Torturas en el Sename

No fueron los medicamentos, ni una arritmia provocada por deficiente suministro de fármacos al interior de un centro del Sename los que determinaron la muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete a sus cortos 11 años de vida.

Según el último informe del Servicio Médico Legal (SML) allegado al expediente del caso, tras ocho meses de investigación, la causa de su muerte fue "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa". De acuerdo al documento, el deceso de la menor -que desencadenó la mayor crisis de la década en el sistema de protección de niños en Chile- se produjo porque dos cuidadoras, Conne Fritz y Thiare Oyarce, la habrían ahogado al intentar contenerla en medio de un arrebato de ira.

De acuerdo a lo que se ha acreditado en la investigación, ambas funcionarias del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, de Estación Central, sin tener conocimientos de primeros auxilios, sin saber cuál era el protocolo para enfrentar una situación de ese tipo, pusieron a Lissette en el suelo, boca abajo. La inmovilizaron y se subieron encima de ella, en su espalda, comprimiendo la región torácica y abdominal, lo que impidió por varios minutos que la niña ejecutara el movimiento respiratorio (inspiración y espiración) y las consiguientes ventilaciones pulmonares.

En el informe de autopsia la menor presenta rasguños en sus mejillas. Peritos legistas atribuyen estas lesiones a que la pequeña sin poder mover sus brazos y piernas, y con el peso de una de las educadoras de trato directo (ETD) encima, intentó en vano poder desprenderse para poder respirar. Movió su cabeza hacia ambos costados rasmillando su rostro en el piso, se orinó y luego desvaneció. Todo esto se inicia cerca de las 20 horas del 11 de abril de este año y concluye aproximadamente 15 minutos después, cuando las maniobras de reanimación, realizadas posteriormente por personal capacitado que llegó al lugar (que incluso le significaron la fractura en una de sus costillas), fueron infructuosas.

La responsabilidad penal recae en sus cuidadoras Conne Fritz Castillo, Thiare Oyarce García y la directora del Cread Galvarino, Mónica Monje Lutjens, contra quienes se habían dirigido las primeras pesquisas como imputadas.

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El viernes 16 -en total reserva- el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, ingresó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que pide audiencia para formalizar el emblemático caso. En el documento, según fuentes de tribunales, se sostiene que se imputará el tipo penal contemplado en el artículo 150 letra A del Código Penal: apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte.

Por primera vez, el Ministerio Público invocará un delito que -bajo la nueva legislación- sería caratulado como torturas cometidas por funcionarios del Sename en contra de niños que resulten heridos o muertos estando bajo resguardo del Estado, en el marco del sistema de protección infantil. La decisión de Emilfork y su equipo -compuesto por los fiscales Erika Vargas, Marcelo Sabucetti y Patricio Poblete- obligó a que otros casos similares, o por lesiones en centros del Sename, sean caratulados bajo el mismo rótulo: torturas.

Esta semana, Emilfork participó del consejo nacional de fiscales regionales del Ministerio Público. Al finalizar la última de las jornadas en Santiago, el jefe de Los Lagos confirmó a Reportajes que "como equipo presentamos la solicitud de audiencia de formalización de la investigación en contra de funcionarios públicos del Cread Galvarino, por el delito de apremios ilegítimos", declinando dar mayores antecedentes.

Bajo esta hipótesis, la fiscalía deberá demostrar al finalizar el proceso penal que empleados públicos infligieron sufrimientos graves y físicos ese día a Lissette y que, además, la menor de edad estaba privada de libertad, debido a las medidas de protección que el propio Estado chileno había dictado a través de tribunales de familia, originadas por su situación de vulnerabilidad.

Este giro marcará un antes y un después en la forma en que el Ministerio Público perseguirá las eventuales responsabilidades penales en este y los otros 251 casos de muertes en el Sename que indaga el fiscal Emilfork. De hecho, mañana, en una audiencia por severas lesiones provocadas por una ETD del Cread de Pudahuel contra un niño, en un inicio se iba a imputar el delito de "maltrato de menores". Sin embargo, la decisión del equipo que investiga el caso de Lissette obligó al Ministerio Público a reformular cargos y, por ejemplo, en este caso se imputará mañana tormentos con resultado de lesiones graves. Esto, ya que se ha acreditado que la cuidadora María Montero "reiteradamente insultó y agredió verbalmente a la víctima y la sometió a castigos injustificados, consistentes en dejarlo parado castigado por dos horas aproximadamente y hacerlo comer sus alimentos vomitados".

En el caso de Lissette Villa, la petición del viernes 16 sólo serían las primeras formalizaciones. El equipo que indaga el caso de muertes en el Sename está apuntando en sus últimas diligencias a las más altas autoridades de la institución. Es así como en las próximas semanas la ex directora de la institución Marcela Labraña (DC), quien tuvo que dejar su cargo a propósito de la muerte de Lissette, sería citada nuevamente. Pero esta vez, se baraja, como imputada, tras peticiones que realizarán querellantes.

La determinación del Ministerio Público de perseguir estas conductas como apremios ilegítimos o torturas ya cuenta con un aliado que será fundamental para sostener que en Chile funcionarios del Sename sometieron a tormentos a niños hasta lesionarlos gravemente o, incluso, como en el caso de Lissette Villa, hasta morir. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) adscribe a esta hipótesis. El abogado Luis Torres -quien es querellante en el caso de la menor por este organismo- presentó el viernes 16 una querella por apremios ilegítimos en contra del cuidador del Cread Pudahuel, al que se formalizará mañana.

