Credibilidad de las metas fiscales
El inédito ajuste de más de US$ 600 millones en el gasto público para 2025 se hacía inevitable, pero al cubrir solo una fracción del mayor déficit que los analistas y algunas agencias clasificadoras prevén, es posible que deban venir nuevos recortes.
Los cuestionamientos del Congreso a la proyección de ingresos fiscales del Ministerio de Hacienda para 2025 desencadenaron un inédito ajuste del gasto público de US$ 610 millones durante la tramitación del presupuesto en la comisión mixta. Se esperaba que los ingresos fiscales crecieran 5,3% en 2024; sin embargo, a septiembre registraban una caída de 2,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Los expertos advierten que las proyecciones de Hacienda solo se cumplirán si los ingresos crecen cerca de un 30% en el último trimestre, una meta que parece muy difícil de alcanzar. En este contexto, se estima que será una tarea compleja para Hacienda cumplir este año con su objetivo de balance estructural (-1,9% del PIB).
Resulta entendible que a la luz de dichos antecedentes los parlamentarios cuestionaran las proyecciones de ingresos. Primero, porque esos cálculos parten de una base de ingresos para 2024 que difícilmente se alcanzará y, además, porque los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (sin considerar el pacto fiscal) superaban los niveles de años normales. El nulo crecimiento del Imacec fue el detonante final del ajuste del gasto para 2025.
El acuerdo marco alcanzado en la comisión mixta incluye la solicitud de asistencia técnica de organismos internacionales para mejorar las proyecciones de ingresos fiscales, además del recorte de gastos que se acaba de concretar y la limitación de retiros del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES), sujetos a la aprobación del Congreso. Esto resulta relevante dado que esta administración ha retirado más de US$ 4 mil millones de este fondo, el cual se reserva para situaciones de crisis.
Cabe tener presente que el recorte de gasto propuesto solo cubre una fracción del mayor déficit que los analistas y algunas agencias clasificadoras estiman para el 2025. Si esta tendencia en los ingresos se confirma durante el año, será necesario realizar nuevos ajustes el próximo año, esta vez sin una discusión previa con el Congreso.
Un elemento llamativo de este acuerdo fue la prontitud con que el Ejecutivo logró identificar eficiencias del gasto público adicionales por un monto equivalente a 0,17 puntos del PIB, toda vez que un reciente informe encargado por Hacienda a la OCDE revelara que a lo sumo este podría alcanzar 0,13 puntos del PIB al año, previo a una revisión exhaustiva del gasto.
Esta controversia entre el Ejecutivo y el Congreso se da a solo dos meses de haberse aprobado la nueva ley de responsabilidad que buscaba, entre otras cosas, fortalecer el cumplimiento de las metas fiscales. Sin embargo, pareciera que quedó sobrepasada, cuando lo esperable era que los nuevos estándares de la ley elevaran el costo de incumplir los compromisos fiscales por parte del Ejecutivo, evitando así esta controversia con los parlamentarios.
Los resultados esperados para el 2024 indican que nos encaminamos hacia un segundo año consecutivo en el cual no se cumplirá la meta de balance estructural. Aun cuando el acuerdo alcanzado en el Congreso para 2025 va en la dirección correcta, este impasse podría haberse evitado si el Ministerio de Hacienda hubiera atendido oportunamente las dudas planteadas por los principales expertos del mercado, incluyendo el Consejo Fiscal Autónomo.
