Segregación y seguridad de reos: las dificultades para cerrar Punta Peuco

"Es algo que se está estudiando hace bastante tiempo, no les puedo ocultar que tiene una serie de complicaciones, que tiene que ver con la seguridad de los condenados, el principio de segregación que inspira a nuestro régimen de custodia, la vitalidad de los recintos y la también la disposición de cupos o espacios para que ello puedo ocurrir".

De esta forma el titular de Justicia, Jaime Campos, desde Perú, donde participa de un encuentro binacional de ministros, reaccionó a los dichos de la Presidenta Michelle Bachelet sobre un eventual cierre del penal Punta Peuco. En entrevista con CNN Chile, emitida el jueves, se le consultó a la Mandataria sobre los dichos de Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados, quien dijo que la Presidenta se había comprometido al cierre del recinto penitenciario antes del fin de su mandato. "Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacerlo", fue la respuesta que dio la máxima autoridad.

Actualmente son 130 los internos que tiene el recinto en que están recluidos efectivos policiales y militares condenados por violaciones de los DD.HH. cometidas durante el régimen militar. Actualmente, la capacidad del recinto está al límite. "Si el día de mañana se le da otro destino a ese establecimiento, será algo que se verá en su momento", complementó Campos. Actualmente, hay un grupo de 20 reos que está internado en un módulo acondicionado en el penal Colina 1, donde hay piezas individuales que tienen acondicionadas de tres por dos metros, con un velador, una cama de una plaza y un locker. Ese recinto puede recibir 125 personas, pero tiene la posibilidad de ampliarse al antiguo sector de enfermería del establecimiento penal. Hasta ahora, es el lugar con mayores posibilidades para efectuar el traslado.

Campos no fue la única autoridad de gobierno en reaccionar a las declaraciones de la Presidenta sobre este tema. El Vicepresidente de la República, Mario Fernández, en entrevista con T13 Radio, dijo que no tenía conocimiento de lo hablado entre Quintana y la Mandataria, pero sostuvo que "si lo prometió (el cierre de Punta Peuco), lo va a cerrar".

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, señaló que "esto es un proceso donde hay que hacer una serie de análisis, que se tiene que llevar adelante después de muchos procedimientos y, por lo tanto, los plazos y las fechas respectivas serán anunciadas oportunamente".

Las declaraciones de la Presidenta, así como el tema de la segregación y la seguridad de los internos de Punta Peuco ante un traslado, generaron preocupación en los organismos ligados a la defensa de condenados por delitos de lesa humanidad. "Me parece inaceptable, desde el punto de vista político y ético, que un Presidente en un programa o en una entrevista de televisión anuncie, a partir de su silencio, el cierre de un penal que está sujeto bajo la normativa legal de cualquier cárcel pública en este país", sostuvo Raúl Meza, abogado de la Multigremial de las FF.AA.

Agregó que, según el derecho penal internacional, es incompatible que "pueda mezclarse reos o condenados que tienen la condición de uniformados, con reos comunes o civiles. De cumplir una sentencia en un penal común, estarían en serio riesgo de su integridad física, psíquica y la seguridad de sus familiares".

Preocupación similar fue la expuesta por Solange Roberts, vocera de la agrupación Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado. "La segregación es un tema que es primordial. Yo he visitado el centro de Colina 1 y el pabellón que les corresponde a los casos de DD.HH., y efectivamente está separado del resto de la población común, pero no está habilitado para recibir a más gente de la que ya tiene. Entonces es una preocupación", indicó.

El anuncio de la Mandataria fue valorado por las agrupaciones de familiares de víctimas. "Es muy importante lo que ha ocurrido. Creo que es la primera vez que la Presidenta lo dice y lo señala, que va a cumplir con esa promesa", dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Más crítica fue Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien acusó "ambigüedad" en las palabras de la Mandataria. "Literalmente ella no dice que va a cerrar Punta Peuco. Amplía la respuesta, por lo cual llamó a la Presidenta a que debiera cerrar este recinto, porque es una necesidad para terminar con la discriminación en este país y con el estatus especial que le dan a los victimarios de crímenes de lesa humanidad", declaró.