cerradas, los tres miembros del comité político -el cuarto, el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, está fuera de Chile- intercambiaron impresiones de sus jornadas y coincidieron en que el gobierno vive su peor momento con los dirigentes oficialistas. "No hay coalición", fue una frase recurrente en el análisis ministerial, al mismo tiempo que las quejas por la falta de lealtad, por la convicción de que los dirigentes partidarios preferían tapar los conflictos internos de sus colectividades golpeando al Ejecutivo y que parte del bloque actúa más como si fuera de la oposición se tomaban las conclusiones de los ministros.

Los dardos apuntaban por igual a timoneles de partidos, los presidentes del Senado y de la Cámara, como a los jefes de bancadas de la Nueva Mayoría.

Los reclamos a la falta de interlocución en las directivas partidarias y el Parlamento, que no eran capaces de mantener y sacar adelante acuerdos, también eran parte de las recriminaciones de Fernández, Díaz y Eyzaguirre, quienes recordaron los numerosos traspiés que sufrió el gobierno poco tiempo atrás con el proyecto de ley para elegir a los gobernadores regionales.

Esa tarde de catarsis en el despacho de Fernández -atizada porque parte importante de la Nueva Mayoría resentía públicamente que en el ajuste ministerial reciente no se tocara al comité político de La Moneda- se tomó la decisión de un nuevo trato en la relación con el oficialismo.

Sin ocultar su enojo -el que, según afirmaron en La Moneda, comparte la propia Presidenta Bachelet, quien siguió por TV el debate en el Congreso y las intervenciones de los parlamentarios oficialistas-, los tres ministros delinearon algunas de las medidas que se podrían aplicar en las semanas que vienen, las que -en privado- anuncian que impactarán en el Parlamento, como la aplicación de urgencias legislativas y la disminución del trabajo prelegislativo, así como en la discusión futura del Presupuesto 2017. "Estamos dispuestos a que se expongan las diferencias y que resuelva el Congreso", dijo uno de los ministros del comité político.

Punto de quiebre

Fue la noche del lunes 17, afirman en La Moneda, cuando se rompieron las confianzas.

Esa noche, cerca de las 20 horas, y cuando era evidente que no existía el apoyo necesario para aprobar el proyecto de ley exprés propuesto por el Servel y patrocinado por el Ejecutivo para intentar resolver los errores en el padrón electoral, que afectan a más de 463 mil personas, los ministros Fernández, Eyzaguirre y Díaz se reunieron en dependencias del Senado, en Valparaíso, con 12 senadores y diputados de la Nueva Mayoría, entre ellos las presidentas de la DC y el PS, Carolina Goic e Isabel Allende; el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara, Osvaldo Andrade, para buscar una salida.

Tras un áspero debate -en el que los parlamentarios dejaron en claro que no estaban dispuestos a que se les traspasara parte de la responsabilidad de este escándalo-, el comité político accedió a retirar el cuestionado proyecto a solicitud de los parlamentarios oficialistas. Así, aseguran en Palacio, se afinó con los congresistas un minucioso libreto de lo que se diría y quiénes tendrían las vocerías para minimizar el daño a la imagen del gobierno. El objetivo era culpar a la oposición del fracaso del proyecto de ley exprés.

Pero nada de eso se cumplió, reclaman en Palacio. Apenas finalizada la reunión, salieron desde el oficialismo a pegarles con fuerza al gobierno y al comité político, exigiendo que se asumieran responsabilidades políticas no sólo por las desprolijidades del Registro Civil y el Servel, sino por la falta de liderazgo y de conducción para abordar esta crisis.

Al día siguiente, cuando La Moneda oficializó el retiro de la iniciativa, las quejas de la Nueva Mayoría, lejos de blindar al Ejecutivo, fueron creciendo y se dirigieron con fuerza hacia los ministros, en particular a Eyzaguirre.

Hasta entonces, el gobierno se había negado a asumir como propio un conflicto que, en La Moneda, insisten, debió haber resuelto mucho antes el Servel, dada la autonomía constitucional de la que goza desde abril pasado.

