Transantiago: habrá límite a consultas en registro de evasores

Luego de dos años de tramitación del proyecto de ley que aumenta las penas por la evasión del pago del pasaje en Transantiago y la creación de un registro público de deudores, ayer la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa.

La discusión, nuevamente, se centró en el polémico artículo que intenta dejar constancia de los usuarios que no cancelan la multa en los juzgados. Según organizaciones defensoras de la privacidad de los datos, la indicación promueve que las empresas (como bancos) puedan denegar créditos. Advierten, además, una "estigmatización" de las personas que están en las listas.

Ante la polémica, los legisladores aprobaron una nueva indicación del Ejecutivo: que esta base pueda ser consultada por una persona un máximo de ocho veces al año y por la vía de la Ley de Transparencia.

"Solo podrán conocer los antecedentes los organismos públicos y las personas naturales (quedan fuera las de tipo jurídico)", explicó la ministra de Transportes, Paola Tapia.

La secretaria de Estado agregó que, además de esta lista, fue votada favorablemente que los infractores reiterados no obtengan la licencia de conducir o bien que se les retengan impuestos.

Tras esta fase legislativa, el diputado Mario Venegas (DC), presidente de la comisión, sostuvo que "la idea  es que este registro tenga efectos y sea ejemplarizador para que esta conducta no se repita".

El gobierno ha planteado en el Congreso que urge tomar medidas contra los infractores, pues el último índice de evasión alcanzó un 31% (una de cada tres personas viaja gratis).

El diputado Leopoldo Pérez (RN) e integrante de la comisión afirmó que también se deben abordar las causas de la morosidad. "Hay personas que no pagan, pero hay que analizar por qué: la respuesta es que no tienen los recursos y que hay que aplicar un subsidio a estos pasajeros más pobres", dijo. La iniciativa también generó rechazo.

La presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, señaló que "esto es ilegal: la Ley 19.628 dice que no se pueden publicar las deudas relacionadas con servicios básicos, como electricidad, agua, concesionarios de autopistas y telefonía, porque se hacen listas negras".

La misma visión tuvo el diputado Giorgio Jackson, quien sostuvo que la creación de esta base tiene como fin "que se comercialicen los datos".

Además, el proyecto de ley establece un aumento de las penas en un grado a quienes agredan a los fiscalizadores en los buses, sean públicos, de los operadores o de los trenes. Y también se "premiará" a quienes no paguen a tiempo su deuda: con un 50% de descuento, si la saldan antes de ser citados en los tribunales.