UAF advierte un riesgo creciente de lavado de activos por tráfico de migrantes

El narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes son los principales "delitos base" que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó para el caso de Chile respecto al riesgo de lavado de activos, como parte de un ejercicio recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo a esta institución, el país requería un análisis que reconociera los mayores riesgos que enfrenta para mantener acotado el lavado de activos, pero también el financiamiento del terrorismo, lo que llevó a la presentación de una evaluación nacional que describe amenazas y vulnerabilidades económicas y legales frente a ambos ilícitos, y su consiguiente impacto.

De esta manera, el principal riesgo detectado se relacionó con el narcotráfico, que alcanzó la calificación de "muy alto" cuando el lavado de activo se produce desde países productores de droga.

Así, el documento indicó que "en la región se encuentran los principales productores de cocaína del mundo, los cuales, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 de la ONU, son Colombia (52%), Perú (32%) y Bolivia (15%)", agregando que "esta situación expone al país, dada su cercanía, a formar parte de las rutas de tránsito de estupefacientes utilizadas por las bandas criminales para comercializar sus productos ilícitos, con el consecuente flujo de dinero ilícito que conlleva esta actividad".

Mientras, el uso intensivo de efectivo en las zonas francas también estuvieron ligadas a un posible mayor narcotráfico, lo que fue catalogado con un riesgo alto para el lavado de activos.

Finalmente, ligado al tráfico de drogas, se reconoció que "las elevadas tasas de prevalencia en el consumo de sustancias ilícitas y el elevado precio al que estas sustancias pueden ser transadas en el mercado nacional crean un contexto propicio para el desarrollo del narcotráfico interno".

También como un riesgo alto para Chile se presentó la corrupción, cuando es parte de un esquema que implica el mercado financiero o el real, ya que si bien el país se ubica solo detrás de Uruguay en la región, "en el plano interno, las investigaciones formalizadas por delitos funcionarios han tenido un ascenso en proporción a otros delitos base, tendencia que se ha mantenido constante desde el año 2011".

Para estos casos, la UAF identificó que "en el 88,9% de los casos en los cuales está presente el delito base de corrupción, se ha utilizado a entidades bancarias y a notarías para blanquear los fondos obtenidos ilícitamente".

Tráfico de migrantes

El último peldaño de alto riesgo, de delitos base que conllevan lavado de activos, fue respecto a la trata de personas y tráfico de migrantes. Esta "amenaza emergente" en el país, según lo cataloga la evaluación nacional, indica que "se observa una tendencia creciente en la comisión de estos ilícitos en los últimos años".

Esto estaría ratificado por el gobierno chileno, según la clasificación TIER1 del Trafficking in Persons Report 2016 del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que también indica que las autoridades han "hecho esfuerzos para abordar el problema y cumple satisfactoriamente con los estándares mínimos del Acta de Protección a las Víctimas de Trata".

En el informe se plantea que "las autoridades chilenas reportan que migrantes de China pueden ser vulnerables para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y que mujeres coreanas son vulnerables para la trata de personas con fines de explotación sexual".

Con esto, el informe remarcó que "las organizaciones y redes que promueven el tráfico de migrantes y la trata de personas, se favorecen por un contexto regional propenso al desarrollo de estas actividades, por lo que Chile, por su estabilidad económica, política, social y su condición geográfica, se vuelve un país atractivo para la comisión de estos delitos y el blanqueo de los fondos ilícitos generados".

Entre los delitos base de menor riesgo en el país, que se asocie a lavado de activos, se ubicaron los de propiedad intelectual (bajo) y el de contrabando de metales explotados ilegalmente en otras jurisdicciones.