UDI oficiará a Contraloría por despidos en Alta Dirección Pública

Un oficio, para que la Contraloría se pronuncie sobre el caso de 385 funcionarios elegidos por Alta Dirección Pública (ADP), que fueron despedidos entre el 11 de marzo y el 5 de septiembre, enviará la bancada de la UDI.

En el gremialismo elaboraron un listado a partir de información entregada por el Servicio Civil.

La cantidad de personas afectadas, a juicio de la UDI, demostraría que las desvinculaciones de estos funcionarios -que ocupaba cargos directivos en distintas reparticiones públicas- responden a razones políticas.

"Lo que aquí hemos visto es otro ejemplo más de lo que es la aplanadora o la retroexcavadora que está pasando el gobierno. Esta vez, destruyendo instituciones, y nosotros entendemos que es por motivos exclusivamente políticos", afirmó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

La creación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) fue parte del proceso de reformas de modernización del Estado, fruto del acuerdo político de 2003 entre el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos y la Alianza, como respuesta a las irregularidades detectadas en el Ministerio de Obras Públicas (caso MOP-Gate).

En ese contexto, la ADP buscaba dotar al gobierno central de un sistema transparente para seleccionar a directivos de servicios estatales, mediante concursos públicos.

En 2004 el sistema de ADP, que es conducido por un consejo integrado por cinco personas, debutó con 417 cargos disponibles para ser seleccionados bajo dicha modalidad. En principio, el sistema adquirió reconocimiento y se comenzó a aplicar no sólo en servicios públicos del gobierno central, sino también en otros organismos estatales y del ámbito municipal.

Tras 10 años de existencias, hoy son 1.248 los cargos que se eligen mediante concursos públicos guiados por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Sin embargo, según estadísticas oficiales, tras los dos últimos cambios de gobierno (Piñera en 2010 y Bachelet en 2014) se ha producido cerca de un 63% de despidos de funcionarios elegidos por esta modalidad.

"En muchos casos no es una desvinculación acompañada de una mala evaluación del desempeño de los directivos, sino muchas veces motivada por razones de desconfianza política", dijo el presidente del Consejo de ADP, Rodrigo Egaña en recientes declaraciones a La Tercera.

Según el diputado Coloma, la cantidad de personas desvinculadas sienta "un mal precedente" para quienes en un futuro quieran postular a algún cargo por esta vía, "porque ¿a quién le va a interesar entrar a un concurso, donde sabe o donde probablemente intuye que el cargo va a ser político?".

El parlamentario sostiene que el sistema se ha desvirtuado, debido a que la definición de cargos del primer nivel jerárquico, siempre queda en manos del Presidente de la República, en base a una lista de tres o cinco personas seleccionadas mediante ADP.

"Lo que hay es una burla, es como aprovechar el sistema de la ADP para sacar un beneficio político y no para buscar el bien país, que es lo que se intentó hacer con este sistema y que lamentablemente este gobierno ha desprestigiado completamente", agregó el parlamentario gremialista.

En la UDI señalan que otro tema preocupante es el dinero fiscal perdido producto de estos despidos. "Son en promedio entre 15 y 17 millones de pesos por concurso que se gasta en la ADP. Y una vez que la persona, en el ejercicio de su cargo, es despedido se le debe indemnizar. Entonces queremos saber cuál es el monto del que estamos hablando, que deben ser centenas de millones de pesos", sostuvo Coloma.