Columna de Ascanio Cavallo: Los límites del coraje

La propuesta de reforma del sistema político presentada por siete senadores de distintos partidos, coordinados por el socialista Alfonso de Urresti, tiene un lado valiente y un lado no tanto.

El lado valiente, desde luego, es atreverse a plantear una reforma que todo el mundo considera necesaria, excepto los que deberían hacerla. Perdidas las oportunidades propiciatorias -los proyectos de nueva Constitución-, sólo unos valientes podrían animarse a mostrarle la carnicería al ganado engordado, con los cuchillos a la vista: umbral de 5% de los votos para constituir un partido; y pérdida del escaño para los parlamentarios que decidan cambiarse o renunciar al partido que los eligió.

El lado no tanto es que se trata de una propuesta incompleta, al punto de que algunos especialistas la consideran poco menos que un simulacro. ¿Cuáles son esos vacíos?

En lo esencial, dos. El primero es la restricción (o prohibición, derechamente) de los pactos electorales, que hacen posible que partidos muy pequeños sobrevivan a la sombra de partidos mayores, que les facilitan elegir parlamentarios con votaciones muy bajas gracias al chorreo de la cifra repartidora (no estaría mal revisar también el sistema electoral, como ha sugerido Marisol Peña). Los pactos no tienen raíces en la tradición política chilena; son un invento de la transición. Hasta 1970, los partidos eran cinco y con la fragmentación que siguió, el gobierno y la oposición inventaron un espantajo llamado “partidos federados” para dar soporte jurídico a la UP y la CODE.

El argumento de resistencia es que el Congreso debe acoger toda la diversidad de la sociedad chilena. Es un razonamiento sectario, que no sólo prescinde de la amplia gama de organizaciones que tiene la sociedad, sino que propicia la entronización de lo que al final de cuentas son sólo grupos de presión o aventuras personalistas. Pero con ese supuesto obtuso se abrieron las compuertas en las reformas políticas de Bachelet II. El resultado es que el Parlamento sacrificó su solemnidad y su eminencia social y hoy disputa el lugar más bajo en el aprecio de los ciudadanos.

Los diputados y senadores chilenos son, en su enorme mayoría, personas honestas, no corruptas y dedicadas a su trabajo. Pero la gente no cree eso. Y cuando ve el despliegue performático de algunos -sobre todo, en la cámara baja- no hace más que confirmar que es un grupo poco respetable, indigno de sus altos sueldos y de los privilegios que a veces ostentan ante la gente de a pie. Si esta percepción ha empeorado, lo lógico es buscar los motivos. Decir simplemente que los ciudadanos no se sienten identificados con los partidos y el Congreso es una tautología. Y el motivo principal no es la dificultad de tramitar leyes, sino la depreciación suscitada por parlamentarios que hacen lo que se les da la real gana sin sanción alguna. Es el manoseo de los cargos, no las encuestas, lo que tiene al Parlamento en estado de miseria.

Pepe Auth, un verdadero especialista en incentivos y resultados electorales, estima que el efecto inmediato de prohibir los pactos sería un abultado número de partidos compitiendo en todo el país para llegar al 5%. Este riesgo fue la principal razón de que los partidos del Frente Amplio acordaran fusionarse, para descubrir que entre ellos no había sino mínimas diferencias ideológicas, insuficientes para tener partidos separados.

El segundo campo de vacíos es el del financiamiento. Hoy el estado paga los gastos de campaña de los candidatos según los votos que obtengan; y paga también a los partidos por el número de votos que obtienen sus militantes ¡e independientes! que hayan competido bajo sus banderas. Los impuestos de los chilenos financian el costo de llegar al Congreso: ¿cómo no se va a recoger candidatos de tercera, cómo no se va a inventar partidos?

Algunos estudiosos consideran que es el momento de aumentar los requisitos para formar partidos: por ejemplo, elevar el número de firmas requeridas; exigir que tengan alcance nacional; quitar todo financiamiento estatal a los que no superen el 5%; o todas las anteriores. Y, en contrapartida, eliminar el pago a los candidatos y transferirlo a los partidos, para fortalecerlos y reducir el espacio de tránsfugas y falsos independientes.

La presencia en el Congreso de partidos-pymes, partidos-cigüeñas, partidos-hoteles, es injustificable. Algunos de ellos acogen a personas con verdadera vocación política, pero ni la más alta vocación justifica mantener vehículos utilitarios y marginarse de los partidos mayores, que abarcan todo el espectro de ideas sobre la sociedad.

Al fin, el único sentido de una reforma al sistema político es reponer a los partidos en el centro de la democracia chilena, esto es, sacarlos de la creciente marginalización que han vivido y del rumbo de atomización que llevan. Es una reforma que va contra la moda y la tendencia mundial. Y por eso resulta tan extremadamente difícil, que algunos (como los senadores que la han propuesto) piensan que sólo se puede aspirar a los mínimos que la realidad impone y otros (como la mayoría de los especialistas) creen que es la única oportunidad para atacar el conjunto de los problemas.