¿De nuevo más impuestos?

Por José Francisco Lagos, Director ejecutivo del Instituto Res Publica.

A raíz del nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones, surgió el debate respecto a si debía tributar como renta, que antes, al ir exclusivamente al ahorro previsional, no pagaba impuestos, mientras que si se tratase de otros ingresos, sí lo harían.

Sin perjuicio de esa discusión concreta, desde hace algún tiempo a esta parte, nuestro país ha aumentado sostenidamente su carga impositiva, aumentando, por ejemplo, en cerca de un 50% el impuesto corporativo en tan solo 10 años.

Ahora la izquierda ha propuesto un nuevo impuesto, esta vez a los que denominan “súper ricos”, el que tiene por objeto gravar un porcentaje de su patrimonio. Obviamente siempre con el apellido de que será un impuesto extraordinario y por una única vez, tal como lo decían con el primer retiro, o cuando se subió el impuesto corporativo, o cuando se creó el impuesto específico de los combustibles. Como podemos ver, el alza temporal de impuestos en realidad no existe.

Si bien las externalidades negativas de un incremento impositivo, especialmente en circunstancias de crisis, están más que estudiadas y descartadas técnicamente por su efecto pernicioso, hay otra discusión que se ha evitado continua y, quizás, interesadamente: el uso que le damos a los recursos recaudados por el Estado.

Cuando una persona, una familia o el mismo Estado se enfrentan a una situación que implicará un aumento importante de gastos, como puede ser la enfermedad de alguien, en el caso de la familia, o una pandemia, en el caso del Estado, existen tres grandes posibilidades: disminuir los gastos, aumentar los ingresos o una combinación de ambos.

En el último tiempo, en Chile solo nos hemos enfocado en hacer crecer la recaudación fiscal y hemos omitido la primera alternativa, causando ineficiencias e incluso injusticias graves. Es necesario hacer un esfuerzo constante para cuestionar cada departamento, cada división, cada ministerio y también los distintos programas estatales. Solo una vez que se ha hecho ese trabajo se puede pensar en aumentar la recaudación a través de impuestos, porque recién ahí, eventualmente, valdría la pena tomar la decisión de seguir subiendo impuestos.

Esto tiene que ver con una razón de eficiencia, que es importante, pero también con la justicia y el rol mismo del Estado en la sociedad. Para quienes creemos que el Estado es una institución llamada al bien común y, por tanto, que tiene que estar al servicio de las personas, debemos velar por su correcto funcionamiento. Esta es una máxima para con la sociedad entera, pero especialmente para con los más pobres, porque aún hoy -y probablemente por mucho tiempo más- varios aspectos importantísimos en la vida de nuestros compatriotas dependen del funcionamiento eficiente del Estado, como en la salud, educación o pensiones.

En este escenario, reducir el gasto político para realizar un mejor gasto social es un imperativo ético y no meramente económico.