Renuncias cruzadas

El martes 11, en medio del fuego cruzado entre el Registro Civil y el Servel por las responsabilidades en el cambio de domicilio electoral de casi medio millón de ciudadanos, el director del Registro Civil, Luis Acevedo, llamó a su superior jerárquica, la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco, para presentar su renuncia. "Sería injusto asumir responsabilidades políticas antes de que se determine quiénes son los responsables de este error", fue la respuesta que recibió el abogado y militante DC.

Acevedo, cercano a la llamada disidencia que encabezan Jorge Pizarro, Yasna Provoste y Aldo Cornejo, había asumido el cargo en octubre de 2015, con la prioridad de terminar el paro de funcionarios que se prolongó por dos meses. Según ha asegurado, recién en diciembre pasado supo de los problemas de información que existían con el Servel y en enero de 2016 tomó cuatro medidas para intentar corregir las fallas que se registraban.

Antes de presentar por primera vez su dimisión, Acevedo ordenó un sumario administrativo al interior del Registro Civil y, de acuerdo con las instrucciones que recibió de la ministra Blanco, afirmó que "había responsabilidades compartidas entre el Registro Civil y el Servel".

El jueves 13, Acevedo fue al despacho de la ministra Blanco y puso por segunda vez su cargo a disposición. La ministra de Justicia -sin embargo- le pidió nuevamente que se quedara. El director del Registro Civil tomaría otro resguardo.

El lunes 17, casi a la misma hora en que la ley exprés caía en el Congreso, dejando al comité político en una delicada situación, Acevedo se reunió en secreto con la directiva DC, a quienes presentó un detallado informe, con todas las medidas que había adoptado en el año de gestión a cargo del organismo para tratar de mejorar el traspaso de información con el Servel y solucionar el problema de los cambios automáticos e inconsultos de domicilios electorales.

La DC decidió, entonces, blindar al directivo, tanto así que el senador Jorge Pizarro poco después se reunió con el ministro del Interior en el Congreso y oficializó -en medio de las tratativas por la ley exprés- que la falange tenía la convicción de que Eyzaguirre debía dejar su cargo. Fue el primer indicio de que la relación gobierno-Nueva Mayoría no terminaría bien al concluir la semana.

Aunque la DC no quería que alguno de sus filas pagara los costos, desde ya hacía unos días -el jueves 13- que la situación ya era insostenible para la aún ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Ese día, Blanco habló por teléfono con la Presidenta Bachelet y -también por primera vez- le presentó su renuncia. Cercanos a la hoy ex ministra aseguran que la conversación que tuvo con la Mandataria reflejó la estrecha relación que ambas construyeron desde que Blanco entró a trabajar en la campaña presidencial, cuando se hizo cargo de una de las vocerías de su comando presidencial. Bachelet se resistió a dejar caer a su ministra, tal como lo había hecho meses antes, cuando la titular de Justicia enfrentó una acusación constitucional por la muerte de menores en el Sename y las críticas por el manejo de las irregularidades en las pensiones abultadas en Gendarmería.

Al día siguiente, Blanco volvió a hablar por teléfono con Bachelet y dejó una vez más en el aire la posibilidad de su salida. De esas conversaciones nada supieron los miembros del comité político. Tampoco se enteraron de lo que pasaba el martes 18 en el despacho presidencial, mientras el equipo de gobierno hacía frente a las críticas del oficialismo que exigía, cada vez con más crudeza, que rodaran cabezas en el equipo político por el bochorno de la fallida ley exprés.

Ese día, poco después del almuerzo, Blanco llamó a Bachelet. Tras una breve conversación con la Mandataria, cruzó la calle Morandé y se dirigió al Palacio de La Moneda para hablar personalmente con la Jefa de Estado. Fueron 20 o 25 minutos, señalan asesores de la ex titular de Justicia. Pero bastaron para sellar su destino. "Hay que dar una señal política para protegerla, Presidenta", aseguran que le dijo.

