Siguen las denuncias: reportaje de Ciper afirma que al menos un tercio de los diputados pagaron por informes con plagio

Luego del remezón que provocó un reportaje de radio Biobío sobre los pagos que efectuó el senador Alejandro Guillier por informes encargados a asesores externos y que contenían plagios de información gratuita disponible en los portales del mismo Congreso -y que derivó en una pugna entre el Senado y la fiscalía por la intención del Ministerio Público de abrir una investigación a fondo-, ayer los cuestionamientos se ampliaron a la Cámara de Diputados.

Según se afirma en un reportaje de Ciper Chile, al menos 40 diputados -es decir, un tercio del total- pagaron por informes que contienen plagio parcial o total.

La lista abarca a prácticamente todos los bloques políticos. Entre los parlamentarios individualizados en el artículo figuran los DC Gabriel Silber y Roberto León, los UDI Claudia Nogueira y Gustavo Hasbún, la diputada PC Camila Vallejo, el PS Osvaldo Andrade y el radical Carlos Abel Jarpa. Todos ellos son mencionados como los legisladores que han recibido más documentos copiados de fuentes sin citar.

A modo de ejemplo, se señala que el diputado Ricardo Rincón (DC) recibió en febrero de 2016 un documento "de siete páginas -incluida la portada-, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una página web que utilizan los escolares para hacer tareas".

La asesora que realizó el informe, identificada como Paulina Gómez Barbosa, recibió según el reportaje un total de $ 2,2 millones.

Respecto a la metodología usada por Ciper para verificar los informes encargados por los diputados, se explicó que se procedió a revisar los documentos elaborados por los asesores externos de los miembros de la Cámara entre 2014 y 2016, extrayéndose de ese universo una muestra aleatoria de cerca de mil informes, "tal como se hace en los procedimientos de auditoría que utiliza la Contraloría".

En esa muestra, se señala en el reportaje, se detectaron 107 informes con algún grado de plagio, 18 de ellos con plagio total, afectando a un total de 40 diputados.

Quienes recibieron informes totalmente copiados fueron Gustavo Hasbún, Claudia Nogueira, Carlos Vilches (quien dejó la Cámara en 2014), Roberto León y Sergio Ojeda.

"La muestra revisada para esta investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados", se agrega en el artículo de Ciper.

Entre los legisladores que figuran recibiendo la mayor cantidad de informes plagiados figuran las diputadas Camila Vallejo y Claudia Nogueira, ambas con ocho documentos de estas características cada una.

Sobre la legisladora comunista, el reportaje señala que los ocho informes que presentan copias sin citar a las fuentes fueron elaborados en 2016 por ICAL, centro de estudios ligado al PC. También se expone que un noveno informe no pudo ser revisado al no estar disponible y que por esos nueve trabajos la Cámara canceló un total de $ 7 millones.

Según el artículo de Ciper, Vallejo al ser contrastada con la información anunció que pondría fin a su relación con ICAL. "Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL)", dijo.

Respecto de la legisladora gremialista se señala que los ocho textos en entredicho corresponden a distintos asesores, entre ellos Álvaro Lavín Aliaga, socio del esposo de la parlamentaria, el ex alcalde Gonzalo Cornejo, en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, una de las sociedades que emitió boletas que fueron rectificadas por Corpesca. "Eso es una asesoría, es conversar, es analizar, es revisar textos, tomar parte de los textos originales. No son informes en derecho, no hay robo de nada", dijo la parlamentaria en declaraciones recogidas por el reportaje.

Frente a las denuncias, la Cámara emitió ayer una declaración donde se indica que "el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha" y que "cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente". Además, se señala que la corporación "está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos".

Según se informó a este diario, la revisión del comité de auditoría corresponde a informes efectuados entre los años 2015 y 2016, y su resultado se conocería a fines de mes.

Frente a las acusaciones y la posible existencia de irregularidades, ayer en la Cámara algunos parlamentarios analizaban la conveniencia de poner término a la práctica de contratar asesorías externas. De igual manera, normar el valor de los informes solicitados a los institutos y centros de estudios vinculados a partidos políticos.