Raúl Letelier: "La tradición del CDE está llena de políticos"

Nunca había hablado con la Presidenta Michelle Bachelet, por lo que su llamado telefónico del lunes 13 sorprendió por completo a Raúl Letelier Wartenberg. La Jefa de Estado comunicó al abogado que lo nominaría como consejero del CDE en la vacante que días antes había dejado el hoy ex presidente del organismo, Juan Ignacio Piña.

A diferencia de la nominación que lo antecedió, la de la ex ministra Javiera Blanco, la designación de Letelier no provocó mayor polémica. Aunque tampoco tiene experiencia como litigante en tribunales, uno de los principales cuestionamientos que se le hizo a Blanco, este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile ha estado siempre ligado al CDE, primero como abogado y hoy como asesor. "Todos los abogados que trabajan en el servicio tienen las legítimas aspiraciones de poder llegar a ser consejeros, pero el CDE es bueno concebirlo como un gran estudio jurídico, el más grande del país, que para defender los intereses del Estado debe tener varios perfiles de abogados en el que cae uno más académico, uno de abogado litigante puro y también otro más político o que pueda planificar estrategias", sostiene.

¿Le hizo daño al CDE la polémica por Blanco y que se viera al organismo como un destino para "pagar favores políticos"?

Que la gente pueda creer eso, claro que provoca un daño a la imagen de la institución, pero esa afirmación es falsa. Los nombramientos polémicos han sido pocos y, claro, en ellos lo que se castiga es el hecho de haber participado en el gobierno que los nombra. Pero la tradición del CDE está llena de políticos. Hay buenos políticos, políticos relevantes, que han sido ministros y que luego han estado en el CDE.

¿Está de acuerdo, entonces, con esa nominación?

El problema es que la gente asocia que una persona por ser político no tiene conocimiento de experto. Eso es lo que ha dañado a las instituciones, que cada vez que va un político a un lugar se piensa que se produce una especie de contaminación. Estando devaluada la política se piensa que se puede contaminar de alguna manera cualquier lugar, pero eso es falso. No es correcto.

¿Considera injusto lo que pasó con la ex ministra Blanco?

Llegar a ser ministra de un gobierno requiere un currículum. No es que los presidentes pongan a cualquier persona a la cabeza de los ministerios, requiere ciertas habilidades: manejos de equipo, coordinar grupos, conocimiento jurídico, legal (dependiendo del ministerio) y creo que la Presidenta habrá considerado bien todos estos elementos para proponerla a ella y, supongo, que elige correctamente, porque valora todas estas habilidades. Es positivo que haya personas distintas.

Llega a un CDE que está en el centro de las críticas, con iniciativas legales que buscan que su rol sea exclusivo, por ejemplo...

Hay que desmitificar que los consejeros tengan poco trabajo. Tienen a su cargo las causas más importantes del CDE, hay muchos juicios que atienden personalmente, con ayuda de otros abogados, pero los dirigen ellos. Es muy necesario revalorizar el trabajo del CDE, es decir, el CDE es un servicio de abogados, es un staff de abogados que su principal objetivo es custodiar férreamente, y eso lo hacemos todos de manera muy eficiente, el erario público para sean otros los que, en buenas cuentas, deciden cuáles son los objetivos de justicia social que quieren concretizar, cuáles son las políticas que quieren implementar en salud, educación, etc. Somos un servicio accesorio y por eso es que superamos en buenas cuentas la lógica de derecha o izquierda: nosotros no defendemos al Estado de derecha o al Estado de izquierda de manera indistinta, lo que hacemos es defender al Estado.

Usted tiene 42 años. ¿Se ve hasta los 75 años en el CDE? ¿Le parecen estos cargos sin límite?

La no existencia de limitación de edad es de alguna forma una garantía de independencia para el CDE. Para que el Consejo actúe persiguiendo a funcionarios que han cometido delitos de corrupción. Es cierto que se pueden buscar otras formas para garantizar esa independencia sin tener que asegurarle a esa persona un trabajo por demasiados años, porque claro... hasta los 75 es algo excesivo. Pero también hay que entender que la idea es que ese consejero no se transforme en el abogado del Presidente o el gobierno de turno, la gracia del CDE es que defiende al Estado, con independencia si el gobierno es de izquierda o de derecha. Defiende las atribuciones estatales, las prerrogativas del Estado. Custodia el patrimonio estatal con independencia de quién democráticamente ha sido elegido para distribuir ese dinero.

