Subsecretaria de DD.HH. descarta vulneración a privacidad de víctimas

"La preocupación central en materia de verdad, justicia y reparación son las víctimas. Uno evidentemente no puede imponerles a las víctimas que se expongan a la opinión pública y no es el objetivo de este proyecto". Con esas palabras la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, defendió ayer la moción parlamentaria que busca levantar el secreto del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -conocida como Comisión Valech I-, cuya urgencia fue modificada ayer por el gobierno (ver nota principal).

Las palabras de Fries se dan luego del anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, quien -en el marco de la conmemoración de los cuarenta y cuatro años del Golpe de Estado-, comprometió someter a discusión inmediata la iniciativa que se encuentra en su segundo trámite en la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. El anuncio de la mandataria generó una serie de aprensiones, incluso al interior del oficialismo, respecto de los alcances que pueda tener el proyecto y, sobre todo, en torno a la privacidad de las víctimas en casos de violencia sexual.

Así, la subsecretaria explicó que "lo que hace este proyecto es reparar una desigualdad en el tratamiento de la información ya que en el caso (del informe) Rettig y en el caso (del informe) Valech II esos antecedentes se piden en los tribunales y les llegan a los tribunales, mientras que Valech I quedó con un régimen distinto, el que impide a los tribunales de justicia conocer. Con esta medida lo que estamos haciendo es nada más que entregarle la posibilidad a los tribunales de justicia que cuenten con información que además no sabemos si les va a ser útil o no, pero hay que hacer el intento".

Cabe destacar que los antecedentes se mantienen en custodia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, particularmente en las bodegas de la institución.

La moción impulsada por el gobierno busca modificar el artículo 15 de la ley 19.992, norma que estableció en 2004 que todos los testimonios recogidos por la Comisión permanecerían en secreto por los cincuenta años siguientes. Así, la iniciativa busca agregar a la redacción del artículo: "a excepción de los tribunales de justicia".

La Subsecretaría subrayó -mediante una minuta a la que tuvo acceso La Tercera- que en ningún caso el proyecto busca revelar "a todo efecto" los antecedentes conocidos por la Comisión Valech I. El texto destaca además una serie de argumentos respecto a una posible vulneración de derechos de los sobrevivientes. Esto, aludiendo a una serie de garantías que, a su juicio, resguardarían a las víctimas en estos casos. Por ejemplo, explican que al ser causas que investigan hechos ocurridos previa reforma procesal penal, rige sobre ellas el secreto sumario.

Cuando en 2003 el país conmemoraba tres décadas desde el Golpe de Estado y bajo el lema "No hay mañana sin ayer", el entonces presidente Ricardo Lagos anunció la creación de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. La instancia fue la primera en abordar la detención por motivos políticos y la tortura ejercida por agentes del Estado entre 1973 y 1990, temas que habían quedado fuera del mandato de la Comisión Rettig, que en 1991 reconoció la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura.

En 2004, tras finalizar su labor, la Comisión calificó a 28.459 chilenos y chilenas como víctimas de prisión política y/o tortura. Luego, en diciembre de 2004 se promulgó la ley 19.992, norma que estableció una serie de medidas reparatorias para los sobrevivientes, entre ellas, una pensión anual -la que sería pagada en cuotas y reajustada cada año al valor del IPC-, becas de educación básica y superior, acceso preferente al sistema de salud pública y la exención del servicio militar para familiares de víctimas.

Fue la presidenta Michelle Bachelet la que en 2010 abrió un nuevo proceso de verdad en torno a los crímenes cometidos durante el régimen. Así, se conformó la Comisión Valech II. En esa oportunidad, de las cerca de treinta y dos mil personas que se presentaron, solo fueron calificadas 9.795.

El martes, Bachelet también se hizo cargo de otra demanda histórica de los sobrevivientes: un nuevo proceso de reconsideración. Y si bien desde La Moneda aseguran que aún no han decidido una fórmula, confirmaron que será la Subsecretaría de Derechos Humanos, el organismo que se haga cargo de materializar el compromiso de la mandataria.