UDI endurece presión a oficialismo para fusionar comisiones investigadoras

Gremialismo advirtió que concentrará fiscalización por financiamiento de campañas en Bachelet y rol del ministro Peñailillo. Por mandato de la Cámara, Comisión de Constitución debe emitir un informe de si se puede unificar a ambas instancias.




Luego de que el miércoles pasado la Cámara aprobara dos comisiones investigadoras sobre financiamiento de campañas políticas, en la misma sala el presidente de RN, Cristián Monckeberg, se acercó a su par del PS, Osvaldo Andrade, para plantearle la posibilidad de fusionar ambas instancias.

La respuesta del jefe socialista fue cautelosa, a pesar de que coincidió en que lo lógico que era que funcionara una sola comisión y no dos que compitan por invitados y despliegue de agenda.

La intervención de Cristián Monckeberg se sumaba a la petición que hasta ese minuto había realizado la jefatura de la UDI.

Pero la decisión de fusionar ambas instancias quedará pendiente. El próximo martes la Comisión de Constitución, por mandato de la mesa de la Cámara, se reunirá para estudiar la procedencia de tener dos grupos fiscalizadores de un mismo tema. Para ello revisarán el reglamento y la legislación, junto a juristas y se pedirá informes a la secretaría de la Cámara y a la Biblioteca del Congreso.

Luego, la Comisión de Constitución debe evacuar un informe a la sala, que decidirá si procede o no la fusión de las instancias fiscalizadoras.

"Vamos a verlo en la Comisión de Constitución. Yo, por lo menos, creo que debe fusionarse con un  mandato más amplio", dijo el DC, Fuad Chahín, miembro de la Comisión de Constitución.

"Me parece del todo razonable que se busque concentrar en una comisión investigadora la inquietud que existe sobre financiamiento de las campañas", expresó el presidente de la UDI y diputado, Ernesto Silva.

Presión UDI

La idea original del gremialismo al promover una comisión para indagar aportes de campaña desde 2005, era  presionar a la Nueva Mayoría y así tratar de desactivar una investigación parlamentaria sobre el grupo Penta (comisión presentada por diputados del oficialismo).

Pero la idea de la UDI no tuvo éxito. Hoy el Grupo  Penta, que solía aportar por vías legales a campañas electorales de la UDI, está siendo investigado por la fiscalía, a raíz de una denuncia del Servicio de Impuestos Internos, por supuesto uso fraudulento de boletas y facturas para reducir el pago de tributos. Algunas de estas boletas habrían sido usadas para financiar actividades electorales, según una de las aristas que investiga el fiscal Carlos Gajardo, quien ya ordenó algunas diligencias, como allanamientos, en contra de dirigentes políticos y ex candidatos, como Andrés Velasco, Jovino Novoa, Laurence Golborne y Pablo Zalaquett.

Luego de eso, la Alianza puso en marcha un plan alternativo para tratar de fusionar las comisiones investigadores y tratar de ampliar la búsqueda de hechos irregulares en otras colectividades. Esta propuesta para fusionar instancias, no obstante, no tenía suficiente piso en la Nueva Mayoría. El PC es el principal interesado en mantener ambas indagaciones en carriles separados.

La respuesta negativa generó malestar en la UDI, donde acordaron endurecer su estrategia y a través de recados a los presidentes de partidos oficialistas, hicieron llegar una advertencia. Si no fusionaban ambas comisiones, la Alianza concentrará su fiscalización en las campañas de Michelle Bachelet en 2005 y 2013.

Si bien el gremialismo no tiene  mucho margen para alcanzar a la Mandataria, la jugada pondría inevitablemente el foco en el actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien ejerció roles ejecutivos en ambas campañas.

En el caso de Peñailillo y de otros miembros del círculo de confianza de Bachelet, la UDI tendría más poder de maniobra.

A diferencia de la comisión investigadora sobre Penta, donde varios de los implicados son personas del mundo privado, la apuesta del gremialismo apunta a personas que hoy trabajan en el sector público y que están obligadas a concurrir a la instancia fiscalizadora de la Cámara. Por el contrario, personas ligadas al sector privado no tienen ninguna obligación legal.

Así la advertencia fue tomada en serio y generó preocupación en el oficialismo.

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