Carreras de Pedagogía en la encrucijada
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Por Iván Navarro, Presidente Fundación Aequalis
Desde 2019, diversos estudios técnicos (Elige Educar “Análisis y proyecciones de la dotación docente en Chile” y el Foro de Educación Superior Aequalis “Proyección del número de titulados de carreras de Pedagogía en Chile hacia 2023″) han alertado sobre una marcada tendencia a la disminución de titulados y postulantes a las carreras de Pedagogía, situación agravada por la entrada en vigencia de nuevas políticas públicas, que implican incluso una mayor demanda de profesores por parte del sistema escolar.
En efecto, dos disposiciones contenidas en la Ley 20.903 de Carrera Docente (abril de 2016) implican un aumento de profesores en su implementación: la primera, es la que regula el acceso a las pedagogías, subiendo progresivamente el puntaje de ingreso por sobre los 500 puntos de la PSU (actual PTU) y, la otra, es la que aumenta la proporción de horas no lectivas (de 25 a 35 % de la carga horaria de un profesor/a), con el fin de reconocer el tiempo laboral que invierten en preparación de clases, corrección de pruebas, evaluación de los aprendizajes y atención de apoderados, entre otras. En el primer caso, quedan fuera de postulación un número importante de potenciales postulantes, al no sobrepasar los 500 puntos, y en el segundo caso aumenta la demanda de profesores para cubrir el número de horas lectivas que pasan a no lectivas. A esto se agrega además el hecho que cerca del 11% del profesorado en ejercicio tiene más de 60/65 años los que, al hacer efectiva su jubilación, aumentan el déficit de profesores para el sistema.
Esta preocupante situación motivó al Ministerio de Educación, a fines de 2019, a instalar una Mesa de Trabajo para la Atracción de Jóvenes a las Carreras de Pedagogía, cuyos principales logros fueron generar una modificación de la ley 20.903, que permitió posponer el aumento de puntajes de ingreso de 525 a 2023 y 550 a 2026 respectivamente y, por otra parte, realizó un mejoramiento significativo de la Beca Vocación de Profesor, que la deja en mejores condiciones para atraer matrícula y mejorar la permanencia en estas carreras.
Lo realizado hasta ahora es significativo y valorable, pero insuficiente para detener la baja persistente de postulaciones a las carreras pedagógicas y a la titulación de profesores, especialmente en aquellas áreas que son más significativas para el curriculum escolar: un reciente estudio de actualización realizado por Aequalis sobre la materia, concluye que el déficit en la titulación de profesores se sigue agravando. De no mediar políticas públicas decisivas, en 2023 se superará apenas la cifra de 9000 egresados, un 45% menos que los 16.700 que se titularon en 2014, con algunas exigencias emergentes en el funcionamiento mismo del sistema que impactan y, progresivamente, dificultan el funcionamiento del sistema escolar: hoy se vive en los colegios una práctica administrativa que asigna tareas burocráticas que se suman a las estrictamente pedagógicas de los profesores, a la vez que los padres y apoderados han pasado de un rol de “receptores de resultados” de aprendizajes y comportamiento de sus pupilos a “intervinientes activos” en la vida más institucional de los colegios, exigiendo una mayor atención de la dirección y los profesores a sus demandas.
Hasta ahora, la política de recuperación de vocaciones tardías consistente en dar formación pedagógica a profesionales de otras carreras afines para ejercer la profesión docente, ha dado un respiro al déficit, como también lo ha sido el aporte de profesores proveniente de la inmigración. Pero están lejos de amainar la presión que experimentan las plantas de profesores en los establecimientos educacionales, especialmente en la disponibilidad de profesores de enseñanza básica y en asignaturas esenciales de la enseñanza media como matemática, lenguaje, ciencias e historia, situación que es más grave aún en las regiones extremas y en el sector rural de nuestro país.
Tenemos, por lo tanto, un problema de enorme importancia que debe ser resuelto a través de una política nacional, de mediano y largo plazo, que considere al menos tres campos de variables: uno, que el Estado continue e intensifique el esfuerzo de dignificación de la profesión docente, especialmente en el mejoramiento de las remuneraciones al que “todos” los profesores del sistema puedan acceder; dos, mejorar el estatus profesional de las carreras pedagógicas, mediante una renovación de los perfiles profesionales y de las mallas curriculares, atendiendo especialmente las nuevas condiciones generadas por la pandemia que aún estamos viviendo y la emergencia creciente de las nuevas tecnologías en el campo de la educación. Esto dependerá especialmente de las universidades que imparten estas carreras y de la coordinación que tengan entre sí para asumir esta responsabilidad; tres, es urgente volver a incorporar la investigación y experimentación educacional en el desarrollo de las carreras pedagógicas: ello ayudaría a facilitar la articulación al interior de la educación escolar y de ésta con la educación superior y el mundo del trabajo, tan necesaria hoy, a la vez que debería contribuir a mejorar la formación pedagógica, contemplada en los planes de formación de profesores y uno de sus puntos más débiles hoy. No hay duda que, elementos como éstos, pueden contribuir a mejorar la atracción de las pedagogías y ayudar a superar la difícil coyuntura que hoy vive el sistema escolar.
Es preocupante, sin embargo, que en el actual debate presidencial no se ha tomado nota de este tema y de su urgencia. Al menos no ha sido considerado en las propuestas programáticas que se han conocido hasta ahora, si no de manera tangencial. Esperemos que esto sea enmendado, por el bien común del país.
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