"La intervención del INDH tiene como objetivo que se cumplan por parte del Estado, y en este caso de las instituciones que intervienen en la persecución penal con las obligaciones en materia de investigación de estos hechos graves, de sanción en caso de ser comprobados, reparaciones de las víctimas y que se establezcan medidas para garantizar la no repetición de estos actos con niños que han sido vulnerados", explicó Torres.

El representante del INDH aseguró que es una decisión de la institución evaluar caso a caso, si amerita querellarse por el delito de apremios ilegítimos o torturas en casos de estos niños lo van a hacer. "En principio, las condiciones se dan, es decir, hay funcionarios públicos involucrados, se trata de hechos graves contra menores de edad, que además están privados de libertad", dijo. En ese sentido, el abogado explica que "la noción de 'privado de libertad' del Derecho Internacional de los DD.HH. implica que cualquier forma de restricción de libertad ambulatoria, y en este caso es evidente que los niños, aunque sea por medidas de protección están bajo custodia del Estado, por lo tanto estarían en la hipótesis de privación de libertad que exige el tipo penal de torturas".

El INDH alista una decena de querellas que se presentarán el próximo mes en todo el país, haciéndose parte de los casos en que fallecieron menores en custodia del Sename y que están en marcha en diversas regiones. "El objetivo es un cambio sustancial, para que no vuelva a suceder", advierte Torres.

"Lissette, Christopher, Rechel, Isamar, Francisco, Tania...".

Quienes trabajan junto al fiscal Marcos Emilfork dicen que casi como si los recitara, el investigador se sabe de memoria los nombres de cada uno de los niños, niñas y adolescentes del Sename cuyas muertes busca esclarecer y que, según mandato del fiscal nacional, Jorge Abbott, debe investigar desde Arica al extremo austral, sin un plazo límite para hacerlo.

El lunes 12, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados creada por "la situación de menores de edad en Chile" invitó al fiscal regional de Los Lagos para exponer sobre los hallazgos que ha hecho tras ser designado de forma especial para indagar las muertes de niños en hogares del Sename.

A Emilfork le quedan tres años en el Ministerio Público y sus cercanos saben que la indagatoria por muertes en el Sename marcará su última etapa en la institución, ya que -actualmente- los fiscales regionales que cumplen ocho años (a menos que ganen otro concurso como jefe regional) deben abandonar el organismo una vez cumplido su período. "Aquí no se trata de cifras, acá estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que fallecieron estando al cuidado del Estado", dijo hace algunos meses, cuando se polemizaba sobre las distintas cifras de niños muertos en el Sename.

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Una de las primeras diligencias que estuvo a su cargo, y de la fiscal Centro Norte Erika Vargas, fue el interrogatorio a Thiare y Conne, las educadoras de trato directo de Lissette en el Cread Galvarino. En calidad de imputadas, las mujeres llegaron a relatar lo ocurrido ese día.

En presencia de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes tomaron fotografías para fijar los movimientos con que las mujeres acompañaron su testificación, ambas (tras renunciar a su derecho a guardar silencio) reconocieron que no conocían los protocolos del Sename en estos casos y que intentaron maniobras para retener a la pequeña.

El día en que Lissette murió se registraron, desde las 9 de la mañana, cuatro incidentes, según ha establecido la policía. El último fue el mortal. En el marco del levantamiento de información desde el Cread que ha hecho la policía, se halló en un libro de novedades una situación similar, meses antes, que protagonizó la misma niña. Sumida en una de sus crisis de ánimo, cuidadores le hicieron la "técnica del roll o del sushi", que es inmovilizarla envolviendo su cuerpo en sábanas.

En 15 días, el secreto de la investigación de Lissette quedará liberado. Paradójicamente, una de las instituciones que tendrá acceso a las piezas del expediente es el propio Sename. En este caso, y en otros de muertes en el país, el organismo se ha hecho parte a través de acciones criminales en contra de quienes resulten responsables. La ley se lo permite. No existe impedimento legal que este organismo, cuyos funcionarios son blanco de una investigación, puedan, a su vez, aparecer como sujetos activos de la querella.

La única posibilidad de que el Sename salga de estos casos es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelle. En el caso de Lissette, el organismo cuenta desde hace meses con copias de las diligencias que ha desarrollado el Ministerio Público y aún no se hace parte. En caso de que lo haga, será el único representante del Estado y el Sename perdería legitimación activa en la querella.

Para el juez de familia Pedro Maldonado, después del caso de Lissette Villa nada volverá a ser lo mismo en materia de protección de la infancia en Chile.

"Es tan lamentable que la muerte de esta pequeña removiera la conciencia de todo un país, pudimos todos haber hecho algo antes, pero lo importante es que el cambio está y va a ser permanente", dijo el magistrado, quien fue el que denunció ante la justicia el caso de Lissette.

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Maldonado añadió que en ese momento, cuando interpuso la denuncia, actuó motivado por instinto. En los tribunales de familia había visto pasar muchas Lissettes. A ocho meses de ello, recuerda: "Yo me enteré de su caso por la televisión, pero cuando vi a la directora del Sename de ese entonces, Marcela Labraña, diciendo que la niña había muerto de pena, supuse que algo extraño había y era un deber que se denunciara y se investigara".

Admite que en los tribunales de familia el tema ha repercutido y mucho. En definitiva, son ellos quienes ordenan las medidas de protección para menores de edad en contextos de vulneración y deben enviarlos a centros del Sename. "Todos somos parte de este sistema que colapsó, que hizo crisis, que dijo 'basta, ya nunca más', y en ese sentido también hay un mea culpa de cada institución que participa en el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes", sostuvo.