¿Cuál sería su periodo ideal?

Me parece que ocho años, como el fiscal nacional o el contralor.

¿Y respecto de la facultad del Presidente? Porque también eso ha estado en discusión, que la Mandataria designa a dedo...

Los nombramientos son muy complicados. A veces uno los ve como que involucrar a otro poder del Estado da garantía de algo, pero eso es lo menos que hace. Por ejemplo, cuando uno involucra al Poder Legislativo, eso quiere decir que uno está dispuesto a politizar el nombramiento. Quiere decir que un grupo de parlamentarios se va a poner de acuerdo, entonces si hay dos consejeros, entonces parece razonable en un país tan binominalizado como este, que vaya uno de la derecha y uno de la izquierda. Eso genera que no se elija a las personas más calificadas. La cooperación entre muchos órganos a veces no es la forma más ideal.

¿Prefiere el actual sistema?

La gracia que tienen los nombramientos de un solo poder es que éste tiene que dar muchas explicaciones cuando nombra y eso genera una buena rendición de cuentas a los ciudadanos sobre quién fue la persona que nombró. Eso es positivo, porque cuando se cuotea y van unos de un lado a otro al final no produce escrutinio público, porque está dividido todo. En cambio, esto otro no, esto genera más rendición de cuentas.

¿Y ante la crítica de que pese a la alta remuneración no es un trabajo exclusivo?

Esa crítica no la comparto. En muchos lugares del mundo es así, porque lo que se requiere es que el CDE capture a los mejores abogados de cada una de las plazas y eso supone que ellos van a seguir en sus asuntos, siempre y cuando eso no colisione con las obligaciones del Estado. Los problemas se originan cuando se está muy cerca de la litigación contra el Estado y con los intereses que los propios consejeros defienden en el CDE. En eso hay que tener cuidado.

¿Hay conflictos de interés entre lo que hace un consejero y lo que puede hacer su oficina de abogados?

Puede haber conflictos de interés, pero lo que suele suceder es que los abogados consejeros se inhabilitan. Los problemas pueden surgir cuando ya son demasiadas las inhabilidades, que uno diga 'bueno, al final se pasa en inhabilidades'. Ahí hay que tener cuidado, eso es algo que el propio Consejo tiene que custodiar. Pero, insisto, la completa exclusividad no la veo provechosa.

¿Usted tiene alguna inhabilidad?

No, ninguna.

¿Ni de naturaleza familiar?

No, ninguna. Estoy totalmente alejado del poder, no tengo ningún vínculo con nadie. Soy un profesor universitario y los profesores tenemos vidas más apacibles y menos vinculadas con las redes de poder.

Sin embargo, usted es muy cercano a un precandidato presidencial, el socialista Fernando Atria. ¿Cómo es su relación?

Ambos somos profesores en la Universidad de Chile. Fernando trabaja en el área de la Teoría del Derecho, yo trabajo en el Derecho Administrativo. Tenemos oficinas cerca, somos amigos hace años.

¿Usted es socialista también?

Soy socialista. Juntos ayudamos a crear el Proyecto Puentes, un conjunto de grupos de profesores que estábamos a favor de la asamblea constituyente y de reconstruir la mejor tradición constitucional chilena de la Constitución del 25 y sus reformas. Hemos hecho acciones activistas en ese sentido, dentro de los cauces institucionales que tiene este país. Lo que queremos es tener una asamblea constituyente, modificar la Constitución.

¿Le pidieron del CDE morigerar sus tuits y que cuando escribiera cartas y columnas desligara al organismo?

Sí. Cuando firmamos la carta, este manifiesto por la asamblea constituyente y después escribí unas columnas en pro de la AC, alguna vez me pusieron que era asesor del Comité Contencioso Administrativo del CDE y eso no cayó bien.

Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a limitar también? Porque a contar del martes, sí va a ser parte del CDE, un consejero...

No voy a dejar de emitir opiniones como ciudadano. Aquí hay una mala comprensión de la participación en la política. En la política en el sentido no partidista. O sea, uno quiere que el país vaya en una dirección y no por el hecho de ser funcionario público uno debiese abstenerse de eso. La imagen errada de la ciudadanía, y de la política en general, incluso de los mismos políticos, es que por el hecho de ser un funcionario público uno va a privilegiar a la gente que piensa como uno y eso es lo más contrario a cualquiera de las ideas, de derecha o de izquierda, que sea más o menos coherente. Eso, privilegiar al otro, ¡se llama delito! Está fuera del ámbito de la política.

¿Y qué es política para usted?

La política es pensar que la distribución de los recursos debe ser de una determinada manera; la sociedad debe ser pensada de una determinada manera. Hay una errónea comprensión de pensar de que porque uno tiene ideas políticas no puede ser funcionario público o los funcionarios públicos no pueden hablar de política. Eso es errado.

¿No se va a inhibir, va a seguir opinando en redes sociales, en cartas...?

Voy a opinar como un ciudadano. Ahora tengo que tener más cuidado con los casos que vamos a ver, porque esos tienen estrategias que hay que custodiar, intereses que hay que verificar, procesos que son más largos que es necesario investigar. Pero lo que pienso en materias de reforma constitucional, en cómo tiene que ser organizada la salud, las pensiones, eso es parte de la ciudadanía. Siempre he sido muy crítico de las isapres, no voy a dejar de serlo.

Una vez tuiteó que la discusión de la nueva Constitución generaba temor... ¿Por qué cree que pasa eso?

Pasa eso porque conversar sobre la Constitución es volver a pensar sobre los pactos básicos, sobre la legislación de aguas, sobre la salud, sobre el sistema de pensiones. Eso genera algo de inestabilidad en un statu quo que es juzgado como injusto. Los que han sido beneficiados por mucho tiempo por ese statu quo sienten temor a que sus ganancias se rebajen, que la facticidad se termine, que el poder que antes tenían por mucho tiempo se disminuya y eso genera temor. Diría que es positivo, me gusta, porque altera un statu quo que es juzgado por la ciudadanía como injusto, como incorrecto.

Al parecer, lo que fue una promesa de este gobierno del cambio constitucional no se va a concretar. ¿Qué opina?

Siempre he sido un ferviente partidario del cronograma que estableció la Presidenta para la discusión constitucional. La participación que hubo en los encuentros locales la encontré maravillosa. Juntarse en una casa a discutir, a repensar el pacto más básico es un ejercicio que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Me parece positivo que haya ahora la posibilidad de que se reforme la Constitución para que el Congreso siguiente pueda pronunciarse sobre las vías que la propia Presidenta estableció, una de las cuales -que es la que yo adhiero- es la asamblea contituyente.

¿Cuál va a ser su sello en el CDE?

Conozco al CDE hace mucho tiempo y me he dedicado casi toda mi vida al Derecho Administrativo. Dentro de éste, soy un profesor que tiene una especial sensibilidad ante lo comunitario. Al contrario de muchos otros colegas, estoy convencido de que las sociedades de bienestar en general no se logran exclusivamente a punta de derechos individuales, sino que es necesario comprender la comunitariedad, y el Estado en buena cuenta encarna ese sentido de lo común.

Eso da cuenta de una visión de Estado con menos límites...

Si uno esta pensando en una sociedad de bienestar no puede sino pensar en la figura del Estado. Uno no puede pensar al Estado como ese órgano que hay que limitar constantemente. Muchos de mis colegas piensan que el Derecho Administrativo limita al Estado, en cambio, yo creo que eso pierde de vista el hecho de que el Estado construye derechos también, operativiza ciertas cosas y para eso necesita facultades, para eso necesita poderes. Soy un defensor de que se custodien y se potencien bien ese tipo de poderes, de direccionar los procesos sociales antes que la limitación. Ese es mi gran aporte de siempre, creo yo, al CDE.