La columna de Cristian Romero: “Proyectos y carga regulatoria”

La dificultad para desarrollar proyectos de inversión en Chile ha estado en el centro de la discusión desde hace varios meses. El diagnóstico, confirmado desde la evidencia por los estudios de la CNEP, ha dado lugar a diversas propuestas, siendo hasta ahora las más relevantes los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo con foco en permisos sectoriales y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Es una buena oportunidad para enfrentar la tensión entre la necesidad de fomentar la inversión e impulsar el desarrollo económico y el imperativo de salvaguardar aspectos esenciales para nuestra sociedad, como el medio ambiente y la salud humana.

Por ello, es clave entender que el tema de fondo no se limita a los más de 300 permisos potencialmente requeridos para la aprobación de un proyecto, sino al hecho que tales permisos son solo una parte de una carga regulatoria compleja y dinámica.

Compleja, pues los diversos permisos y regulaciones involucradas conforman un stock creciente que evidencia numerosas interrelaciones, muchas de ellas no previstas en su diseño inicial lo cual abre espacio para efectos no deseados. Por ejemplo, el requerimiento de una consulta de pertinencia para el otorgamiento de permisos sectoriales, lo cual, si bien está lejos del sentido original de dicho trámite, ha sido una práctica usual los últimos 10 años; o el efecto especulativo que puede generar una solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios respecto de proyectos que requieran concesiones marítimas.

Dinámica, dado que el alcance de una normativa tiende a mutar y expandirse en el tiempo al ir incorporando nuevos elementos sea por vía jurisprudencial o a través de criterios que los propios servicios públicos van configurando al resolver casos concretos. Otros aspectos, como aumentos en el flujo de solicitudes o la incorporación de mecanismos de gestión interna, también afectan el proceso de manera relevante.

Abordar modificaciones a una carga regulatoria de estas características es desafiante y requiere, por un lado, una mirada integral al proceso de aprobación de proyectos que permita evaluar el impacto agregado de las medidas que se planifiquen, sean en pos de una burocracia más eficiente o a propósito de nuevas regulaciones con objetivos diversos, pero potencialmente relevantes para el desarrollo de inversiones.

Por el otro, necesita una actualización periódica, basada en evidencia, del comportamiento de las variables más relevantes en el proceso. Ello no debe limitarse a los plazos de aprobación de permisos, y debe extenderse a otros aspectos, como su porcentaje de rechazo, de judicialización o la probabilidad e impacto de trámites no previstos en el proceso.

Una aproximación de este tipo permitiría limitar la generación de ineficiencias, contradicciones u otros efectos no previstos por el conjunto de las iniciativas planteadas, las que, con las mejores intenciones, si no están bien calibradas, podrían terminar complejizando aún más el proceso de aprobación de proyectos o, peor aún, desprotegiendo objetivos de protección valiosos para nuestra sociedad.

Así, será posible maximizar el buen momentum que existe para afrontar el desafío de generar una carga regulatoria que fomente inversiones en un contexto de desarrollo sustentable, incrementando las posibilidades que las iniciativas propuestas logren mejoras significativas en el proceso de aprobación de proyectos a través de avances sostenibles en el tiempo.

*El autor es director jurídico la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).