El límite de lo aceptable

Por Francesca Zaffiri Suzarte, investigadora en Fundación P!ensa

El fin de semana anterior habríamos tenido elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales; sin embargo, la pandemia terminó provocando que, tal y como ocurriera en abril del 2020, se tuvieran que aplazar para resguardar la salud de las personas. Si bien el acto de posponer elecciones tiende a ser un hábito de regímenes autócratas, no siempre es una opción antidemocrática, más aún cuando la vida de las personas se pone en riesgo por votar.

Lo que sí podríamos llegar a denominar antidemocrático, es que las elecciones se continúen postergando. Quedando cuatro para acudir a las urnas, y ante la incertidumbre que genera el control de la pandemia y el número de contagios, es menester recordar porqué debemos cuidar de nuestras tradiciones políticas, como el voto.

En primer lugar, y como bien mencionaría el politólogo Robert Dahl, la característica básica de cualquier democracia es que se llevan a cabo elecciones regulares y periódicas. Su modificación no solo interrumpe el proceso, sino que atañe una cuota relevante de incertidumbre política y retrasa la rendición de cuentas que los ciudadanos exigen de las autoridades previamente electas, impidiendo la transición del poder, que es esencial en cualquier tipo de democracia. Más aún, en un sistema presidencial como el nuestro, en el que tenemos períodos fijos de gobierno, cambiar los días de las elecciones genera aún mayor incertidumbre en lo que a gobernabilidad se refiere.

Pues si bien el cambio de fecha era necesario en términos sanitarios, no puede ser plausible que en mayo volvamos a sugerir que la única medida para prevenir contagios en procesos electorales sea la postergación de los comicios—menos cuando hemos visto a dos países del continente llevar a cabo sus procesos de forma responsable—. Una decisión como ésta no solo agravaría la incertidumbre política, sino que también mermaría lo poco que queda de confianza en el sistema. Ante la crisis de confianza hacia las instituciones y a la clase política, una de las únicas instituciones que continúa intachable es la electoral, por lo que una decisión de esta índole debiese considerar que se estaría desafiando la naturaleza misma del régimen democrático y la idea de que los gobiernos duren un plazo fijo, con independencia de si son subnacionales o nacionales.

Han de existir las condiciones sanitarias y democráticas para que las personas puedan salir a votar y preservar la integridad electoral del sistema. Para ello, es necesario que quienes están en el poder lleven a la mesa lo importante por sobre lo urgente. De hecho, esta discusión ya ocurrió una vez: antes del plebiscito de octubre. A contrarreloj, los congresistas discutieron vías alternativas para votar; sin embargo, estas iniciativas quedaron en nada, tanto por falta de tiempo, seriedad y de prioridad para implementar las medidas. El problema de esto es que no solo no supieron ver que se toparían con este mismo problema a futuro, sino que poco y nada están haciendo para evitar que la postergación de los comicios sea la única opción para preservar el derecho a la vida de las personas. Esta inacción es el límite de lo aceptable, pues la clase política tanto como debe velar por los aspectos sanitarios, ha de preocuparse del debido proceso electoral y las alternativas para llevarlo a cabo. De lo contrario, no solo continuaremos sin ejercer un derecho fundamental, interrumpiremos la naturaleza de la democracia y socavaremos la débil confianza que le van quedando a las instituciones políticas.