Inesperado traspié en reforma al Sename

La semana pasada fue aprobado el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia. De esta forma, luego de dos años se podrá dar cumplimiento a uno de los compromisos prioritarios adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Infancia convocado por el Presidente de la República al poco tiempo de asumir. En virtud de éste, un grupo transversal de especialistas, legisladores y miembros de la sociedad civil coincidieron en la urgencia de dividir el actual Sename en dos servicios especializados, uno a cargo de la reinserción de niños y adolescentes infractores de ley y el recién aprobado, que tendrá a cargo el cuidado de quienes han visto amenazados o vulnerados sus derechos.

Si bien en el último tiempo se habían aumentado las subvenciones y se habían realizado algunos cambios en la modalidad de atención -privilegiando residencias pequeñas y con un entorno más familiar-, la nueva institucionalidad permitirá avanzar hacia un modelo de mayor flexibilidad, en que el sujeto de atención no será solo el menor de edad, sino también su familia, y en que la oferta podrá adaptarse de mejor forma a las necesidades de éstos. Se trata por tanto de un primer paso que va en la dirección correcta.

Lamentablemente, la viabilidad de la iniciativa quedó ahora en entredicho, luego de que legisladores de oposición introdujeron a último momento un artículo que establece que el nuevo servicio solo entrará en vigencia una vez que se apruebe otro proyecto paralelo, que es el de garantías y protección de los derechos de la niñez. Con ello se dilatará una vez más la materialización de esta nueva institucionalidad, al dejarse supeditada a un debate más amplio, en el cual existen acentuadas diferencias entre oficialismo y oposición.

El nuevo Servicio de Protección Especializada, correctamente, se ha acotado a lo que es la atención y restitución de derechos de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones. Considerando la relevancia de esta materia y a la luz de las continuas noticias que siguen mostrando las insuficientes condiciones con que se les atiende, es claro que no pueden seguir esperando. El proyecto de garantías, en cambio, aborda el cuidado de la niñez desde una perspectiva más amplia, lo que explica la existencia de discrepancias de fondo que tras más de cinco años no han logrado ser resueltas. Es cuestionable que en lugar de permitir avanzar en un tema prioritario en que había acuerdo, se optara en cambio por anteponer las diferencias en otro ámbito que se estaba tratando en un carril paralelo. Asimismo, resulta especialmente reprochable que se pretenda utilizar el drama de la infancia vulnerada como elemento de presión para conseguir la aprobación de otra ley en la cual no existe consenso, desentendiéndose de las consecuencias que una solución largamente aguardada e indispensable se pueda ver frustrada.

No es claro qué rumbo tomará ahora esta ley, no pudiendo ser descartable que el Presidente de la República deba recurrir al expediente del veto para superar este inesperado traspié.