Blanco creyó hasta el último minuto que se iría sola del gabinete. Recién cuando entró a La Moneda, el miércoles 19, poco antes de las 16 horas, se enteró de que el ajuste de gabinete incluiría, además, a uno de los ministros mejor evaluados del gobierno, el titular de Energía, Máximo Pacheco, quien dejaba el gobierno para asumir la coordinación de la campaña presidencial de Ricardo Lagos, y al de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.

Nada de eso estaba en los libretos de ninguno de los miembros del comité político.

Tampoco era la fórmula que había planteado el ex Presidente Lagos, cuando semanas antes le pidió a Bachelet que dejara ir a Pacheco para potenciar su campaña presidencial. El ex mandatario, afirman algunos de sus colaboradores, buscaba dar un golpe comunicacional antes de las municipales, por lo que había pedido que el ex ejecutivo de una papelera transnacional y militante socialista saliera solo y no en un cambio de gabinete más amplio, lo que podría reducir el efecto comunicacional.

Críticas al Servel

El miércoles 19 en la tarde, tras el cambio de gabinete, los miembros del comité político se reunieron brevemente en La Moneda para analizar el impacto de la derrota sufrida en el Congreso con el retiro de la ley exprés y del ajuste ministerial. Los ministros debieron admitir a sus pares que ninguno sabía de los cambios hasta pasadas las 13 horas, cuando éstos eran ya evidentes.

La falta de visión política, que les reprochan desde el oficialismo, tampoco les permitió vislumbrar a tiempo la magnitud de la crisis del padrón.

Sólo a fines de la semana pasada, a días de la elección municipal, habían decidido intervenir.

El jueves 13, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, y la aún ministra de Justicia, Javiera Blanco, se reunieron en La Moneda con el presidente del consejo del Servel, Patricio Santamaría, para ver el tema. Esta sería una de las últimas intervenciones de Blanco en la crisis, pues a partir de entonces la secretaria de Estado fue marginada por sus pares del comité político, para evitar que el foco siguiera en el tema de las responsabilidades políticas y no en las soluciones.

Fuentes del Servel aseguran que ellos llevaban tres días analizando alguna alternativa. Con el padrón electoral definitivo cerrado por ley en agosto, no había ninguna posibilidad de enmendar los errores por vía administrativa, pese que el gobierno insistió hasta último minuto en que evaluaría esa vía.

Fue Fernández quien les pidió a los consejeros del Servel llevar a La Moneda una propuesta legal a más tardar el sábado 15. Ese día, Santamaría llegó a Palacio con un texto elaborado por el experto electoral de la UDI Andrés Tagle.

El hecho de que Tagle lo hubiera redactado y que hubiera sido aprobado de manera transversal por el consejo hizo suponer a los miembros del comité político que contaba con la venia de la oposición. Fue un grave error.

El domingo 16, los presidentes de los partidos de Chile Vamos le dejarían en claro que no apoyarían el proyecto. El más duro fue el timonel de la UDI, Hernán Larraín, quien pidió que asumieran las responsabilidades políticas en el comité político. El timonel gremialista -quien ofició de vocero de la oposición- pidió la salida de Acevedo, Blanco y "de Segpres". Eyzaguirre estaba en la mesa y guardó silencio.

Para entonces, el enojo de La Moneda también alcanzaba a los miembros del consejo del Servel, por no haber tomado medidas mucho antes, más aún cuando el propio ente electoral, que cuenta con autonomía constitucional desde abril pasado, había hecho público cinco oficios enviados por su director al Registro Civil, en los que advertían un aumento de "entre cinco a 10 veces superior" en los cambios de domicilios electorales, lo que hacía concluir que había un serio error en el registro de la información de este último organismo, la que coincidía con el cambio del software empleado para la confección de cédulas de identidad y pasaportes de septiembre de 2013. El primero de esos oficios es del 3 de julio del 2014.

Pese a la magnitud del problema, en las actas de sesiones del consejo del Servel de 2014 a inicios del 2016 no se discutió el tema, ni se aprecia que se hayan tomado medidas para subsanar el problema.

