Empresa estatal en la distribución eléctrica: propuesta contradictoria
Es contradictorio suponer que una empresa estatal en la distribución eléctrica lo habría hecho mejor frente a la actual emergencia, cuando ha quedado de manifiesto que el Estado ha fallado en cumplir con una serie de obligaciones.
Frente al extenso corte de luz que afectó a la Región Metropolitana (RM) producto del temporal de lluvia y fuertes vientos, el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó en entrevista con este medio que, en su visión, “la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.
Sus opiniones se dan en el marco de la controversia que ha surgido con Enel, empresa que tiene a cargo la concesión para la distribución de energía en 33 comunas de la RM, la cual ha sido blanco de duras críticas por la demora en la reposición del servicio. El gobierno de hecho acusa que la compañía no ha dado cabal cumplimiento respecto a la total recuperación del servicio, por lo que el procedimiento de caducidad de la concesión -anunciado hace algunos días por el Presidente de la República- seguirá adelante. La empresa, por su parte, asegura haber cumplido con todos sus compromisos.
Contra lo que podría haberse pensado, la propuesta del ministro Pardow encontró una fría recepción. La ministra de Obras Públicas puso en duda que el Estado cuente con los recursos para una iniciativa de este tipo, en tanto que la ministra del Interior y la vocera de gobierno si bien no cerraron la puerta a este debate, dejaron en claro que por ahora una propuesta de este tipo no está en la agenda.
Por cierto que no deja de ser paradojal que cuando una autoridad pide más presencia del Estado en la distribución eléctrica como una forma de asegurar mayor seguridad en el sistema, justamente las dos empresas que han sido las más cuestionadas -Enel y CGE- tienen como controladores al Estado italiano y chino, respectivamente. Pero al margen de esta llamativa coincidencia, lo central de este debate es preguntarse sobre qué base cabría suponer que una empresa estatal en la distribución podría brindar a los chilenos un mejor servicio y mayor seguridad frente a las emergencias.
No cabe duda de que la visión ideológica que permea a la actual coalición de gobierno promueve una mayor presencia estatal en los más distintos ámbitos, una visión que resulta perfectamente legítima de sostener. Pero más allá del voluntarismo o de las legítimas aspiraciones ideológicas, es indispensable que los idearios se confronten con la realidad, y al hacer este ejercicio queda claro que el rol del Estado en esta emergencia ha sido altamente deficiente, producto de fallas en que han incurrido este y otros gobiernos. Ello se refleja no solo en la incapacidad para haber impulsado a tiempo cambios regulatorios que permitieran contar hoy con redes eléctricas inteligentes y más seguras, sino en que el Estado tampoco fue capaz de hacer trabajos previos que evitaran una caída masiva de árboles sobre el tendido -el factor que a la larga más incidió en poder recuperar el servicio de manera más rápida-; no se ha dictado el reglamento de la ley “Chao Cables” -destinada a retirar la maraña de cables en desuso que hay en los postes-, a pesar de que la norma se aprobó hace casi cinco años, y hay dudas razonables de si los procesos de fiscalización sobre las exigencias que deben cumplir las empresas concesionarias fueron los óptimos.
Es a la luz de esta realidad que la propuesta del ministro de Energía se desarma sola al incurrir en una gruesa inconsistencia, porque si se parte de la base que el Estado es más eficiente que los privados, entonces se asume que frente al manejo de esta emergencia lo habría hecho mucho mejor; sin embargo, dado que el aparato estatal falló en tareas fundamentales y por lo visto tampoco fue capaz de supervisar correctamente a Enel, entonces qué hace pensar que administrándola -o manejando una parte de la distribución eléctrica- lo hubiese hecho mejor.
La propuesta aparece además muy fuera de la realidad si se considera que en otra serie de ámbitos el Estado ha incumplido manifiestamente con sus compromisos, tal como se observa con las abultadas listas de espera en salud, la demora en dictar reglamentos para que determinadas leyes puedan ser operativas, o los graves problemas que se observan en la educación pública. Incluso si se trata del sector energía, basta ver el deslucido resultado que presenta Enap con su programa Gas para Chile, con un muy bajo volumen de cilindros de gas licuado comercializados. Más allá de que la compañía considere que este negocio está siendo “rentable”, para la mayoría de la población su impacto ha sido nulo.
Pero además de esta inconsistencia argumental, resulta completamente desmedido suponer que una empresa estatal podría haber hecho un mejor manejo frente a eventos climáticos excepcionales como los recientemente vividos, y para los cuales ninguna empresa podría haber estado del todo preparada, excepto que estuviese dispuesta a incurrir en costos exorbitantes y que los consumidores a su vez estuviesen dispuestos a pagar tarifas mucho más elevadas que las actuales.
Quizás la gran lección que está dejando el descalabro en la distribución de energía a raíz del temporal es que el Estado, antes de seguir pensando en cómo expandir su presencia, debe abocarse ante todo a cumplir eficientemente con sus propios deberes.
