Santos reitera que no aplicará fallo de la CIJ en medio de tensión con Nicaragua
El presidente de Colombia aseguró que no permitirán "por ningún motivo" que las pretensiones nicaragüenses "se vuelvan realidad". Además, señaló que "defenderemos a cualquier costo nuestra plataforma continental".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró que su gobierno no aplicará el fallo en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) otorgó en noviembre de 2012 a Nicaragua una amplia área marítima donde Bogotá ejercía soberanía, en el marco de las tensiones generadas esta semana entre ambos países.
"El tratado no lo vamos a aplicar porque no es aplicable, así de sencillo. Esas pretensiones de Nicaragua, no permitiremos por ningún motivo que se vuelvan realidad y por eso declaramos que nuestra plataforma continental va del (archipiélago de) San Andrés (Providencia y Santa Catalina) hasta Cartagena (de Indias) y la defenderemos a cualquier costo", afirmó.
Durante una convención del Partido de Unidad Nacional, Santos se refirió además a la autorización que el presidente nicaragüense Daniel Ortega dio a tropas, aeronaves y naves de Estados Unidos y Rusia para realizar patrullajes contra el narcotráfico en esa zona que pertenecía a Colombia.
"Nicaragua ahora está pretendiendo autorizar a terceros países a navegar por esas aguas, que son aguas internacionales. Eso es como descubrir que el agua moja", afirmó el mandatario.
De su parte, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Hernando Wills, negó este jueves que buques de esa institución hayan amenazado con acciones de fuerza a buques de Nicaragua.
"No hemos tenido inconvenientes en el área", aseguró el oficial, tras comentar que los marinos que están en ese sector "han manejado la situación de la mejor manera posible".
Wills destacó que en las últimas semanas la Armada de su país ha realizado 21 acciones de rescate humanitario en ese sector, en seis de las cuales han sido ayudadas embarcaciones nicaragüenses.
Las tensiones entre los dos países resurgieron este miércoles, cuando el gobierno colombiano llamó a consulta a su embajadora en Managua, Luz Stella Jara, en respuesta a una nueva demanda instaurada por Nicaragua contra Bogotá en la CIJ de La Haya.
Ese tribunal confirmó que el gobierno nicaragüense interpuso la demanda el martes y solicitó que se ordene a Colombia cumplir el fallo del 19 de noviembre de 2012, respetando las zonas marítimas delimitadas en esa sentencia.
Nicaragua acusa a Colombia de incumplir el fallo y de amenazar con el uso de la fuerza, y sustenta su denuncia en declaraciones del presidente Santos, la canciller María Ángela Holguín y el jefe de la Armada, entre otros.
Holguín criticó al gobierno de Nicaragua por no discutir el asunto de manera bilateral y acudir directamente a la CIJ, tras lo cual afirmó que ese país "es un pésimo vecino".
La canciller aseguró que Colombia responderá sobre las nuevas demandas del gobierno de Ortega "cuando la Corte lo requiera".
"Estaremos prestos a contestar, así como estamos prestos a contestar la otra demanda sobre la plataforma continental extendida", afirmó la ministra colombiana, refiriéndose a otra solicitud hecha por Managua ante la CIJ en septiembre pasado.
Las tensiones entre los dos países comenzaron en los años 80 y tomaron un nuevo rumbo en 2001, cuando Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ tras desconocer un tratado mediante el cual entregó a Colombia en 1928 la soberanía del archipiélago.
En 2007, la CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre las islas y hace un año dijo que siete cayos del archipiélago seguirán bajo jurisdicción de Bogotá, aunque corrió hacia el oriente la línea que Bogotá consideraba como límite y entregó a Nicaragua unas 200 millas náuticas.
La determinación dejó bajo jurisdicción nicaragüense las aguas que rodean a dos de los cayos, por lo que el presidente Santos dijo en septiembre que el fallo es "contradictorio" y no puede ser aplicado por su país sin la firma de un tratado bilateral.
Adicionalmente, Colombia inició las gestiones para su retiro del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948 y que reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya.
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