Columna de Francisco Pérez Mackenna: Dilemas en las salas de directorio

Hace décadas que los asuntos de responsabilidad social de la empresa (RSE) han ido ganándose cada vez mayor atención por parte de los reguladores de todo el mundo, quienes han agregado nuevos y exigentes requerimientos a las compañías. Asociadas a temas medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (de ahí su acrónimo en inglés de ESG), en el último tiempo estas materias se han situado también en el centro de una polémica, como da cuenta un artículo de David Katz y Laura McIntosh posteado este mes en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance.

En Europa, un nuevo requerimiento obligatorio de revelaciones denominado “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CRSD) abarcará directamente a más de 50.000 empresas y a muchas otras indirectamente, afectando incluso a algunas que funcionan fuera de su territorio, sean sociedades abiertas o cerradas, en la medida que formen parte de la cadena de valor de firmas europeas, ya sea como proveedores o clientes. Mientras, en EE.UU. la SEC considera la adopción de normas más exigentes en temas ESG, partiendo por aquellos relacionados al cambio climático. Estas nuevas reglas de información han sido apoyadas decididamente por importantes inversionistas institucionales, donde Larry Fink, CEO del fondo Blackrock, es quizás el principal exponente.

Últimamente, sin embargo, ha nacido también un movimiento contrario a esta tendencia, probablemente debido a la mala performance de las bolsas mundiales y la alta inflación desde la pandemia, y a una mayor polarización de la sociedad. El gobernador de Florida, posible candidato a la próxima carrera presidencial de EE.UU., ha sido uno de los líderes de esta tendencia. Especialmente reveladora es su reciente afirmación: “El poder corporativo ha sido crecientemente utilizado para imponer una agenda ideológica sobre el pueblo americano a través de la deformación de las prioridades acerca de las inversiones financieras bajo banners eufemistas de medio ambiente, temas sociales y de gobierno corporativo, diversidad, inclusión e igualdad”. El tema es que, de acuerdo con un estudio publicado en enero de este año por el PEW Research Center, nada parece separar más la visión de la izquierda y la derecha de los norteamericanos que su opinión acerca de si los temas de medioambiente y cambio climático debieran ser de primera prioridad para la política.

En este contexto, encontrar un equilibrio entre los temas de ESG y la necesidad de las empresas de mantenerse eficientes y rentables es, guste o no, un elemento clave para las decisiones tanto de administradores y emprendedores, como también para los reguladores de los mercados.

Por cierto, no todos los temas ESG son igualmente controversiales. La letra G (de “Governance”) parece no serlo. No ocurre igual cosa con la letra E (por “Environment”). Nadie pone en duda que hay que cuidar y proteger el medioambiente, y la gran mayoría de las empresas buscará siempre la alternativa más eficiente para evitar o mitigar sus impactos, pero la inquietud abierta mundialmente sigue radicando en dónde se encuentra el equilibrio entre los resultados financieros (sostenibilidad económica) y el impacto en el entorno (sostenibilidad ambiental). Otra controversia es quién ha de pagar la cuenta si se opta por postergar resultados financieros, en particular cuando las empresas y sus directores son administradores de fondos de terceros y tienen la responsabilidad fiduciaria sobre ellos. Asimismo, la letra S (“Social”, que abarca temas laborales, de compensación, derechos humanos, geopolítica y tendencias en tópicos tan amplios como armas, aborto o tabaco) tampoco genera pleno consenso.

A tal punto ha llegado el debate y la presión sobre las compañías que en Estados Unidos, el mercado financiero más grande del mundo, algunos importantes fondos de pensiones estatales (Florida, Louisiana, Missouri y Arizona, entre otros) han comenzado a retirar recursos de administradores tan importantes como Blackrock, State Street y Vanguard (denominados los “big three”) acusándolos de haber olvidado su tradicional rol de administradores de activos para transformarse en comités de acción política, renegando de su deber fiduciario. Florida incluso llegó a aprobar una resolución indicando que los criterios de inversión de los fondos para sus futuras pensiones debieran hacerse en abstracción de factores no pecuniarios.

Pareciera que ser simultáneamente buenos ciudadanos y vecinos, y cumplir al mismo tiempo con las obligaciones fiduciarias, serán grandes desafíos de cara a una sociedad que se debate entre idealismos, buenos deseos y necesidades urgentes y concretas.