Miembros del consejo del Servel admiten que el organismo estuvo sometido estos años a fuertes tensiones que desviaron la atención de los consejeros. La discusión de la Ley de Autonomía y la negociación por nuevos recursos; la nueva Ley de Financiamiento de la Política y las nuevas atribuciones para fiscalizar; la renuncia del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre; los problemas en la inscripción de primarias de la Nueva Mayoría, entre otros, coparon gran parte de los debates al interior de la entidad. A eso se suma el año pasado la larga enfermedad y muerte de su director, Eduardo Charme, que desvió aún más la atención sobre el tema.

En privado, en el Servel admiten que el personal del organismo pensó que podría resolver el tema, por lo que no se activaron las alertas suficientes para evitar una crisis.

En el Registro Civil, en tanto, reconocen que hubo una demora injustificada en responder a los oficios del Servel, que pedían desde hace tres años rectificar la información que enviaban para la confección del padrón electoral.

Acevedo llevaba apenas tres meses a cargo del Registro Civil cuando el 1 de diciembre de 2015 llegó a sus manos el oficio 1970 del Servel. El texto lo sorprendió. No sólo daba cuenta del grave problema que afectaba a ciento de miles de electores a los que se les había cambiado su domicilio electoral de manera ilegal, por un error informático, sino también especificaba los oficios que el Servel había enviado desde 2014 sin obtener respuesta.

Acevedo se comunicó entonces con la directora del Servel, Elizabeth Cabrera, y le propuso varias medidas para solucionar en adelante los problemas detectados, entre ellas la creación de una mesa técnica entre los dos organismos y la creación de una web service que sería entregada al Servel para que todas las personas revisaran y rectificaran en línea su domicilio electoral.

El 15 de enero de este año, Acevedo envió el memo 50 a todas las oficinas del Registro Civil, reiterando las instrucciones a todos los funcionarios sobre la forma en que se debía proceder cuando una persona manifestaba cambiar el domicilio electoral.

Menos de 20 días después, a través del oficio 70, el director del Registro Civil formalizó las acciones que le había propuesto a la jefatura del Servel para abordar las inconsistencias en la información sobre cambios de domicilio electoral. Entre los compromisos que adquiere el Registro Civil está enviar a partir del segundo semestre de este año al Servel una copia de las colillas firmadas por las personas al solicitar el cambio de domicilio electoral, lo que permitiría un mayor control de estas modificaciones.

La web service quedó lista el 3 de marzo, pero el Servel nunca la utilizó.

Pese a ello, el 12 de julio, el Registro Civil y el Servel firmaron un convenio de cooperación, para mantener un sistema interoperatividad entre los dos organismos, que permitiera revisar en línea los antecedentes de cada elector. Daba la impresión de que las cosas entre las dos entidades comenzaban a normalizarse. No fue así.

Al día siguiente, el escándalo de los miles de cambios de domicilio de los electores se hizo público y el Servel acusó al Registro Civil de ser el responsable.

En medio del escándalo, la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, citó el 13 de julio pasado a una reunión en La Moneda a la que asistieron los directores y equipos técnicos del Registro Civil y del Servel.

Fue en esa reunión que Acevedo solicitó al Servel los RUT de cada uno de los 481.758 casos que según el ente electoral tenían problemas para hacer una nueva revisión de los datos. El resultado fue aún más sorprendente. Según el Registro Civil, en el 59,18% de éstos, los domicilios que tenía anotado el Servel no coincidía con la información que le había enviado el Registro Civil. Había, además, un problema entre los sistemas informáticos de los dos organismos que los hacía incompatibles. Fue en ese momento, aseguran en la Segpres, que se le ofreció ayuda técnica al Servel, pero el organismo la habría rechazado.

Ahora, las responsabilidades penales y administrativas están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Contraloría General de la República, en una crisis que ha terminado por quebrar las relaciones entre La Moneda y la Nueva Mayoría en la antesala de las elecciones municipales, la segunda medición de fuerzas electorales que enfrenta el bloque oficialista.