Rodrigo Sarquis: "El proyecto de Ley de Pesca vulnera los derechos históricos"

Derechos históricos del sector industrial pesquero vulnerados. Ese es el mayor impacto que el presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, estima que tiene el proyecto de Ley de Pesca que se tramita en el Congreso y que esta semana vivió sus días clave en el Senado.

Sarquis, además de estar preocupado por la forma como avanza la tramitación de la normativa, advierte que los actuales puntos, que están siendo tratados en el Parlamento, están muy alejados del concepto central que motivó el cambio legal: la recuperación de los recursos pesqueros que hoy están mermados en las aguas chilenas.

Eso sí, el líder de las empresas pesqueras industriales valora que la norma dé a los actuales operadores la opción de mantener sus derechos históricos o cambiarse a las reglas que impondrá la nueva Ley de Pesca.

¿El proyecto de ley vulnera los derechos históricos de los actuales operadores pesqueros?

El proyecto vulnera nuestros derechos históricos. La industria pesquera tiene 80 años en el país, por lo tanto, no hemos recibido una razón contundente, ni del gobierno ni del Parlamento, para que le quiten un porcentaje de sus cuotas de captura. Eso, desde nuestra perspectiva, es debilitar la estabilidad jurídica de la industria. La pregunta es: ¿A quién le van a dar las cuotas? ¿A una empresa extranjera? Además, en el Parlamento se hace una distinción respecto del sector artesanal. A ellos, que extraen el 60% de los recursos pesqueros, sí les reconocen licencias indefinidas y heredables.

Obviamente, eso nos preocupa como empresarios. Además, esto puede partir como pasto seco. Si a una industria que tiene décadas de existencia le quitan parte de sus derechos, no veo por qué no le puede pasar lo mismo a otra industria con el correr del tiempo.

¿La industria pesquera está abierta a la opción de ir a la justicia o al Tribunal Constitucional?

El proyecto da la opción a los industriales pesqueros de mantener las autorizaciones actuales o tomar las nuevas reglas. Si esa alternativa se mantiene vigente durante la tramitación del proyecto de ley, no veo razón para ir al Tribunal Constitucional. Por el contrario, si ese concepto se borra o si se sustituye por otro, veremos en su minuto qué hacer. En todo caso, si nos obligan a cambiarnos y a ceder algo que tenemos, obviamente se abre el camino de recurrir a las instancias legales, pero hay que ver cómo termina la discusión.

¿Cómo es esa opción de elegir?

El proyecto se basa en que en un determinado plazo, la industria puede cambiar sus autorizaciones actuales por unos permisos nuevos. A nuestro juicio, recoge las autorizaciones de pesca indefinidas que tenemos. La pregunta es: ¿Cómo se incentiva a la industria para que cambie su autorización actual, que tiene determinadas características, a una nueva autorización, con otras características?

Entre más se reduzca la autorización original, ya sea por un esquema de licitaciones o por un esquema de poco tiempo de duración, va a ser muy difícil que las empresas opten por este nuevo esquema.

¿Es un tiempo justo que las licencias sean renovables a 20 años?

Nos cuesta entender que el Parlamento proponga una legislación a 20 años renovables y con condiciones. Hoy tenemos licencias que son indefinidas y no tienen condiciones de renovación. Se está proponiendo una regulación a la pesca que no veo en ningún otro sector. Los principales sectores de la economía tienen una legislación que es indefinida.

Mientras más se debilite el estatuto jurídico de la industria pesquera, las inversiones serán más difíciles de realizar, con un nivel de incertidumbre mayor, que afectará la inversión, el empleo, la creación de riqueza y la tributación al Estado. En este escenario, Chile pierde.

¿Licitar cuando las pesquerías estén recuperadas es mejor que realizar subastas a todo evento?

La propuesta del gobierno de licitar cerca del Rendimiento Máximo Sostenible es una cosa que evidentemente no nos parece, porque disminuye el potencial de los derechos actuales de pesca. Ahora, por último, es consistente con la conversación de los recursos. Lo que realmente no nos parece que corresponde es que, luego de un determinado número de años, se liciten pesquerías que estén colapsadas. Esto es lo que aprobó el Senado durante la semana.

Una pesquería colapsada es una pesquería en la cual los agentes están con pérdidas económicas importantes, porque tiene una sobrecapacidad ociosa importante. En ese entorno, es inoportuno llevar a cabo licitaciones. No nos gustaba la propuesta del gobierno de licitar según el Rendimiento Máximo Sostenible de la pesquería, pero menos nos gusta lo que se aprobó en el Senado, porque vulnera la conservación. Eso es peor.

¿Están nerviosos con el escenario que se vivió en el Congreso?

La palabra es expectantes. Este proyecto se presentó hace más de un año al Parlamento y ha sido ampliamente difundido y discutido. La industria espera que se zanje de la mejor manera posible y que cumpla con el objetivo de conservar los recursos pesqueros y dar estabilidad a la industria.