UDI acusa pagos irregulares en Municipalidad de Santiago

Una nueva ofensiva contra la gestión de la alcaldesa Carolina Tohá (PPD) impulsará la directiva de la UDI en medio de la campaña municipal. Esta vez el secretario general, Guillermo Ramírez, acudirá a Contraloría para solicitar que se reintegren a la Municipalidad de Santiago $68.998.328 que -acusa- fueron pagados por el municipio a un asesor externo.

Según los antecedentes que entregará la UDI al órgano contralor, "con fecha 1 de junio de 2016, la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde (s) Víctor Hugo Miranda Núñez, y Carlos Drews Rubilar firmaron un contrato de prestación de servicios que tuvo una vigencia de tres meses, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2016. En virtud de este contrato, la Municipalidad de Santiago canceló por concepto de honorarios un total de $68.998.328".

La denuncia agrega que el servicio por ejecutar fue "gestionar y recuperar reembolsos por subsidios por incapacidad laboral", para lo cual se otorgó a Drews una serie de atribuciones "sin que el prestador del servicio asuma la calidad de funcionario municipal".

Esto, a juicio de la UDI, contravendría el informe N°1311 de Contraloría, emitido el 8 de febrero de 2016 ante una situación similar ocurrida en la Municipalidad de Colbún, en la que el ente contralor señaló que "los municipios no pueden traspasar a particulares las labores que son propias de su función pública" y ordenó el reintegro de los montos pagados por el municipio.

Además, contravendría la Ley de Municipalidades, que señala que a la unidad de administración y finanzas le corresponderá recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales.

Por lo anterior, la UDI pedirá a Contraloría que estos pagos sean "objetados y reintegrados, o que de lo contrario se inicie un Juicio de Cuentas en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos irregulares, incluidas las máximas autoridades comunales".

Según el abogado asesor de la mesa UDI, Rodrigo Urzúa, estos pagos "resultan del todo improcedentes y apartados de la legalidad, por lo que deben ser reintegrados". Ramírez, en tanto, añadió que "el que un municipio pague a un tercero $69 millones por una pega que deben hacer sus funcionarios, es tremendamente irregular. Y si ocurre en época de campaña, peor aún".