La Cámara y su responsabilidad ante el país

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar sobre la reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición que autoriza el retiro del 10% de los fondos previsionales para enfrentar los efectos de la pandemia -para lo cual resultó fundamental contar con 13 votos de parlamentarios oficialistas-, se ha producido un intenso debate técnico y político acerca de las profundas implicancias que tendría una reforma de esta naturaleza. Hoy la sala nuevamente deberá pronunciarse sobre esta materia, donde cabe esperar que los fundados argumentos que se han entregado para no seguir adelante con este proyecto hayan hecho sentido en los legisladores.

El marco en que ocurre esta discusión tiene lugar cuando el Congreso y el Ejecutivo debaten acerca de medidas para ir en apoyo de los sectores medios que han perdido o visto mermados sus ingresos a raíz de la crisis provocada por el Covid-19. Quienes apoyan esta reforma, acusan que el gobierno ha sido lento en ofrecer soluciones efectivas y por tanto no quedaría otra alternativa que los trabajadores puedan disponer de su propio ahorro previsional. Para esos fines el Ejecutivo ha respondido con una batería de propuestas, que el día de ayer incluso fueron incrementadas con el ofrecimiento de transferencias directas, además de la posibilidad de optar por créditos sin intereses, subsidios al arriendo y postergación en el pago de créditos hipotecarios, entre otros.

Estas propuestas, que habrán de ser analizadas en su mérito -algunas de ellas pareciera que se desacoplan del marco seguido hasta ahora para el diseño de las ayudas, en particular que por la vía de transferencias directas se termine entregando mayores subsidios a sectores más acomodados- reflejan sin embargo la voluntad del gobierno por abrirse a negociar soluciones más efectivas y que eviten infligir un daño devastador en las futuras pensiones, como sería el retiro del ahorro previsional. Es labor del Congreso negociar con el Ejecutivo y alcanzar un consenso respecto de dichas propuestas, aun si el punto de partida es insuficiente, como alegan sectores de oposición, pues ha de entenderse que ello es una base, y no la propuesta final. Más aún cuando el Presidente de la República también mostró disponibilidad para avanzar en una reestructuración del sistema de pensiones.

Pero quizás lo que más sentido debería hacer a los legisladores es el abrumador consenso técnico que desaconseja el retiro de fondos previsionales. Se ha hecho ver que ello devendrá en menores pensiones, y que la alternativa de créditos subsidiados u otras fórmulas es ampliamente superior al rescate por una sola vez del ahorro en las AFP. Es sintomático que incluso expertos que son abiertos partidarios de reemplazar el actual sistema de pensiones no acompañen esta reforma. Parece asimismo una irresponsabilidad aprobar una iniciativa que para efectos de la devolución de los fondos contempla la creación de un “fondo solidario” -que se constituirá con aportes del empleador y el Estado-, carente de todo detalle y cuando algunos ya promueven que se constituya como un fondo permanente, sin que resulten claras sus implicancias. El prestigio de la Cámara de Diputados está en juego, y sería muy perjudicial que prevalezcan voces populistas.